La Comisión Europea respondió este martes al anuncio del Gobierno turco, que ha asegurado que ha suspendido el acuerdo para la readmisión de migrantes que mantiene con la Unión Europea en respuesta a las sanciones dictadas por Bruselas contra Ankara por sus exploraciones de gas en aguas de Chipre.
Tras ser preguntada por este asunto en rueda de prensa, la portavoz de la Comisión, Natasha Bertaud, indicó que tanto la Unión como Turquía siguen “comprometidas” con la aplicación del acuerdo sellado en 2016 para frenar las llegadas irregulares a las islas griegas. “Hemos visto las declaraciones del ministro de Exteriores turco pero no hemos visto un cambio de política. Ambas partes seguimos comprometidas en implementar la declaración UE-Turquía”, aseguró.
Sobre el acuerdo de readmisión firmado por Bruselas y Ankara en 2013, Bertaud añadió que su aplicación por parte de Turquía es una de las condiciones para que la UE dé el paso hacia la exención de visados para los ciudadanos turcos reclamada por el Gobierno de Erdogan. “Continuamos apoyando y animando a Turquía en sus esfuerzos para cumplir con los objetivos pendientes para la liberalización de los visados, incluida la implementación del acuerdo de readmisión, tan pronto como sea posible”, defendió la portavoz.
El ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, anunció la decisión el pasado lunes durante una entrevista con la emisora TGRT, y vinculó esta medida con las recientes sanciones, así como a que la UE no haya levantado aún la exigencia de visados para los ciudadanos turcos que se prometió a Turquía si cumplía una serie de criterios. “El acuerdo de readmisión y la exención del visado iban a entrar en vigor a la vez. Hemos suspendido el acuerdo de readmisión”, dijo el ministro.
En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía sellaron un acuerdo mediante el cual toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE. En el caso específico de los sirios, por cada refugiado de ese país que se devuelva a suelo turco, un solicitante de asilo residente en Turquía sería reasentado en territorio de la Unión
Las medidas de devolución previstas en este pacto estaban basadas en el acuerdo “sobre readmisión de residentes ilegales” firmado el 16 de diciembre de 2013. En una cumbre de noviembre de 2015, la UE y Turquía acordaron que este acuerdo se aplicara “plenamente a partir del 1 de junio de 2016”.
Çavusoglu afirmó que las sanciones de la Unión Europea, como la congelación de varias negociaciones y otras ayudas económicas, en respuesta a la actividad de buques perforadores turcos en aguas chipriotas, “carecen de valor” y ha pedido a Bruselas “hacer de mediador” en lugar de ponerse del lado de Chipre.
El titular del Interior turco, Süleyman Soylu, ya había insinuado el sábado pasado que Turquía podría utilizar el control de la migración irregular como herramienta de presión a Bruselas. “Es obvio que Europa nos ha dejado solos en este asunto. No vale con dar palmaditas en la espalda. Si Turquía no tomara medidas tan decididas, ningún Gobierno de Europa aguantaría ni seis meses. Si queréis, probamos”, sostuvo Soylu, según informa la agencia Anadolu.
El pacto de 2016 desencadenó una lluvia de críticas de las organizaciones especializadas, que, desde entonces, han denunciado las condiciones “inseguras, degradantes y sin acceso a atención médica” de miles de refugiados, solicitantes de asilo que se continúan atrapados en las islas griegas.
Tras firmarse el plan, el número de migrantes que llegaban a las islas griegas se redujo drásticamente: de las 150.000 personas al mes en verano de 2015 y los 50.000 a inicios de 2016 se llegó a una media de 3.000 mensuales. Sin embargo, el número de readmisiones es bajo: en los más de tres años transcurridos, 1.884 personas han sido devueltas en el marco del acuerdo, entre ellas 357 sirios, según datos del Ministerio de Interior turco.