Los residentes de Mjølnerparken están en pie de guerra. Este complejo de viviendas sociales de ladrillo rojo, construidas en los años 80, ha atraído durante décadas a familias de clase trabajadora y a migrantes recién llegados que buscaban pisos de alquiler con un precio asequible en Copenhague. Hoy, Mjølnerparken se encuentra en el corazón de Nørrebro, el barrio multicultural de la capital danesa, famoso por la vitalidad de sus restaurantes, cafés, bazares y tiendas de ropa de segunda mano, que en 2021 lo encumbraron como el barrio más cool del mundo para la revista Time Out.
Pero los vecinos de Mjølnerparken están inmersos en una batalla legal, que ya dura tres años, para evitar que los desalojen de los pisos sociales. Acusan al Gobierno danés de querer gentrificar el barrio con argumentos racistas y discriminatorios.
Bajo el lema “mi casa no está en venta, amamos Mjølnerparken”, decenas de vecinos y activistas se congregaron el pasado sábado frente a los bloques de viviendas. Denuncian que, desde 2018, una ley impulsada por el Gobierno socialdemócrata de Mette Frederiksen considera la zona como un “gueto duro”, basándose en la composición demográfica en el área.
Las consecuencias de ser un barrio con este calificativo es que la zona tiene que desaparecer. La ley, conocida como “Ghettoplanen”, establece que en estas áreas no puede haber más de un 40% de viviendas de alquiler social, y el resto de pisos tienen que pasar a ser gestionados como alquileres comunes o ser demolidos. La legislación también estipula que a los vecinos afectados se les tiene que ofrecer una vivienda alternativa, pero a menudo esto significa un aumento del alquiler o trasladarse en otras zonas de la ciudad más alejadas, según denuncian los afectados.
Según la agencia de estadística de Dinamarca, el país tiene un 15% de población inmigrante y descendientes de inmigrantes, siendo Turquía, Polonia, Rumania, Siria y Ucrania los países de mayor procedencia. En Copenhague, las cifras son similares, entre un 14% y un 17% son residentes extranjeros. De acuerdo con una web de compradores de vivienda, en Mjølnerparken viven 1.400 residentes y el 80% son de origen no occidental.
Un barrio estigmatizado
Hace apenas unos siete años, los medios de comunicación mencionaban Mjølnerparken a menudo en relación con la violencia entre pandillas, la venta de droga y los incidentes con armas de fuego que ocurrían en Copenhague.
Sin embargo, hoy el barrio presenta una imagen que dista mucho de estos problemas. “Llevo ocho años viviendo aquí y considero que es un sitio muy seguro para las familias, los niños juegan en los parques y los vecinos nos conocemos entre nosotros”, dice a elDiario.es Majken Felle, una de las vecinas afectadas por el plan de deslocalización, que acudió a la manifestación del pasado sábado. “Me obligan a marcharme de mi hogar, pero los vecinos pensamos que esto es discriminatorio”.
Felle es una de las 25 vecinas que han denunciado particularmente a la empresa de viviendas sin ánimo de lucro Bo-Vita, propietaria de los pisos, que ya ha anunciado la venda de dos de los cuatro bloques de viviendas sociales en el barrio. Bo-Vita se defiende alegando que ha ofrecido una vivienda alternativa en otras zonas de Copenhague para todos los vecinos afectados y que, de esta forma, cumple con la legislación del gobierno.
Otra vía legal que han tomado los residentes es llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que el “Ghettoplan” viola las leyes de la UE contra la discriminación racial. “El barrio ha sido muy estigmatizado, la imagen que pintan las televisiones y los políticos sobre Mjølnerparken no tiene nada que ver con la realidad. El argumento de que vivimos en una sociedad paralela me parece muy irreal”, dice Felle.
Un plan contra las “sociedades paralelas”
Mjølnerparken es probablemente el ejemplo más notorio y conocido de las consecuencias del “Ghettoplan”. Sin embargo, no es el único barrio afectado del país escandinavo. Cada mes de diciembre, el Gobierno danés publica la lista de las zonas residenciales que considera como “guetos”. Actualmente, hay una decena de estas zonas repartidas por los suburbios de las principales ciudades del país, una lista que se ha reducido hasta la mitad desde que se empezó a publicar en 2018.
Los requisitos para estar en la lista dependen de la tasa de desempleo entre los vecinos, el nivel de educación, los índices de escolarización de los jóvenes y los niveles de criminalidad. Todos ellos han variado desde el año que se empezó a aplicar la ley, pero el requisito más polémico ha permanecido inalterable. Se trata del único que una zona tiene que acabar cumpliendo siempre para ser considerada un “gueto”: que la mitad de los residentes es de origen “no occidental”, también si son migrantes de “primera” o “segunda” generación.
Los vecinos que viven en estas zonas también están sometidos a unas leyes especiales. Por ejemplo, las sanciones por algunos delitos leves pueden ser dobles o comportar penas de prisión para ellos. Según el Gobierno, el objetivo es evitar la creación de lo que denomina “sociedades paralelas” dentro de Dinamarca, un plan que forma parte de las duras políticas de inmigración que se han llevado a cabo en la última década en el país y que son apoyadas por los partidos mayoritarios del arco parlamentario, tanto progresistas como liberales y conservadores.
“Gentrificación dirigida por el Estado”
“Llamar gueto a Mjølnerparken es muy engañoso para describir el barrio”, dice Jean Thierry, miembro de Almen Modstand, la plataforma de vecinos afectados por la deslocalización. “El barrio es muy diverso a nivel de ingresos, escolarización, personas… La manifestación la organizó la asociación de ancianos del barrio. Son personas que han vivido aquí durante más de 30 años y ahora tiene que trasladarse”, ejemplifica Thierry.
En los últimos años, este barrio, que tradicionalmente ha sido de clase trabajadora, ha visto cómo se inauguraba una nueva estación de metro, se ampliaban las zonas verdes cercanas, y se construían canchas deportivas y parque infantiles al aire libre. “Estamos cerca de dos hospitales, escuelas, guarderías, cafeterías, tiendas y restaurantes de todo tipo. A la gente le gusta vivir aquí”, dice Thierry.
El sistema de viviendas sociales más extendido en Dinamarca hace que los pisos no estén directamente subsidiados por el Gobierno, sino que son propiedad de una empresa que no puede obtener beneficios con los precios del alquiler. De esta forma, un piso de tres habitaciones en Mjølnerparken tiene hoy un precio de alquiler alrededor de las 6.000 coronas danesas (800 euros), el equivalente a lo que cuesta tan solo una habitación en un piso compartido en otras zonas de la ciudad.
Con la privatización de las viviendas que requiere la ley, los vecinos temen que los precios de los alquileres de los pisos en Mjølnerparken se incrementen de 8.000 a 12.000 coronas (de 1.000 a 1.600 euros al mes), como ya está pasando en muchas otras partes de Nørrebro.
Los activistas de Almen Modstand califican las leyes del “Ghettopplan” como una “gentrificación dirigida por el Estado que profundizará las desigualdades socioeconómicas en el barrio”, según han denunciado en un comunicado.
“No es que no haya problemas aquí, los hay como en todos los sitios, pero no se van a solucionar desplazando a los vecinos”, dice Tobias Birk Gregory, asesor legal de la plataforma de vecinos. “La legislación se hizo con un solo objetivo, apuntar a las minorías y por esto es discriminatoria, pero hay toda una comunidad de vecinos afectada obligada a abandonar sus hogares”, remarca Gregory. “Esto no resuelve ningún problema”.