La Comunidad de Madrid culpa al Gobierno central de las trabas que impiden tratar a inmigrantes con VIH

La exclusión sanitaria de inmigrantes con VIH en la Comunidad de Madrid ha empujado esta semana una reunión de urgencia entre médicos de hospitales públicos madrileños, organizaciones especializadas en enfermedades infecciosas y el Gobierno regional. El personal sanitario y de ONG ha explicado al director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento, Jesús Vázquez, algunos de los casos de personas que, en las últimas semanas, han acudido a ellos desesperados ante la imposibilidad de conseguir la medicación. 

Los representantes de la Comunidad de Madrid defendieron que las barreras que han desencadenado la falta de tratamiento a determinados pacientes extranjeros con VIH (así como a otros ciudadanos, como menores de edad y embarazadas) son fruto de los requisitos exigidos por la legislación estatal, por lo que descartan cualquier responsabilidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La alerta entre pacientes afectados, sanitarios especializados en infecciosas y ONG de apoyo a personas con VIH saltó tras el impulso de un nuevo procedimiento para gestionar los documentos sanitarios de las personas en situación administrativa irregular en la Comunidad de Madrid, a través de las llamadas Unidades de Tramitación. Cuando un ciudadano seropositivo tenía algún problema para acceder al tratamiento debido a su situación administrativa, las organizaciones solían derivarlos a una serie de hospitales madrileños de referencia en enfermedades infecciosas, como el Ramón y Cajal o el Infanta Leonor, donde sí tenían un mecanismo interno para darle de alta en el sistema y recetarle y suministrarle la medicación.

Esa vía se ha bloqueado desde la creación de las Unidades de Tramitación, según denunciaron varios médicos y organizaciones. Quienes están teniendo problemas para conseguir su medicación para el VIH son, principalmente, personas inmigrantes en situación irregular que llevan menos de tres meses empadronadas en España. Pero también ciudadanos extranjeros con permiso para residir en el país, a los que el sistema ha dado de baja de forma repentina tras la reorganización de tipos de documentos sanitarios realizada en las últimas semanas por la Consejería de Sanidad. 

En su reunión, Jesús Vázquez, director general de Aseguramiento; y su segunda, Marta Cortés, han trasladado a sanitarios y ONG que esta nueva normativa viene a cumplir con el Real Decreto-ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Su redacción dejaba en el aire una serie de grietas por las que, en la práctica, los diferentes gobiernos autonómicos podían imponer trabas para la atención de las personas extranjeras en situación irregular, tal y como ha reconocido el Ejecutivo socialista, que acaba de aprobar un anteproyecto de ley que pretende corregir esta situación. No obstante, la Comunidad de Madrid no había desarrollado en tres años un procedimiento específico para aplicar la legislación vigente desde 2018, del que ahora culpa al Gobierno central.

Un informe previo favorable

El Real Decreto 7/2018 permite el acceso a la sanidad de las personas residentes en España en situación irregular que lleven más de tres meses en el país. Para los que aún no superan una estancia de 90 días, la norma pide la emisión de “un informe previo favorable de los servicios sociales de las comunidades autónomas”. La legislación no detalla de manera clara los casos en los que la asistencia debe estar garantizada a pesar de no llevar tres meses en suelo español. Y en este punto empiezan los problemas. ONG especializadas en salud han denunciado en los últimos tres años la exclusión sanitaria de pacientes que no pueden esperar ese plazo para ser atendidos, como embarazadas, menores de edad o personas con VIH o enfermedades graves.

Las personas con VIH, como otros perfiles de pacientes que lo requieran, podrían acceder a la sanidad aunque no acrediten llevar tres meses en España a través del informe social incluido en el Real Decreto 7/2018. 

El Gobierno regional, sin embargo, descarta esta vía de forma tajante. Según defiende un portavoz de la Consejería de Sanidad, “no existe desarrollo normativo nacional que permita dar asistencia sanitaria para personas con estancia menor a 90 días en España, aun con informe de un trabajador social, salvo por una enfermedad sobrevenida que impida regresar al país de origen en dicho periodo”. La misma fuente oficial sostiene que el Real Decreto 7/2018 “no se ajusta en este aspecto a la Ley de Extranjería”, por lo que a su juicio no sería legal aplicarlo. 

El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura a elDiario.es que en cualquier caso las personas extranjeras, con papeles o no, tienen el mismo derecho que el resto a recibir asistencia médica y que, si no han pasado los tres meses de estancia, pueden utilizar la solicitud como documentación temporal mientras se resuelve su expediente para acceder al sistema de salud, según las recomendaciones publicadas por Sanidad. En cualquier caso, una portavoz subraya que se está tramitando un anteproyecto de ley para recalcar el derecho a la sanidad pública de cualquier persona mientras se resuelve su estatus administrativo (y aunque finalmente tenga que pagar la asistencia).

La portavoz asegura que el Ministerio preguntó en septiembre a todas las comunidades autónomas en concreto sobre la situación del acceso a tratamientos para positivos de VIH y la Comunidad de Madrid no respondió.

Interpretación restrictiva

La red Yo Sí Sanidad Universal rechaza la interpretación de la normativa que está haciendo la Comunidad de Madrid. “La ley está en vigor y el procedimiento lo debe habilitar cada comunidad. A nivel nacional no existe ningún desarrollo normativo, solo un documento de recomendaciones del Ministerio que han tardado más de dos años en aplicar, poco obligatorio por tanto”, dice Nacho Revuelta, miembro del colectivo. “No es de recibo que tres años después digan que aplican la ley cuando ignoran una parte de la misma basándose en un documento de recomendaciones que en realidad tampoco han aplicado durante al menos dos años”, sostiene. 

El VIH/sida se encuentra en la lista de “enfermedades de declaración obligatoria” que constituye “una pieza clave dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid”, según indica en su página web. Tras la reforma sanitaria del PP de 2012, que restringía el acceso a la sanidad de las personas sin papeles, el Gobierno regional sí incorporó las patologías incluidas en esta lista como excepción, por lo que garantizaba su atención. Tras la aprobación de la actual normativa, el Ejecutivo de Díaz Ayuso no ha dado este paso.

La semana pasada, preguntada por elDiario.es sobre los casos documentados de exclusión sanitaria de personas con VIH, la Consejería de Sanidad no incluyó a las personas extranjeras seropositivas como uno de los colectivos para los que el acceso a la medicación está asegurado. Tras la publicación del artículo de este medio, un portavoz de la institución asegura ahora que “la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”. Se trata, según explica, de una “asistencia sanitaria no demorable” por lo que “se facilita”. 

En la reunión de este lunes, el responsable de Asistencia y Aseguramiento de la comunidad no hizo alusión a esta “asistencia sanitaria no demorable”. “Nos trasladaron que los trabajadores sociales de las Unidades Tramitadores, cuando los haya, podrían realizar un informe motivado y agilizar el empadronamiento de la personas que necesitan asistencia sanitaria, pero siempre cumpliendo la norma, que es tener tres meses de empadronamiento”, indica la presidenta de la Coordinadora estatal de VIH y Sida, Reyes Velayos. La Consejería informaba la semana pasada de que estas unidades estaban formadas por profesionales con “formación específica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo”, aunque “prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales”.

Lo que desde la Consejería no explican de manera oficial son los casos documentados por organizaciones y médicos de personas a las que se les ha interrumpido o negado el tratamiento en las últimas dos semanas. Unos casos que son un goteo en los últimos días en las ONG que trabajan con personas migrantes con VIH. “Los tratamientos se están dando desde las entidades”, señala el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras, Gerjo Pérez Meliá. “¿Si no podemos ver al paciente, cómo vamos a poder prescribirle medicación hospitalaria?”, se pregunta José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Las farmacias de las que disponen las ONG gracias a donaciones son vías extraoficiales de obtener medicación para personas que sufren la exclusión sanitaria y que acuden a este último recurso ante la negativa de la sanidad pública. “Que explique (la Comunidad de Madrid) cómo es la tramitación de la asistencia sanitaria no demorable para tratamientos por VIH y casos urgentes”, dice Pérez Meliá, que afirma haber atendido a más de una decena de personas en esta situación en los últimos días. Según sus estimaciones, solo contando a quienes acuden a su organización, entre 380 y 400 personas con VIH se quedarán sin tratamiento con los nuevos requisitos, y calcula que podrían ser “miles” en toda la comunidad. 

La Consejería sí reconoció la semana pasada que “desde mediados de octubre se ha procedido a la baja de aquellos ciudadanos que ya no estaban en situación irregular, o no residen en la Comunidad de Madrid o que no hubiesen solicitado la renovación del acceso a la asistencia como ciudadanos en situación irregular”. Un cribado que, según defiende, se habría hecho tras comprobar los datos con otras administraciones y actualizar los datos mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos interesados. Sin embargo, las ONG denuncian que algunos usuarios se han encontrado con el “no” de las farmacias hospitalarias in situ, al ir a recoger sus tratamientos. 

Por el momento, las organizaciones de asistencia han detectado tratamientos de VIH interrumpidos en los hospitales de Torrejón, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena de Valdemoro y Ramón y Cajal. Pero también negativas a realizar cirugías o administrar vacunas contra el sarampión.

Los tratamientos antirretrovirales para el VIH que se han desarrollado en las últimas dos décadas han conseguido reducir la carga viral en los pacientes hasta el punto de que sea indetectable. Esto hace que las personas que han contraído la infección no desarrollen la enfermedad y que tengan unas esperanza de vida casi similar a la de otra persona seronegativa. Estos fármacos hacen también que, al tener una carga viral indetectable, esta sea intransmisible. Es decir, una persona con VIH en tratamiento no puede transmitir el virus. 

Con estos requisitos mínimos marcados por la legislación nacional, los gobiernos regionales deben aplicarla en sus respectivos sistemas de salud autonómicos. A través de las Unidades de Tramitación, el Gobierno regional ha unificado los criterios de una forma restrictiva. La Comunidad de Madrid exige a los inmigrantes sin papeles estar empadronados durante tres meses en España, un requisito que no establece ni la normativa estatal sanitaria ni las recomendaciones de aplicación del Real Decreto 7/2018 emitidas por el Ministerio de Sanidad en 2019. Estas rígidas exigencias también se traducen en la imposibilidad de dar de alta en el sistema a los pacientes con VIH en los hospitales de referencia en infecciosas, que hasta ahora eran las vías de acceso seguro a un tratamiento.