“Si bajo de este barco, me matan. Pueden hacer lo que quieran, pero yo no salgo”. Con estas palabras, Christin Igussol, un joven de Eritrea, resumía el sentir de sus compañeros a bordo del 'Nivin', el buque de carga que los rescató en aguas del Mediterráneo días atrás. “No es solo mi decisión, también es la de mi hermanos. No bajaremos hasta que muramos”, decía mirando a la cámara, en un vídeo difundido en redes sociales.
Lo que les esperaba abajo era el puerto de Misrata, ciudad al noroeste de Libia. Durante 12 días, los rescatados se habían negado a abandonar el barco por miedo a volver al mismo país del que partieron en un bote precario con la intención de llegar a Italia. “Me han vendido tres veces, mi hermano murió en mis brazos”, relataba Igussol ante la idea de volver a pisar suelo libio, que no está considerado un puerto seguro.
Se mantuvieron firmes en su negativa hasta la noche de este martes, cuando agentes del país vecino irrumpieron en el carguero y los desembarcaron a la fuerza, para lo que llegaron a usar balas de goma y gas lacrimógeno, tal y como confirmó el comandante de los guardacostas, Tawfiq Esskair, a la agencia Reuters. Algunos de ellos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.
Tras el desembarco forzado, todos acabaron siendo confinados en los mismos centros de detención a los que temían volver. Son varios los migrantes que, como Igussol, aseguraban que “preferían morir a bordo” que regresar a los lugares donde ya habían sufrido torturas. Los rescatados proceden de países azotados por la violencia y la pobreza, como Etiopía, Eritrea, el sur de Sudán, Pakistán, Bangladesh y Somalia, según ha documentado Naciones Unidas.
La actuación de las autoridades libias ha despertado una lluvia de críticas. Entre ellas, las de la coordinadora humanitaria de la ONU para Libia, María Ribeiro, que ha pedido que se permita al personal humanitario visitar y atender a estas personas. “La comunidad humanitaria ha brindado asistencia diariamente para aliviar el sufrimiento de las personas a bordo y ha abogado por una solución pacífica a la situación. Es lamentable que los esfuerzos de mediación emprendidos no hayan conducido a una resolución pacífica”, ha indicado en un comunicado. Diplomáticos de los países de origen de algunos de los ocupantes, como Sudán y Somalia, habían tratado de negociar la solución con ellos.
Por su parte, Human Rights Watch ha exigido que se investigue el posible uso ilícito de la fuerza por parte de los guardacostas libios, que reciben equipamiento y formación de la Unión Europea (UE). “Ha sido la peor conclusión posible a la petición desesperada de la gente para evitar una detención inhumana en Libia”, ha dicho Judith Sunderland, directora en funciones de la ONG para Europa y Asia Central. Según relataron testigos a diferentes medios de comunicación, durante el desembarco forzado se produjeron algunos enfrentamientos.
Se trata del desenlace que tanto habían tratado de evitar, aún soportando las precarias condiciones en las que se encontraban en el carguero. Solo 14 personas en situación vulnerable de las más de 90 rescatadas aceptaron ser evacuadas el pasado 14 de noviembre, entre ellas una madre con su bebé y varios menores no acompañados, según informó Médicos Sin Fronteras. Sus trabajadores habían pasado consultas a bordo en las que atendieron a personas con quemaduras por combustible de motor y pudieron constatar la situación de “desesperación” a bordo.
Su viaje comenzó el 6 de noviembre cuando se embarcaron en una patera desde la ciudad costera de Khoms rumbo a Italia, según relataron los supervivientes al Middle East Eye. Uno de ellos contó a este medio que, cuando se dieron cuenta de que estaban en peligro, trataron de pedir ayuda a barcos que pasaron por la zona, donde en la actualidad no hay ONG de rescate tras las trabas constantes a su labor. “Seis barcos pasaron cerca de nosotros esa noche y nadie nos rescató”, aseguraba Dittur, de 19 años y procedente de Sudán del Sur.
Finalmente fue el mercante Nivin, de bandera de Panamá, que navegaba desde Italia, el que les prestó auxilio. El buque se puso en contacto con la Guardia Costera italiana, que remitió a los agentes libios, quienes posteriormente ordenaron llevarlos de vuelta a Libia. Amnistía Internacional ha denunciado que esta devolución puede constituir “una clara violación del derecho internacional, ya que Libia no puede considerarse un lugar de desembarco seguro”.
Muchas de las personas rescatadas, entre ellas menores, según constataron los trabajadores de MSF, han sufrido cautiverio y han sido torturadas durante el último año. Numerosas organizaciones, incluida la ONU, han documentado el “infierno” al que son sometidos los migrantes en el país vecino, que se refleja en los testimonios a su llegada a Europa, en los que relatan abusos como palizas, extorsión, torturas y agresiones sexuales. Los abusos también se cometen en los centros de detención donde son encerrados tras ser interceptados por los guardacostas libios, según documentó AI en un informe el año pasado.
Los “catastróficos efectos” de las políticas de la UE
Libia ha ido aumentado su grado de implicación en las operaciones de rescate desde hace más de un año, cuando firmó un acuerdo con el Gobierno italiano, respaldado por la UE, que incluye apoyo económico, técnico y logístico para frenar las llegadas de migrantes. Además, las autoridades italianas, que en los últimos años se hacían cargo de estos operativos, han cedido la coordinación de los rescates a los mismos agentes libios acusados de numerosas violaciones de derechos humanos.
A ello se le unen los cada vez mayores obstáculos interpuestos a las ONG que salvan vidas en el mar, con el cierre de puertos italianos como su máxima expresión. En la otra orilla, la Fiscalía de Catania (Sicilia) ha pedido inmovilizar estos días el buque Aquarius, atracado en Marsella, por una presunta mala gestión de los residuos, una acusación que MSF ha calificado de “absurda”. Solo Proactiva Open Arms se encuentra, en la actualidad, rumbo a la zona de rescate. Todo ello ha convertido el Mediterráneo central en una ruta migratoria con menos llegadas pero más peligrosa, tal y como alertó Acnur el pasado septiembre.
Así, para la representante de HRW, la situación que los migrantes a bordo del Nivin “es el resultado de los esfuerzos de Italia y la Unión Europea para obstruir las operaciones de rescate de organizaciones no gubernamentales y empoderar a la Guardia Costera de Libia cuando incluso Europa sabe que Libia no es un lugar seguro”. Es lo que también ha defendido Heba Morayef, directora de AI para Oriente Medio y el Norte de África: “Europa ya no puede seguir haciendo caso omiso de las catastróficas consecuencias de sus políticas para contener la migración a través del Mediterráneo”.
“La política europea de negarse a acoger a migrantes rescatados ha aumentado las muertes en el mar y está alimentando la crisis humanitaria en Libia. Es una vergüenza que una vez más, la única respuesta que se da a las personas que buscan seguridad sea una detención arbitraria prolongada en el país que intentan abandonar desesperadamente”, concluyó por su parte Julien Raickman, jefe de misión de MSF en Libia.