Hace un año, la Eurocámara lanzó un claro mensaje a la Comisión Europea: era necesaria la creación de una propuesta legislativa que obligase a las empresas del sector textil a controlar el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de producción. “Solo normas obligatorias pueden garantizar que los productos vendidos en Europa respetan la dignidad y los derechos de millones de trabajadores”, defendió Lola Sánchez, la eurodiputada de Podemos responsable del informe aprobado por una mayoría aplastante.
La votación coincidió con una fecha importante, de esas que estrujan, que rememoran las tragedias en las que puede desembocar la inacción: el aniversario del derrumbe de la fábrica textil del Rana Plaza que provocó la muerte a 1.129 trabajadores, la mayoría mujeres. El informe exigía dejar las medidas voluntarias a un lado y pasar a la imposición. 505 europarlamentarios de todas las ideologías votaron a favor. 49 lo hicieron en contra y 57 optaron por la abstención.
Lola Sánchez, la responsable de la iniciativa, rompió en aplausos entre pequeños botes de alegría en medio de la rigidez habitual del pleno de la Eurocámara. “Sentía una alegría y emoción tal que tenía un nudo en la garganta”, recuerda. “Pero sabíamos que era el primer escalón de una larga escalera”. Un año después, la Comisión Europea no ha recogido el relevo para ascender un segundo peldaño: aún no ha anunciado la realización de la legislación solicitada por la mayoría del Parlamento.
“La Comisión Europea sigue insistiendo en el enfoque de la voluntariedad. En que hay que dar más tiempo a las empresas para que vaya implementando las medidas que ya existen. Esta comprobado que esa dinámica no funciona”, sostiene la eurodiputada. Cinco años después del desplome del Rama Plaza, poco ha cambiado en la industria de la moda, como documenta este reportaje de eldiario.es.
La Comisión no mueve ficha
Este martes, 24 de abril, con motivo del aniversario de la tragedia, el Parlamento Europeo organizó una reunión sobre la industria de la confección. La representante de la Comisión Europea en el acto, la directora adjunta de la Comisión de Desarrollo Marjeta Jager, describió las líneas de trabajo de la institución comunitaria para mejorar las condiciones de las trabajadoras textiles a lo largo de toda la cadena de producción.
Mencionaba proyectos destinados a la concienciación y transparencia de las empresas europeas, así como programas de empoderamiento de las mujeres que fabrican la ropa que acaba comercializada en la UE. No dijo nada de la propuesta de legislación vinculante solicitada un año atrás.
Para Sánchez, la solución está encima de la mesa, pero de momento no ha sido atendida: la imposición un sistema de diligencia debida, similar al diseñado al diseñado para los minerales de zonas de conflicto, que cubra toda la cadena de distribución, como exigió la Eurocámara. “Es indignante que los derechos humanos sean una cuestión voluntaria para nuestras empresas en el exterior. Seguir teniendo confianza en la buena voluntad de las multinacionales sin que haya presión sobre ellas es pedir peras al olmo”, considera la eurodiputada.
La resolución del Parlamento Europeo pide adoptar reglas comunes para que las empresas europeas obliguen a sus proveedores a respetar los derechos de los trabajadores. La iniciativa plantea también utilizar las directrices marcadas por la guía de la OCDE sobre 'Cadenas de suministro responsables en el sector de la confección y el calzado'. “Todo está escrito, solo hay que hacerlo obligatorio”, señala Sánchez.
El informe de la Eurocámara también insta a la UE a mostrar en el etiquetado de las prendas de ropa el “impacto social” que tiene su confección. “El consumidor no es responsable de los abusos, pero es un potencial cómplice. Estaría muy bien señalar en las etiquetas las empresas que lo están haciendo bien, con criterios comunes. Crearía una conciencia social para que la gente piense antes de ir a comprar una camiseta, en un momento en que el consumo se ha convertido en ocio, más allá de la necesidad”.
Pocos saben, por ejemplo, la cantidad de agua necesaria para crear una camiseta de algodón básica: 2.700 litros de agua, según el Foro Mundial para la Naturaleza WWF. El salario de la trabajadora que ha cosido nuestros pantalones es para muchos consumidores una incógnita. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Asia, los salarios de la industria textil no llegan generalmente a los 200 dólares mensuales. Son algunos de los datos que, a juicio de Lola Sánchez, deberían visibilizarse en las etiquetas de nuestra ropa.
Pero lo principal, dice, es cambiar la realidad a golpe de legislación, lo que a su juicio ayudaría también a las propias empresas europeas. “Las multinacionales que producen su mercancía en el exterior tienen además un problema con la maraña de normativas voluntarias y recomendaciones. Se encuentran con una malla de cientos de reglas en función del sitio donde importas, de la materia prima, de donde produzcas. Además, para las empresas es muy difícil seguir el rastro del sus proveedores. Por eso, proponemos es una sola regulación”, detalla.
“No hay ninguna respuesta rápida para mejorar el sector de la confección, por eso vamos trabajar con vosotros para mejorar las condiciones laborales en toda la cadena de producción”, concluyó la representante de la Comisión.
Fuentes europarlamentarias sostienen que “funcionarios de la Comisión Europea están organizándose para presionar desde dentro la elaboración de la iniciativa legislativa de textil” pero, de momento, no hay ninguna declaración oficial en esta dirección.
Contactada por eldiario.es, la institución comunitaria responde en la misma línea del discurso formulado por Jager este jueves: proyectos de empoderamiento y sensibilización. “Esto es lo que podemos decir por ahora”, apunta un portavoz de la Comisión Europea.