Seis meses de investigaciones le han valido a los expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tumbar la “verdad histórica” de la Fiscalía mexicana sobre la desaparición de 43 estudiantes y lanzar una hipótesis sobre el móvil de los hechos que no ha sido explorada.
Tras haber acabado su periodo de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe de conclusiones en el que niega la hipótesis ofrecida por el Gobierno de que los estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), fueron quemados en un basurero.
Los expertos rechazaron categóricamente esta posibilidad, con base en un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios, quien tras realizar trabajo de campo, examinar las pruebas y contrastar las declaraciones de los presuntos autores materiales concluyó “que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis”.
La evidencia recolectada muestra que “el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado” en el basurero de Cocula, ni siquiera para la incineración de uno solo de ellos.
Con esto se pone en duda, como ya habían hecho numerosas instituciones, la versión oficial ofrecida el pasado mes de enero por el entonces fiscal, Jesús Murillo, la llamada “verdad histórica” que decía que los jóvenes fueron asesinados por narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos e incinerados en una enorme hoguera que ardió durante horas.
Murillo dijo que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos quedaba acreditado que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan.
Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río solo pudo identificar genéticamente a uno de los jóvenes, Alexander Mora. Además, los expertos del GIEI han denunciado que algunos de los detenidos han confesado que sufrieron torturas por parte de las autoridades para obtener la confesión.
La procuradora general de México, Arely Gómez, ha anunciado que ha instruido la realización de un nuevo peritaje a cargo de “un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”, que tendrán que analizar el basurero de Cocula donde presuntamente fueron incinerados los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Nuevo móvil: víctimas del tráfico de droga
En la presentación del documento los expertos denunciaron también numerosas irregularidades en la investigación, entre ellas omisiones, destrucción de evidencia, y exigieron que se siga buscando a los normalistas, ya que siguen teniendo la categoría de desaparecidos.
Recomendaron además seguir una nueva línea de investigación, el móvil del traslado de estupefacientes, que no ha sido tenida en cuenta hasta ahora.
Y es que la toma por error de un autobús cargado de droga oculta pudo ser el móvil del ataque armado y la desaparición ya que, según dijo el experto del GIEI Carlos Beristain, “el patrón de actuación” de los perpetradores de los ataques aquella noche muestra una intención de “no dejar salir los buses de Iguala” y “acabar con cualquier posibilidad de huida”.
El grupo denunció que aquella noche los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para trasladarse, pero la investigación no da cuenta de uno de ellos, que podría ser “central” en la investigación.
La toma de los autobuses en Iguala para desplazarse a la capital mexicana a fin de participar en una manifestación podría haberse cruzado con la “existencia de drogas ilícitas (o dinero)” en una de las unidades.
En el informe se indica también que el resto de explicaciones posibles, como la confusión con un grupo del narcotráfico, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con que los jóvenes iban desarmados y con su llegada a Iguala para sabotear un acto público.
Los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aseguró el experto Beristain, no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población.
“La policía no los defendió”
Por otro lado, los expertos denunciaron que ninguna fuerza del Estado mexicano actuó para proteger a los estudiantes atacados y desaparecidos, ni policías de Guerrero, ni agentes federales, ni miembros del Ejército, a pesar de que tenían conocimiento de los ataques a los jóvenes e incluso estuvieron en algunos escenarios cuando se producían.
Entre el primer y el segundo ataque armado perpetrado por policías de Iguala y Cocula pasaron tres horas “sin que en ningún momento se presentara la Fiscalía, ni servicios periciales para atender a las víctimas, investigar los hechos o levantar la escena del crimen”, denuncia el informe.
En opinión de los expertos, lo sucedido aquella noche fue algo orquestado. En palabras de Claudia Paz, también miembro del GIEI, fue un “operativo” que estuvo “dirigido por un hombre de forma coordinada y había una persona que impartía todas las órdenes”.
Tras presentar su informe, los expertos se lo entregaron a los representantes del Gobierno, entre gritos de los familiares de los estudiantes de “fue el Estado”.
En su intervención, Beristain hizo un recuento de los datos de aquella fatídica noche en la que 6 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 resultaron heridas, hubo 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas y 43 normalistas fueron desaparecidos.
Además, hay 700 familiares directos “que han sufrido las consecuencias de la pérdida, del impacto del dolor, del miedo, también del trato recibido en todos estos meses”.