Lo que ocultan las estadísticas oficiales sobre comercio de armamento
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El Gobierno ejerce un importante papel en las transferencias de armamento, ya que la exportación de material de defensa requiere una previa autorización administrativa. En dicha autorización ha de comprobarse que la operación es conforme con los criterios establecidos legalmente: básicamente que no se exporte armamento a países en conflicto, que vulneren los derechos humanos o cuyo nivel de desarrollo pueda verse afectado por la compra.
Según las estadísticas, en 2012 España exportó material de defensa por valor de 1.953 millones de euros. Eso supone un 19,6% menos que lo exportado en 2011, donde se alcanzó la cifra récord de 2.431 millones de euros. En cualquier caso, se mantiene la tendencia alcista en las transferencias de armas ya que la cifra de exportaciones en 2012 es superior a la de cualquier año anterior a 2011. Estas cifras sitúan a España entre los ocho países mayores exportadores de armamento del mundo.
Otra cifra a tener en cuenta es la de las exportaciones autorizadas. Es decir, las operaciones que han sido permitidas sin tener en cuenta si el armamento ha sido entregado al país exportador o no. Durante 2012 se ha autorizado la exportación de armamento por valor de 7.694 millones de euros. Por lo tanto, las exportaciones autorizadas prácticamente cuadriplican las efectivamente realizadas. Estas operaciones autorizadas se realizarán en los próximos años, de manera que es previsible que continúe la tendencia alcista en el comercio de armas en España. Un negocio que todavía no se ha visto afectado por la crisis económica.
La cifra de 7.694 millones de euros en autorizaciones de exportación supone un récord absoluto para nuestro país. Así, en 2011, lo autorizado ascendió a 2.871 millones de euros, apenas un 40% que en 2012. Pueden verse las cifras durante el período 2009-2012 en la tabla adjunta, en la que se señala el porcentaje de lo autorizado frente a lo exportado.
Armamento exportado y autorizado en el periodo 2009-2012, en millones de euros
Estas elevadas cifras sólo se explican por la política de fomento de las exportaciones de armamento que mantiene desde hace años el Gobierno. Una política que ha experimentado un salto cualitativo con el actual Gobierno del Partido Popular.
La Directiva de Defensa Nacional, de julio de 2012, establece como uno de sus objetivos el impulso de la industria española de defensa, de su internacionalización y de su apertura a nuevos mercados (véase el apartado 4.5).
El encargado de poner en práctica la política de fomento de las exportaciones de armas es el Ministerio de Defensa. Este Departamento cuenta para ello con un entramado de entidades: la Oficina de Apoyo Exterior, un órgano de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que se ha modificado en abril de 2013; las Agregadurías de Defensa, que forman parte de las embajadas españolas en el extranjero y que extienden su presencia a más de 80 países; la empresa pública DEFEX, S.A., que ha triplicado sus beneficios en 2012, alcanzando los 4,3 millones de euros; y la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S. A. (ISDEFE), empresa presidida por el Secretario de Estado de Defensa. Todo este entramado pone de manifiesto que el Ministerio de Defensa está actuando como el agente comercial de la industria española de defensa.
En 2012, se produjo un salto cualitativo en la política de fomento de las exportaciones de armas por medio de los llamados «contratos Gobierno a Gobierno», introducidos por el Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de mayo, posteriormente transformado en Ley 12/2012. Esta modalidad permite que sea el Ministerio de Defensa quien firme los contratos de ventas de armas a otros países, comprometiéndose a garantizar el suministro de armamento. De hecho, el Ministerio de Defensa ya ha manifestado que pretende utilizar los contratos Gobierno a Gobierno de forma generalizada. No es una exageración, afirmar que a través de estos contratos el Gobierno español se ha convertido en un traficante de armas. Ya que, según el diccionario de la Real Academia Española traficar significa, en su primera acepción, comerciar, negociar con el dinero y las mercancías.
Esta política gubernamental de fomento de las exportaciones de armas es el contexto desde el que analizar las cifras contenidas en las estadísticas oficiales. Sin embargo, las estadísticas no recogen información alguna sobre esta política. Tampoco acudirá el miércoles al Congreso el Secretario de Estado de Defensa, para que los miembros de la Comisión de Defensa le puedan exigir explicaciones.
Las cifras del comercio de armas en España ponen de manifiesto que la política de fomento de las exportaciones está condicionando la aplicación de la legislación sobre el control del comercio de armas. Se está interpretando la normativa de manera muy poco exigente, otorgando prioridad a los intereses comerciales y políticos frente a la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos. Porque el objetivo es exportar a cualquier precio, sin tener en cuenta el sufrimiento humano que se pueda estar causando.