Un hecho “histórico”. La lucha contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Cataluña ha roto la barrera que separaba las manifestaciones en la calle de las instituciones: el pasado jueves, el Parlamento catalán se convirtió en la primera cámara que aprueba una resolución para instar al Gobierno a cerrar estos centros. Los movimientos ciudadanos en contra de los CIE en toda España han celebrado el salto a la cámara regional. “Sí, se puede” y Cataluña lo ha demostrado. Los movimientos de Madrid y Valencia siguen sus pasos y esperan reunirse con las fuerzas políticas a la vuelta del verano.
“En clave estatal, señalamos un efecto dominó. Estaría bien que hubiera resoluciones de ayuntamientos y otros parlamentos autonómicos. Se puede ir impulsando un cambio de mentalidad”, afirma satisfecho Andrés García Berrio, de la plataforma Tanquem els CIEs y la campaña Tancarem el CIE en Barcelona.
Aunque ni las Comunidades Autónomas ni los municipios tienen competencia sobre estos centros –dependientes del Ministerior del Interior–, las resoluciones suponen una declaración de intenciones: piden al Gobienro que los cierre y se declaran contrarios al modelo migratorio que sustentan. “En el caso de un proceso de independencia de Cataluña, es además un contrato con la ciudadanía en lo que se refiere a la política migratoria”, añade García Berrios.
Abrir el camino no ha sido fácil, reconoce el abogado. Insiste en que “no se puede llegar a las instituciones sin una base social fuerte que empuje”, que haga el trabajo continuo de denuncia, “de hormiguita”. El movimiento en contra del CIE de Zona Franca de Barcelona asumió que había que acabar con el secretismo que rodea a estos centros que reciben, por un máximo de 60 días, a inmigrantes en situación irregular antes de ser expulsados de España. A pesar de tenerlos a unos metros de distancia, muchos ciudadanos desconocen qué son y qué ocurre en su interior.
Para ello había que dar a conocer los centros, las historias de los que terminan entre sus muros, continúa García Berrio. Las celdas, las rejas en las ventanas, las comunicaciones con los seres queridos a través de una mampara de cristal. “Romper el silencio mediático”, dice. Las tres muertes en el CIE de Zona Franca supusieron picos en la atención ciudadana y mediática y, siempre, cada vez que tenían constancia de alguna experiencia de vulneración de derechos humanos acudían a los tribunales.
Cómo llegar a la política
Hacer partícipe al poder político era el último escalón. La lucha contra los CIE llegó al Parlamento gracias a una comisión sobre justicia y derechos, propuesta por Iniciativa per Cataluña, apoyada por Esquerra Republicana, e impulsada por las plataformas sociales. El resultado, tras seis meses de trabajo, ha sido una votación en la que todas las formaciones han ratificado su oposición a los CIE, excepto PP y Ciudadanos.
A cada grupo, le han convencido unos argumentos para posicionarse en contra de estos centros. “No es solo una cuestión de derechos humanos, es que los CIE tampoco se sostienen por razones de eficiencia y eso lo han visto al darles estadísticas”, indica García Berrio. Su misión –expulsar a los inmigrantes sin permiso de residencia– no se completa en más del 50% de los casos, según los datos oficiales de al Defensora del Pueblo. En 2014, solo se expulsó al 47% de las personas que fueron privadas de libertad de este modo.
La conclusión a la que han llegado en Cataluña es que los CIE no son necesarios, aunque se mantuviera una política de expulsiones de extranjeros como la actual. “Hay alternativas: que estas personas firmasen cada 15 días, la retirada del pasaporte, los retornos voluntarios... En cualquier caso, si no hubiera CIE, hemos dejado claro que no tendrían que aumentar las deportaciones exprés, que a veces no dan opción a estas personas ni a hablar con un abogado. La resolución propone un nuevo modelo migratorio, que sea garantista con los derechos humanos”, defiende García Berrio.
Así, con datos y repetidas denuncias de abusos en el CIE de Málaga (ya cerrado), la asociaciones que trabajan con población migrante en la ciudad consiguieron este 2015 una resolución en el Ayuntamiento en contra de la apertura de un nuevo centro. El gobierno municipal está en manos del Partido Popular. “La resolución se aprobó por unanimidad, ninguna formación quería apoyar la reapertura de un CIE después de 20 años en los que se recogieron muchas denuncias. Es que los CIE no son necesarios, solo generan sufrimiento”, indica Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge.
El relevo en Madrid y Valencia
Madrid y Valencia, ambas con CIE en sus ciudades, son dos focos donde el movimiento 'anti-CIE' es más fuerte. La decisión en Cataluña y el poder político renovado en algunas instituciones tras las elecciones de mayo han dado esperanzas a las plataformas para conseguir resoluciones similares en sus regiones.
En Valencia saben lo que es movilizarse, aumentar el rechazo de los vecinos al CIE de Zapadores, y encontrar un muro, una y otra vez, en las instituciones. “Ya lo habíamos intentado antes, tanto en Valencia ciudad como con la Generalitat, con mociones, propuestas... y todo nos lo denegaba el PP con su mayoría absoluta”, afirma Ana Fornés, portavoz de CIEs NO. Ahora, con el nuevo gobierno autonómico –del PSOE y Compromís– se abre un nuevo escenario. El apoyo previo de Compromís en la lucha contra los CIE esperan que sea una de las llaves para que el debate entre en la esfera política.
Irene Ruano, activista por el cierre de los CIEs de Madrid, acudió el jueves a Barcelona para ver cómo ganaba el 'no' a los CIE en un pleno. “Desde el principio del proceso ha sido un poco el modelo a seguir, al menos en Madrid”. Ruano confía en un mayor diálogo con el nuevo Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, pero reitera que su interés es llegar a todas las instancias y formaciones. “A la Comunidad de Madrid y, aprovechando que estamos en el foco de la actividad del Gobierno central, también al Congreso”. En las elecciones generales, las plataformas buscarán posiciones de los grupos sobre estos centros.
Antes, tanto en Valencia como en Madrid, septiembre se dibuja como un fecha para comenzar a tantear a las fuerzas políticas. Los CIE, indican los activistas, son un eslabón más, un elemento simbólico para hablar de qué política migratoria defienden las instituciones. “Si hay racismo institucional como ocurre en los CIE, queda legitimado. ¿Cómo no va a racismo en la sociedad?”, concluye Fornés.