Los nacionales centroamericanos llevan años migrando hacia el norte y hacia Europa, pero desde el pasado 13 de octubre, más de 10.000 personas hondureñas se han unido para caminar juntas, vinculadas a la llamada caravana migrante, en dirección a México y Estados Unidos.
Este éxodo masivo se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias en la región. El grupo grande se encuentra al sur de México y avanza lentamente, con la incertidumbre de cómo serán recibidos por las autoridades y cómo irán aguantando el tránsito, ya que, a medida que avanzan, los contextos son más peligrosos y hostiles y las prácticas de las fuerzas policiales más intimidatorias.
De la caravana, unas 1.600 personas continúan en Tapachula, ciudad mexicana fronteriza con Guatemala, a la espera de solicitar asilo, alojados en un recinto ferial que opera, de facto, como centro de detención. Por último, continúan saliendo pequeños grupos de personas de Honduras y se han sumado grupos de países vecinos.
La respuesta de los Estados ha estado centrada en el control policial, que se ha acentuado en los últimos días. Tanto es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado la semana pasada expresando su preocupación por los abusos y vulneraciones de derechos humanos que vienen sufriendo las personas de la caravana migrante y llamando a los Estados de la región a adoptar medidas para su protección, reforzando así las denuncias de organizaciones de la sociedad civil. Falta transparencia, no hay información veraz sobre alternativas migratorias y se están produciendo deportaciones irregulares.
Especialmente amenazadores son los pronunciamientos de autoridades estadounidenses, que han descrito a la caravana como un movimiento que incluye a muchos criminales y una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional. La CIDH ha rechazado el uso de este “lenguaje estigmatizante, criminalizador y de acusaciones sin fundamento en referencia a las personas migrantes y solicitantes de asilo, el cual puede fomentar actitudes xenófobas”. En Honduras se intenta vincular esta caravana con fines partidistas y hay acoso a las personas que están expresando su solidaridad con la gente en camino y exigiendo cambios.
Frente a declaraciones de autoridades, políticos y medios de comunicación que despersonalizan y deshumanizan a las personas migrantes, convirtiéndolas en agentes desestabilizadores, esta caravana espontánea y auto convocada se ha acabado convirtiendo en un éxodo por la dignidad, expresión y consecuencia de las causas que la provocan.
La mirada sobre la caravana está centrada en la crisis humanitaria. Como siempre ocurre cuando hablamos de migraciones, nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. El mayor responsable de este éxodo hondureño es un Estado con déficit democrático, tanto en su proceso electoral como en la separación de poderes públicos. Un sistema político con altos índices de corrupción y que favorece la impunidad, limita las libertades públicas y persigue a los defensores de los derechos humanos.
El crecimiento imparable de los niveles de desigualdad y empobrecimiento sitúan a Honduras en los últimos puestos de desarrollo del continente. A la par, la violencia generalizada es un drama diario en el país. Las tasas de homicidio, la extorsión y la amenaza, así como la falta de confianza en los cuerpos de seguridad, hacen inconciliable la vida cotidiana personal, comunitaria, social y económica en los pueblos y ciudades de Honduras. La caravana es, por tanto, el rostro de las múltiples crisis que acechan la región.
La mejor estrategia para prevenir la migración forzada es invertir en la construcción de Estados de derecho que tengan como fin la búsqueda del bien común y garanticen y protejan los derechos de los ciudadanos. Con niveles distintos de alcance e intensidad, son estas mismas causas las que motivan la migración forzada de millones de personas en todo el mundo, que dejan sus hogares para acceder a oportunidades que se les niegan en sus territorios de origen o para salvaguardar sus vidas y las de sus familias.
La caravana migrante es una caravana de la dignidad, que con su caminar hacia el norte denuncia la situación en sus lugares de origen. La caravana está generando incontables muestras de hospitalidad y solidaridad entre los pueblos, que son semilla de esperanza en medio de la crisis. Juntos, revelan el clamor compartido por la construcción de sociedades democráticas e inclusivas que garanticen el bien común. Las personas migrantes no son criminales, migran porque buscan la vida y el bienestar al que todos tenemos derecho.
Esta caravana es una llamada a combatir las causas que generan la migración forzada, a defender y acompañar a las personas migrantes, y a promover la cultura de hospitalidad como gran escenario de transformación.
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Javier Cortegoso es parte del equipo de coordinación de la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y Caribe (RJM LAC).
Yolanda González Cerdeira coordina el área de Derechos Humanos e Investigación del ERIC-Radio Progreso, Honduras, y la RJM en la región Centroamérica-Norteamérica.
Daniel Villanueva es Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas y Alboan.