Miguel Reyero es ginecólogo, trabaja en un hospital universitario público de Baleares, Son Espases. Como cualquier miembro de la comunidad sanitaria de las islas, ha hablado mucho estas semanas con colegas sobre el caso de Alpha Pam. Además él, representa a Médicos del Mundo, organización del que es vicepresidente en esta comunidad.“Tenemos más de 160 casos documentados de desasistencia sanitaria a inmigrantes. Nosotros empezamos a hacer seguimiento antes de la implantación del Real Decreto: se han expedido compromisos de pago a muchos menores, muchos en urgencias, se ha retirado de lista de espera a enfermos con cáncer, embarazadas...”Le pido una lectura de lo ocurrido en el joven senegalés. Su respuesta es clara y contundente:
Para Médicos del Mundo, el derecho a curar es un argumento de peso en la campaña que desde hace más de un año llevan a cabo de recogida de datos, pero también de difusión de lo que muchos han calificado como un auténtico apartheid sanitario. Hoy miércoles comparecerán en la Comisión de Salud del Congreso de los Diputados a petición del PSOE. Miguel en representación de la organización me insiste en que la clave de lo que está fallando es la falta de cuidados continuos derivada de la redacción del RD 16/2012, esto es: al no asignarse un médico de cabecera (a excepción de menores y embarazadas), no es posible desde el punto de vista médico tratar de forma correcta a los pacientes:
Efectivamente tanto en el informe de alta de la primera visita de Alpha Pam al Hospital de Inca el 5 de abril, como en el comunicado que lanzó la Consellería de Salut (y eliminado de la web cuando se abrió la investigación) tras su muerte, se cita la derivación de Alpha a su médico de cabecera, derecho que no le asistía desde la aplicación del decreto el 1 de septiembre de 2012. Esta ignorancia en la misma aplicación de la ley complica la situación, ya que estamos ante un doble error: el legislativo en sí, y su propia aplicación que no ha respetado sistemáticamente los mínimos establecidos:
Durante los primeros meses de la aplicación del real decreto de reforma sanitaria hubo un confuso ir y venir de documentación enviada a hospitales y centros de atención primaria. Miguel nos habla del ámbito balear, que es el que investiga. Era necesario explicar la nueva legislación desde dos ámbitos: el asistencial y el de gestión o facturación. El equipo de Médicos del Mundo ha podido comprobar como en la gran mayoría de casos que han preguntado, la documentación sobre atención a inmigrantes en situación irregular con los supuestos marcados en la ley y fechada el 30 de agosto no fue distribuída. “Nosotros la enseñábamos en los centros y nos decían que eso era cosa de Médicos del Mundo”, relata exasperado Reyero. Sin embargo, este otro documento con los procesos de facturación sí parecía estar en todos los departamentos de gestión consultados. Su ambigua redacción confirmando por ejemplo que los accidentes de tráfico, escolares o laborables serían facturados (entraran o no por urgencias, y sin citar las mutuas que deben de hacerse cargo) ha dado lugar a múltiples facturas emitidas: 85€ por médico y enfermera de urgencias, 255€ por un accidente de un menor y hasta 23.000 euros a una enferma de cáncer.
Tras la muerte por tuberculosis en su domicilio de Alpha Pam el pasado 25 de Abril, el Govern balear ha hecho algunos movimientos cuanto menos, particulares: Un primer comunicado que se lanzó casi simultáneamente a las primeras repercusiones en la prensa local donde se confirmaba sin género de dudas la asistencia correcta y sin errores al joven senegalés. Como hemos indicado más arriba, este documento fue eliminado el lunes 6 de mayo al iniciarse una investigación interna que, en sus conclusiones remitía hasta tres veces al mismo Alpha Pam como origen en parte de la cadena de fallos que derivó en su muerte (lo publicamos aquí hace unos días), determinándose igualmene la destitución inminente del gerente del Hospital de Inca y la apertura de tres expedientes al equipo sanitario que le atendió.
Con estas medidas, el conseller Marti Sansaloni daba por cerrado el tema “excepcional” del inmigrante senegalés. Sin embargo, unos días más tarde varias actuaciones posteriores indican cierto nerviosismo en el consistorio balear: El 9 de mayo se distribuyó una circular urgente entre hospitales y centros de salud con la información de asistencia sanitaria recogida en el real decreto. El texto coincide con la documentación que supuestamente había sido remitida el pasado 30 de agosto, y cuya inexistencia en los centros Médicos del Mundo dice haber comprobado. Sólo un día después, se distribuye otra orden urgente retirando de inmediato la orden de emitir compromiso de pago a los inmigrantes en situación irregular que soliciten asistencia médica.
Más casos de inmigrantes desatendidos
Miguel Reyero nos recuerda que el caso de Alpha Pam no es, ni mucho menos el único de desasistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular, y que los errores se siguen produciendo más allá del Hospital de Inca y desde luego, de Baleares. Por ejemplo, el pasado 17 de mayo (días después de ser emitidas las órdenes de asistir a este colectivo desde el gobierno) una mujer embarazada de veinte semanas fue informada de que no tendría asistencia sanitaria por carecer de papeles. Tras una segunda visita con un miembro de Médicos del Mundo que explicó al centro la legislación vigente, se le hizo una tarjeta sanitaria válida hasta 2014, tras el parto y el puerperio.
O en Catalunya, donde he tenido acceso a esta circular emitida hace tan solo unos días el ICS (Instituto Català de Salut) con información nueva sobre facturación a terceros, indicando que se cobrará a mujeres embarazadas y niños inmigrantes si no acreditan su falta de recursos. La redacción de esta documentación remitida a los centros sanitarios catalanes viola, una vez más, la normativa contenida en el real decreto que asegura la asistencia sanitaria total y gratuita a futuras madres imigrantes y menores hasta los 18 años. Unos días después y tras la contundente denuncia de varios colectivos sanitarios, se ha reconocido el error y no se aplicará esta nueva norma.
Este esfuerzo comunicativo del consistorio balear no parece haber tenido sin embargo el resultado esperado: Hace unos días se presentó una querella criminal por homicidio contra el propio conseller Sansaloni y cuatro altos directivos de área de Salud en las islas. La familia de Alpha Pam ya ha dado poderes a un equipo de abogados mallorquín que está estudiando cómo personarse cuando termine la investigación policial. Y la denuncia de la coalición MES per Mallorca sigue su curso.
El cerco legal se va cerrando entorno a unos responsables no ya sanitarios, sino del ámbito político que conectan directamente con las denuncias de organizaciones como Médicos del Mundo. En unos días haremos un análisis de estos movimientos judiciales entorno al caso, sus implicaciones y posibles consecuencias.
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