Los albañiles avisaron a Merced Guimarães y a su marido Petrúcio: cavando un agujero en la reforma de su casa del barrio de Gamboa, zona portuaria de Río de Janeiro, habían encontrado unos huesos. Parecían restos humanos. Pensaron que podía tratarse de algún asesinato y avisaron al departamento de homicidios de la Policía. Era enero de 1996, y no estaban ante los restos de un asesinato, sino ante la mayor necrópolis de esclavos de América, un capítulo arrinconado de la historia del país que aún remueve conciencias.
Bajo el número 36 de la calle Pedro Ernesto se hallaba el denominado Cementerio dos Pretos Novos [cementerio de los negros nuevos, en referencia a los africanos esclavizados recién llegados en los navíos europeos]. Los historiadores y los arqueólogos lo habían perdido de vista hacía décadas, pero existía documentación suficiente para confirmar que allí se acumularon decenas de miles de cuerpos que, apilados en condiciones humillantes en las bodegas de los barcos e infectados de escorbuto y viruela, llegaron muertos o fallecieron nada más pisar Brasil.
“El ayuntamiento vino a casa y nos pidieron que parásemos la obra”, cuenta Merced Guimarães a eldiario.es, 23 años después. “Tenían ganas de investigar”. Pero los trabajos se retrasaban demasiado y además les amenazaban con expropiarles el terreno. El hallazgo pasó a formar parte de la huella africana en Río, junto con el Muelle de Valongo –principal mercado de esclavos, también soterrado durante décadas– y la Pedra do Sal, escenario de la esclavitud y uno de los lugares sagrados de la población afrodescendiente brasileña.
En 2003, su casa ya era un lugar de culto y peregrinación de etnólogos y antropólogos. El cementerio fue trasladado allí en 1769 y funcionó hasta 1830. La montaña de cadáveres era tan grande que los quemaban para poder seguir acumulando cuerpos. Los exámenes realizados a las dentaduras sepultadas manifestaban un signo común de los grupos étnicos bantú de la actual Angola: los dientes limados.
Las administraciones se desentienden
En 2005, Merced y su marido fundaron allí mismo el Instituto de Pesquisa y Memoria Pretos Novos. A día de hoy, cargan como pueden con la responsabilidad de conservarlo. Las tres esferas de la Administración –municipal, estatal y federal– se han desentendido. El Gobierno Federal les abandonó en 2012, en la primera legislatura de la presidenta Dilma Rousseff. Existió durante tres años un programa de “Puntos de Cultura” a nivel nacional, que les otorgó 60.000 reales [14.285 euros] por año. Aquella estructura acabó y ni Michel Temer, luego, ni ahora Jair Bolsonaro se han preocupado por esta cuestión. Del Gobierno del estado de Río de Janeiro nunca recibieron ninguna ayuda.
Este medio se ha puesto en contacto con las autoridades municipales para conocer su versión de este abandono de la memoria histórica sobre una opresión que duró siglos. Desde la secretaría municipal de asistencia social y derechos humanos indicaron que “el Cementerio dos Pretos Novos es una unidad vinculada a la secretaría municipal de cultural”. Merced Guimarães, la directora del centro, niega la mayor: con Cultura “no hay ninguna relación, ni apoyo”. Tras conversaciones telefónicas y por correo electrónico con dicha secretaría, los responsables de Cultura declinaron hacer declaraciones.
La responsable del Instituto Pretos Novos también apunta a la Compañía de Desarrollo Urbano de la Región del Puerto de Río de Janeiro (CDURP), empresa pública municipal. Al fin y al cabo, “en su época, el convenio fue realizado con ellos”, recuerda. La CDURP ha sido la encargada de gestionar toda la remodelación de la vieja zona portuaria carioca, que se presumía uno de los legados olímpicos más importantes para la ciudad y todo un negocio para los inversores.
La compañía pública ha justificado a eldiario.es que desde el primer momento se dejó claro que “el convenio de colaboración tenía carácter temporal”. Los recursos económicos sobre los que se firmó este convenio “tenían como base legal la utilización del 3% de la recaudación de los CEPACS (Certificados de potencial adicional de construcción, que costean las obras y servicios la región portuaria) para valorización del patrimonio material e inmaterial del Puerto Maravilla”.
Pero la resaca olímpica fue demasiado grande y cuando el nuevo alcalde, Marcelo Crivella, asumió el cargo en enero de 2017, según informa la Compañía de Desarrollo Urbano de la Región del Puerto, en la cuenta bancaria del proyecto se encontraron poco menos de 400 euros. El dinero se fue en otros dos museos más turísticos durante la gestión del anterior alcalde, Eduardo Paes. De lo que realmente llegó a destinarse a la revalorización del patrimonio cultural, la mayor parte fue a parar a los grandes referentes de la remodelada Praça Mauá: el Museu de Arte de Río y el multimillonario Museu do Amanhã [Museo del Mañana, obra del arquitecto español Santiago Calatrava].
Para el Cementerio de los Pretos Novos solo sobraron 30.000 reales en 2013, otros 30.000 en 2014, 60.000 reales en 2015, y en 2016, el último año con apoyo gubernamental –el año olímpico–, se alcanzó la cifra de 85.000 reales. Buena parte del presupuesto de este último periodo fue destinado a un programa para organizar circuitos con alumnos de escuelas públicas. La CDURP también les intentó ayudar otorgándoles un premio económico.
Lo cierto es que en 2017 ya no llegó ningún apoyo público, solo la cesión esporádica de un auditorio municipal. El nuevo alcalde no se plantea retomar el convenio. En total, desde la CDURP el centro recibió lo equivalente a 49.000 euros entre 2013 y 2016. Ahora son casi dos años y medio abandonados a su suerte, viviendo de donaciones –pueden hacerse a través de internet y en el propio centro hay una hucha– y de lo recaudado en dos cursos de posgrado que coorganizan con la Universidade Santa Ursula. Aún así consiguen milagros, como haber reformado la biblioteca del centro.
Sin salida, el mayor cementerio de esclavos de América puede estar abocado al cierre, lo que eterniza también un racismo que ya forma parte de la genética de buena parte de la población brasileña, apuntan sus defensores. La directora reconoce estar “desesperada”. Se dispone a lanzar una campaña para conseguir que mil personas se comprometan a abonar una cuota de 10 reales al mes (2,30 euros), para ir avanzando con 120.000 reales al año. También ha pensado presentarse en la Asamblea Legislativa del estado de Río e intentar hacer entender a los diputados que bajo esa biblioteca remodelada hay miles de cadáveres sin nombre.