Los sirios que han llegado a Ceuta huyendo de la guerra han vuelto a estallar. En torno a medio centenar, un tercio del total, permanece acampado desde el pasado lunes en los alrededores de la Delegación del Gobierno para denunciar su situación. Ceuta ha recibido desde el pasado de enero a un total de 141 personas procedentes de Siria, pero en estos cuatro meses, únicamente han sido trasladados a Centros de Acogida ubicados en la Península 18 de ellos, según los datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
El grupo, que en su segunda noche ha instalado tiendas de campaña, aunque las han desarmado al amanecer, reclama su traslado “inmediato” al otro lado del Estrecho para instalarse en España u “otros países de Europa” y salir de la “cárcel” en la que, afirman, se ha convertido para ellos Ceuta.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local alberga actualmente en sus instalaciones a 145 sirios, 69 de ellos menores de edad y, de los adultos, 43 hombres y 33 mujeres, todos procedentes de un país que va a cumplir cuatro años en guerra.
La reticencia a pedir asilo de las personas que necesitan protección internacional en Ceuta y Melilla suele deberse a la discriminación que sufren los solicitantes de asilo que lo tramitan en las ciudades autónomas españolas, ya que se les retira el derecho a la libertad de circulación por todo el territorio español, del que deberían gozar todos los solicitantes según establecen los tratados internacionales al respecto. El Gobierno realiza una interpretación errónea de la Ley de Asilo según las organizaciones sociales y especialistas en derecho internacional.
Es decir, en la práctica, estos solicitantes de asilo no pueden cruzar a la península hasta que se resuelva su solicitud, un proceso que suele alargarse varios años -aunque la ley establece un plazo máximo de seis meses-.
Hasta ocho meses de espera
Algunos de los acampados aseguran llevar hasta ocho meses a la espera de la resolución de los expedientes sobre su situación administrativa en España, ante cuyas autoridades algunos han solicitado protección internacional y otros no.
El periodo medio de estancia en el CETI de Ceuta de los indocumentados que son acogidos en él se sitúa en algo más de 140 días, según fuentes especializadas. A la hora de cruzar el Estrecho gozan de prioridad los inmigrantes que más tiempo llevan en la ciudad y, sobre todo, aquellos que son identificados como más vulnerables, como núcleos familiares o enfermos.
Desde la Delegación del Gobierno han reiterado que las medidas de “presión” del grupo que protagoniza la protesta, que ya tomó acciones similares de las que acabaron desistiendo en octubre del año pasado y en enero, no conducirá a ningún “agravio comparativo” con respecto a otros foráneos que esperan igualmente su traslado a territorio peninsular.
La Ciudad Autónoma, que el 1 de mayo prohibió al movimiento 'Pedagogía Ciudadana' acampar una noche en la Plaza de los Reyes, es la competente para denunciar una posible ocupación ilegal del espacio público y ordenar su desalojo con o sin el respaldo de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En octubre, con una climatología bastante más adversa, agentes de la Policía Local y de la Nacional intervinieron pese a la oposición de los progenitores para sacar a los niños de más corta edad del campamento que se había improvisado en el mismo espacio tras detectar la existencia de una situación de riesgo sanitario.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha pedido al Gobierno que elabore un protocolo con “criterios claros” de actuación para regir los traslados a la Península que dé prioridad a los solicitantes de asilo, para evitar que personas que acuden a España huyendo de la persecución y la guerra acaben “atrapadas” en los CETI, sin ningún control sobre su futuro.
La institución afirma que impedir la libre circulación desde las ciudades autónomas a la Península a los solicitantes de asilo desincentiva las peticiones, de modo que personas que han llegado hasta allí en busca de protección internacional prefieren no pedirla para tener así una oportunidad de entrar en el espacio Schengen, aunque sea como inmigrantes en situación irregular.