Finales de agosto de 2015. Las imágenes de cientos de miles de refugiados atravesando las fronteras de la UE azotaban las conciencias de la sociedad civil europea. Entonces, muchas fueron las promesas y exigencias del PSOE en materia de inmigración. Los socialistas trataron de ser los primeros en lanzar una batería de propuestas al Gobierno de Mariano Rajoy y reclamar la tramitación urgente de un “plan para los refugiados”. Con el ascenso de Pedro Sánchez al Ejecutivo, ha llegado el momento de medir sus fuerzas para cumplir todo lo reclamado.
Desde el cumplimiento de las cuotas de refugiados, a la concesión de visados humanitarios para demandantes de asilo desde Embajadas españolas a la retirada de las mismas cuchillas colocadas en las vallas de Ceuta y Melilla durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El desarrollo o no de las promesas socialistas no dependerán de una única cartera, aunque la palabra 'Migraciones' haya llegado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Si la gestión no cambia, la cartera liderada por Magdalena Valerio será, como durante el Gobierno del Partido Popular, la encargada de las políticas migratorias enfocadas a la integración, acogida y atención humanitaria de inmigrantes y refugiados. De ella dependerá, por ejemplo, un posible aumento de las plazas de acogida para refugiados, en un sistema de asilo colapsado.
El Ministerio de Interior, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, tiene la competencia de la gestión de fronteras y la aplicación de la Ley de Extranjería, pues son tareas llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El nuevo ministro estará al frente de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde, a su juicio, “no se vulneran los derechos fundamentales”, en contra del criterio de las ONG.
Derogación de las devoluciones en caliente
En 2015, el Gobierno del Partido Popular incluyó una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana que pretendía amparar las llamadas “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, unas prácticas contrarias a la normativa europea de asilo pues expulsan sin identificación previa a los migrantes que han logrado saltar las vallas fronterizas, lo que impide su acceso al asilo.
Las devoluciones en caliente, sin embargo, no empezaron durante la etapa de Mariano Rajoy. Con Zapatero al frente del Gobierno, las expulsiones inmediatas se producían de forma sistemática en el marco de su política fronteriza en Ceuta y Melillla. Si Sánchez cumple con su prometida derogación, rompería con la tendencia socialista de rechazar de forma automática a quienes saltasen las alambradas.
La polémica incorporación de las devoluciones en caliente en la legislación empujó al PSOE a posicionarse en su contra. Su crítica no se limitó a las declaraciones. Los diputados socialistas apoyaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la mayoría de grupos parlamentarios contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluía la disposición adicional sobre el “rechazo en frontera”. Pedro Sánchez también prometió su derogación en sus últimos programas electorales.
Cumplir con la reubicación de refugiados
Fueron muchos los reproches lanzados por el PSOE, junto con el resto de la oposición, al Gobierno de Mariano Rajoy por su incumplimiento de las cuotas de refugiados. A día de hoy, de las más de 17,000 personas a las que se comprometió a trasladar a España desde otros países, 2.792 solicitantes de asilo han sido reasentados y reasentados.
A los dos ministros con competencias en migración, Grande-Marlaska y Valerio les tocará ahora acelerar el ritmo si pretenden acoger desde terceros países el cupo comprometido.
Retirar las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla
El alambre de cuchillas cubre las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla desde octubre de 2005, cuando el socialista José Antonio Alonso lideraba el Ministro del Interior. En 2007, la vicepresidenta María Teresa Fernández ordenó la retirada de este material cortante de determinadas zonas de la alambrada melillense debido a las profundas lesiones que provocaba.
En 2009, una persona murió en su intento de sortear la frontera de Ceuta, donde las cuchillas nunca habían sido retiradas.
Hace cinco años, el Gobierno del Partido Popular decidió colocar más concertinas en la zona más peligrosa de la valla de Melilla, lo que provocó numerosas críticas por parte de ONG, expertos, la Iglesia y toda la oposición, incluido el PSOE. En su último programa electoral, Pedro Sánchez la retirada de las cuchillas de las alambradas era uno de sus compromisos.
Acabar con el colapso del sistema de asilo
El retraso en la resolución de las solicitudes de asilo registradas en España, sumado al fuerte aumento del número de peticiones registradas en los últimos años han dejado el sistema de asilo colapsado.
Según el Defensor del Pueblo, en 2017 se presentaron más de 40.000 peticiones en la Oficina de Asilo. A ello se suman las cerca de 30.000 solicitudes que esperaban su resolución desde años anteriores, así como el retraso sufrido por quienes tratan de oficializar su demanda de asilo, lo que está dejando a decenas de personas en la calle hasta que consiguen formalizar dicho trámite.
El compromiso de Pedro Sánchez se materializó en su programa electoral. El PSOE defendía “reforzar las oficinas de asilo y la presencia en ellas de la representación oficial de ACNUR, eliminando las malas prácticas y corrigiendo las instrucciones ministeriales que restringen de facto la posibilidad de solicitar asilo”.
La secretaria general de CEAR recuerda que los últimos presupuestos de Mariano Rajoy han aumentado los fondos destinados a la Oficina de Asilo. Cree que, más allá de la dotación, el nuevo Gobierno debe “engrasar todo el proceso que en estos momentos está desequilibrado debido a la descoordinación entre los dos ministerior implicados en este, el Ministerio de Interior y el de Migraciones”. Según Estrella Galán, se trata de “vision estratégica y voluntad”.
Reformar los CIE cuando las ONG piden su cierre
El debate por el cierre de los CIE se ha reforzado en el interior de las instituciones durante los últimos Gobiernos del Partido Popular, tras la atención generada tras las múltiples protestas generadas por diferentes grupos de internos.
El nuevo ministro del Interior, sin embargo, no parece ver ningún problema en estos centros. “En los CIE no se vulneran los derechos fundamentales”, afirmó en 2016 Grande-Marlaska.
El PSOE nunca ha defiendido su cierre, pero sí ha optado, como defendía el Partido Popular en su última legislatura, por un “cambio de modelo”. Entre algunas de las reformas comprometidas en su programa electoral se encontraba “tener en cuenta las circunstancias individuales” de los migrantes en situación irregular antes de decretar su internamiento, “revisar el Reglamento de funcionamiento” de estos centros y “reforzar los medios que permitan el adecuado control judicial de los mismos”.
Grande-Marlaska también tendrá que tomar una decisión sobre la construcción de tres nuevos CIE anunciada por el exministro Juan Ignacio Zoido. Su creación lleva acordada con la Unión Europea desde 2013 para ser cofinanciada a través del Fondo FAMI.
Visados humanitarios para refugiados desde embajadas
Abrir mecanismos para que aquellos que huyen de sus países de origen tengan otras opciones de solicitar protección en Europa más allá de la vía irregular es una de las exigencias más repetidas por ONG y especialistas cada vez que una vida se pierde en el Estrecho.
Este tipo de medidas acaparaban buena parte del documento de análisis y propuestas presentado por el Partido Socialista en plena crisis de gestión migratoria de la UE. En este sentido, propusieron la emisión de visados humanitarios desde “embajadas, consulados o misiones internacionales en los países de transito” de los solicitantes.
En la actualidad, los consulados de España pueden emitir este tipo de documento pero se aplica de forma arbitraria, dependiendo de la decisión de cada cónsul. Aquí entra en juego el nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Desarrollar la Ley de asilo en un reglamento
La Ley de Asilo de 2009, creada durante el Gobierno de Zapatero, incorporaba la posibilidad de pedir protección internacional en las embajadas y consulados españolas. Sin embargo, el reglamento que debía concretar el procedimiento quedó a la espera de su desarrollo reglamentario, una tarea pendiente que suma un retraso de nueve años y a la que también se comprometió a hacer frente Sánchez en su programa electoral.
“El desarrollo del reglamento de asilo y la puesta en marcha de vías legales y seguras, como la retirada de los obstáculos burocráticos para quienes necesitan protección o articular desde Exteriores la tramitación de su petición en países de transito o habilitar visados humanitarios son medidas que no requieren grandes inversiones, sino un nuevo enfoque de las políticas de asilo”, ha afirmado Estrella Gallán, secretaria general de CEAR.
Defender nuevas medidas migratorias en la UE
Tanto Pedro Sánchez como su ministro del Interior tienen por delante el desafío de defender en Bruselas aquellas medidas reivindicadas por los socialistas en plena crisis de refugio en Europa.
Entre ellas se encontraba trabajar por “una política de asilo común” en la Unión Europea con el objetivo de que “no haya diferencias de condiciones de acogida” entre unos estados y otros. Las divergencias de criterios a la hora de otorgar el estatuto de refugiados en Europa, así como los diferentes recursos empleados para cada país deriva en el desplazamiento de los refugiados en el interior de la UE, según recuerdan desde Acnur. El PSOE está a favor de la creación de una “autoridad europea en materia de asilo”.
En cuanto a las incesantes muertes de migrantes en el Mediterráneo, el PSOE ha apoyado como medida a corto plazo la modificación del mandato de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex) para añadir a sus tareas una misión específica de salvamento marítimo.
En la línea de la creación de vías legales de entrada, también han solicitado la creación de un programa de reasentamiento con cuotas obligatorias para los países de la Unión Europea.
Además, Sánchez tendrá la oportunidad de mostrar ante el Consejo Europeo el mismo rechazo mostrado por los diputados socialistas en el Congreso contra el Acuerdo sobre refugiados de la UE-Turquía u otras posibles futuras alianzas que sigan la misma dirección. Toda la oposición pactó un documento en el que manifestaba su desconformidad ante “cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco, o a cualquier estado no miembro de la UE”.