Con papeles y sin tratamiento médico: “Es un caso de vida o muerte: si no me lo dan, estoy sentenciado”
Cuando la Administración comunicó por primera vez a Leticia que sus padres no tenían asistencia sanitaria, los abrazó y rompió a llorar. “Pensé que iban a tener que irse: son mayores y la necesitan”, reconoce la mujer de origen cubano. Finalmente, denunciaron su situación y la Justicia les dio la razón. Ante ejemplos como el suyo, Juan, enfermo de cáncer, aguarda ahora la celebración del juicio que, espera, reconozca también su derecho a la sanidad. Uno de los casos ocurrió durante el Gobierno del Partido Popular. El otro, con Pedro Sánchez en La Moncloa. Entre medias, el anuncio de la “recuperación de la sanidad universal”.
Como publicó este lunes eldiario.es, la respuesta del Gobierno, de un color u otro, sobre el acceso a la sanidad pública de los padres reagrupados en España por sus hijos españoles continúa siendo la misma: “Denegación, tras denegación”, responde Juan (nombre ficticio), ciudadano mexicano que padece cáncer de próstata y aún no ha podido recibir tratamiento debido a su alto coste.
“Es un caso de vida o muerte el que tengo ahorita. Si no la tengo, estoy sentenciado”, señala, sentado en el salón de la casa donde vive con su hijo, nacionalizado español, desde que lograron tramitar su residencia en España por reagrupación familiar. Para obtenerla, el Gobierno le exigía como requisito previo la contratación de un seguro médico, que adquirieron y utilizaron para revisar su estado de salud tiempo después de llegar a España.
Los estudios médicos concluyeron el diagnóstico de Juan: cáncer de próstata. “Descubrimos que el seguro no cubre muchas cosas. Desde la biopsia, tuvimos que pagar los estudios de nuestra propio bolsillo, porque estaba en juego la vida”, explica el afectado. “Identificaron un cáncer que no estaba muy crecido. Y ahora estoy con esa situación: viviendo, temiendo que en que algún momento dado me creza”. Los meses pasan, la angustia aumenta y Juan continúa sin tratamiento.
Paola, su esposa, padece de hipertensión y requiere una serie de medicamentos que financia cada mes a duras penas, gracias al apoyo de su hijo, enfatiza. La mujer, también mexicana, se siente impotente ante el hecho de que su hijo tenga que hacerse cargo del pago de la asistencia sanitaria y sus tratamientos, cuando ambos cuentan con residencia regular en España, insiste.
“Tengo que tomar medicamentos siempre, y son muy caros”, describe Paola, de 80 años. “Estamos aquí al amparo de mi hijo, nosotros no trabajamos, entonces es difícil sumado a sus responsabilidades, de mantener una casa, sus hijos...”, continúa.
Fue él, su hijo Juan, quien buscó todas las vías posibles para conseguir la atención que necesitaban, especialmente tras conocer el grave diagnóstico de su padre. Y los encontró a ellos. Al Colectivo de Afectados por el INSS, formado principalmente por otros padres y madres de personas con residencia regular en España a través de la reagrupación familiar tramitada por sus hijos españoles.
El colectivo, creado el pasado verano, recibe el apoyo de la organización Yo Sí Sanidad Universal. “Nos hemos unido por ese mismo problema y afortunadamente nos están ayudando. Nos dijeron que podíamos ir a juicio con un abogado de oficio. Pero ese juicio tarda muchísimo”, lamenta Juan, cuya enfermedad, como alertaba este lunes la Asociación Española Contra el Cáncer, “no puede esperar”.
Acudir a los tribunales se ha convertido en la única puerta entreabierta hallada por Juan y Paola entre tanto portazo. “A muchos de los afectados que han recurrido a los tribunales [durante la época del PP], ya se los han resuelto. Quiere decir que sí se puede hacer. Que estaban en las mismas circunstancias pero ya les dieron la tarjeta sanitaria. A muchas personas”, argumenta el hombre, de 76 años. Más de 40 sentencias han dado la razón a inmigrantes con papeles afectados, reconociendo su derecho a la sanidad pública gratuita.
Entre ellos se encuentran Leticia y sus padres. Llegaron a España en 2016 desde Cuba para reunirse con su única hija, nacionalizada española. En su caso, la Administración, indica, no les ordenó contar con un seguro médico como requisito para tramitar su residencia por reagrupación familiar, sino que los afectados conocieron esta exigencia cuando trataron de solicitar la tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid.
La batalla vencida de los padres de Leticia
“Cuando me dijeron que mis padres no tenían derecho, me abracé a mi madre y nos pusimos a llorar. Pensé que, entonces, se tendrían que ir”, recuerda Leticia, quien comenzó a buscar artículos sobre otros afectados por la reforma sanitaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Vimos que la Justicia les estaba dando la razón”, continúa.
Del mismo modo que ahora Juan y Paola llevan meses inmersos en un proceso burocrático y judicial para solicitar su acceso a la sanidad, Leticia y sus padres comenzaron a buscar, y hasta estudiarse, las normativas que podrían apoyar su solicitud. Denunciaron su caso ante un juzgado de lo Social de Madrid. Les dio la razón.
“Cualquier ciudadano extranjero con residencia legal en España tiene derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones y con el mismo contenido que los españoles directamente asegurados, y ello es independiente de que tenga o no contratado un sistema de aseguramiento público o privado”, concluyó el fallo, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Como la suya, al menos 40 juzgados han dado la razón a estas familias en ocho comunidades autónomas diferentes. El colectivo Yo Sí Sanidad Universal solo tiene constancia de dos fallos contra los afectados, por lo que solicita al INSS que permita el acceso a la sanidad a los reagrupados y evite así que estos, ya mayores, sufran la ansiedad ligada a este largo proceso.
“¿Por qué tiene uno que esperar tanto si al final nos van a dar la sanidad pública como a los demás?”, se pregunta Juan segundos antes de responderse a sí mismo: “Yo creo que mucha gente se abruma con todo este proceso, y lo resuelve por otro lado… Se paga el seguro, se regresa a su país o, directamente, se queda sin sanidad. Pero muchos no tenemos esa posibilidad. Y ahí seguiremos haciendo la lucha”.
