La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que dirige las diligencias relacionadas con el intento de entrada en grupo en territorio español que terminó con al menos 15 inmigrantes fallecidos, ha pedido al Ministerio de Interior los protocolos que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad en el control fronterizo y los relativos al uso de material antidisturbios para contener a los inmigrantes en situaciones como la que tuvo lugar en la frontera ceutí, según han confirmado fuentes jurídicas a eldiario.es.
Estas mismas fuentes aclaran que la magistrada no ha pedido específicamente la normativa relativa a las devoluciones inmediatas de inmigrantes, sino que ha solicitado a Interior la entrega, en un plazo de 15 días, de “los protocolos establecidos para regular la actuación de las fuerzas de seguridad para impedir la entrada irregular de inmigrantes”, así como los relativos al uso de material antidisturbios.
Además, la jueza ha acordado pedir una Comisión Rogatoria a Marruecos para conocer oficialmente si en el país vecino se ha incoado algún procedimiento judicial por losmismos sucesos y para acceder a las autopsias practicadas a los cadáveres recuperados en territorio del Reino alauita, de los que el juzgado ceutí encargado de la investigación no tiene conocimiento.
Sobre los cuerpos sin vida localizados en aguas españolas, el juzgado ceutí solo confirma el resultado de la autopsia practicada al primer cadáver localizado que establece como causa de su muerte el ahogamiento, sin haber hallado signos de violencia.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta estaba de guardia el 8 de febrero, cuando fue localizado en aguas jurisdiccionales españolas el primer cuerpo sin vida tras los sucesos que habían tenido lugar 48 horas antes.
Durante la semana siguiente, la Guardia Civil ceutí recuperó otros cuatro cadáveres, uno de ellos con lesiones sobre las que la Justicia ha solicitado un análisis más a fondo en el Instituto de Toxicología de Sevilla para determinar su origen (pelotas de goma, piedras) y si se produjeron antes o después de la muerte.
Hasta la fecha el Juzgado no ha solicitado ninguna testifical. Sí ha requerido una ampliación de los atestados originales presentados por el Instituto Armado por los daños sufridos en una garita el mismo 6 de febrero y sobre las circunstancias de las muertes de los fallecidos, así como las grabaciones íntegras de las cámaras de seguridad oficiales que habían captado imágenes relacionadas con los hechos.
Tras ser negada su existencia en reiteradas ocasiones por distintos representantes oficiales, la Guardia Civil las entregó en sede judicial el 20 de febrero a primera hora de la tarde y al día siguiente las divulgó en la página web del Ministerio del Interior.
Bruselas no descarta abrir un procedimiento judicial
La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha anunciado este miércoles que se reunirá el próximo lunes en Bruselas con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para abordar los incidentes del pasado 6 de febrero en Ceuta -en los que murieron 15 inmigrantes- y ha dejado claro que no dudará en tomar medidas contra España si se confirma que la actuación de la Guardia Civil vulneró la legislación de la UE.
“Primero hay que aclarar lo que ocurrió realmente. Si se ha vulnerado la legislación española, corresponde a las autoridades españolas actuar. Si ha habido una vulneración de la legislación europea -de lo que hay signos- deberemos adoptar las medidas normales. Podría ser un procedimiento judicial”, ha explicado Malmström durante una entrevista a la radio pública sueca.
“No dudaré en actuar si la investigación muestra que ha habido una vulneración de las leyes de la UE”, ha resaltado la comisaria de Interior.
Malmström ha vuelto a mostrar su indignación por el uso de pelotas de goma contra los inmigrantes que trataban de llegar a Ceuta desde Marruecos. “No se les apuntó directamente, pero ello creó tal pánico que 15 personas se ahogaron. Esto es, por supuesto, totalmente inaceptable”, ha dicho.
Además, la comisaria de Interior ha señalado que los inmigrantes podrían haber solicitado asilo y que España estaba obligada a tramitar cualquier demanda de protección internacional.