La Comisión Europea ha asegurado que el Gobierno de España ha decidido “no aplicar” la directiva sobre el retorno de inmigrantes en el caso de las personas interceptadas en frontera pero recuerda que, aun en ese caso, “los Estados deben velar por que se respeten las garantías mínimas” en virtud de esta normativa que, aunque ha sido duramente criticada por las ONG, incluye el cumplimiento del principio de no devolución. Se trata de la respuesta de la Comisión Europea a la batería de preguntas sobre Ceuta y Melilla, a la que ha tenido acceso eldiario.es, registradas por el grupo del Parlamento Europeo GUE-NGL.
“Los Estados miembros deben velar por que se respeten las garantías mínimas en virtud de la directiva sobre el retorno, aun en el caso de haber decidido, como ha hecho España, no aplicarla a los nacionales de terceros países interceptados en la frontera”, han sentenciado desde la Comisión Europea. “La vigilancia debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo”.
Según informan, la institución europea está entablando conversaciones con el Gobierno de España acerca de “la aplicación de la directiva de retorno –conocida como la directiva de la vergüenza entre colectivos en defensa de los derechos humanos–, así como de otros asuntos relacionados con la situación de la frontera hispano-marroquí.
Sobre la violencia policial como forma de impedir la entrada irregular de inmigrantes, la institución europea asevera que “no se debe recurrir a la fuerza para disuadir el cruce de fronteras no autorizado”. Las medidas de vigilancia “deben ser ” proporcionadas“ y, recuerdan, sólo se puede utilizar la fuerza en caso necesario y en la medida en que lo exija el desempeño de las funciones de los agentes, con vistas a proteger su seguridad y sus vidas. ”La Comisión no vacilará en tomar las medidas adecuadas cuando haya indicios de que un Estado miembro ha infringido el Derecho de la UE“, advierten.
La respuesta llega después de que un vídeo de la ONG melillense Prodein demostrase la paliza recibida por al menos un inmigrante mientras se disponía a descender la valla de Melilla. El joven, llamado Dani, quedó aparentemente inconsciente y fue devuelto de forma inmediata a Marruecos, algo ilegal según la Ley de Extranjería.
¿Por qué “no se aplica”?
Las devoluciones inmediatas de inmigrantes en frontera son ilegales según la Ley de Extranjería, el tratado bilateral con Marruecos y numerosos convenios internacionales que protegen el derecho al asilo, bajo el principio de “no devolución”. El Gobierno de España, como ha quedado documentado en diferentes imágenes conseguidas por ONG y periodistas, las realiza de forma constante.
Los argumentos empleados por el Ejecutivo para efectuar estas prácticas giran en torno a una tesis que ha sido cuestionada de forma provisional por un juzgado de Melilla y ha supuesto la imputación por prevaricación del coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla: España no aplica la Ley de Extranjería que prohíbe este tipo de expulsiones hasta que el inmigrante no llega a territorio español. Según su “interpretación de la ley”, el suelo nacional comienza una vez que el inmigrante supera la totalidad del entramado fronterizo. ¿Cuándo se consigue? Aunque el protocolo operativo del Instituto Armado determina que estas personas llegan a España cuando sortean la última alambrada, de las últimas declaraciones oficiales se infiere que, para aplicar la ley, los subsaharianos deben superar también el cordón policial.
En este sentido, fuentes especializadas en fronteras consultadas por eldiario.es entienden que, del mismo modo que el Gobierno asegura “no aplicar” la normativa española en las interceptaciones de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, el Ejecutivo considera que tampoco han llegado a territorio europeo, por lo que no emplea la directiva europea de retorno, que obliga a abrir un proceso de expulsión con una serie de garantías mínimas.
Según las mismas fuentes, del documento se infiere que el Gobierno ha podido dar estas mismas explicaciones a Bruselas sobre las devoluciones ilegales efectuadas por la Guardia Civil en Ceuta y Melilla. El titular del juzgado concluyó de forma provisional en un auto que esta teoría no se sostiene con la legalidad vigente.
La Comisión Europea recuerda que, aunque no se aplique la directiva europea de retorno, los Estados miembros deben cumplir el principio de no devolución y el derecho de asilo de los inmigrantes.