El Congreso ha aprobado este jueves con una amplia mayoría la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que promueve una reforma “profunda y amplia” que, entre otras cosas, establece que España destinará el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a ayuda al desarrollo para 2030 y reconoce la figura del cooperante.
Una amplia mayoría de diputados han avalado las enmiendas introducidas en el Senado, donde el texto final salió adelante con el voto favorable del PP y el voto en contra de Vox.
La nueva norma, reclamada por el sector y que toma el relevo a la Ley de Cooperación Internacional de 1998, afecta a los pilares institucional, normativo y presupuestario del sistema de cooperación español, debilitado por los recortes durante una década. Busca adaptarse de manera “eficaz” a desafíos como la crisis climática o alimentaria, incluyendo los enfoques ecologistas, así como feministas, en sus intervenciones. La aprobación del texto abre un periodo en el que se tendrán que desarrollar las reformas que propone la ley.
Las principales novedades
La principal novedad de la nueva legislación es que prevé destinar, al menos, el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030, con objetivos intermedios fijados a través de los planes directores.
El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura, pero la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%, aún alejado de ese compromiso.
La ley prevé asimismo que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria, la creación de un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes. Estas dos últimas cuestiones, al igual que la prevista reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tendrán que hacerse a posteriori.
Asimismo, el texto sostiene que la llamada cooperación descentralizada –la que se hace desde las comunidades autónomas y entes locales y forales– “es una de las señas de identidad y fortalezas” de la Cooperación Española y “supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad”. Dicha cooperación, se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos“.
Entre sus principios consagra que la igualdad de género, “promovida desde un enfoque feminista” como “un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, intensificar los esfuerzos para cerrar las brechas de género, combatir todas las formas de violencia y discriminación y fomentar el empoderamiento de las mujeres”.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acudido al Congreso de los Diputados para presenciar la votación y ha intervenido para agradecer el respaldo de “todos los grupos que creen en la cooperación” y han hecho que la nueva ley sea una realidad.
Según explicó el ministro durante la tramitación parlamentaria, la nueva ley incorpora los acuerdos de París contra el cambio climático, que no preveía la anterior ley, al tiempo que “reconoce y dignifica” el trabajo, vocación y compromiso de los más de 2.600 cooperantes “que representan los mejores valores de España”.
El Gobierno había venido reclamando desde el inicio de la tramitación del texto el máximo consenso posible en torno a esta ley. En el Senado, el texto recabó 260 votos a favor y solo dos en contra. En la Cámara Baja, recibió 201 votos a favor –los de PSOE, Podemos y sus socios de legislatura–, 52 en contra y 92 abstenciones. Además del PP, también se abstuvieron Junts y tres diputados del Grupo Mixto.
Las ONG celebran la aprobación
Las ONG de desarrollo han celebrado la aprobación de la ley. “Valoramos positivamente que el proceso para su elaboración se haya abierto a la participación”, ha dicho la Coordinadora de ONGD, la plataforma estatal de organizaciones sociales y redes autonómicas dedicadas a la cooperación internacional. Según explica, los últimos dos años han sido de “intenso trabajo, de un rico diálogo con el Gobierno y los grupos políticos, en el que las propuestas de los distintos actores de la cooperación se han tenido en cuenta”.
A su juicio, la nueva ley marca la senda que “deberá seguirse de ahora en adelante para sacar a esta política pública de una década de debilitamiento” y la aprobación puede suponer “una fecha de inflexión” y el inicio de una nueva etapa para la cooperación. “Durante años, España ejerció una cooperación muy por debajo de las necesidades de millones de personas afectadas por la pobreza y las desigualdades; una cooperación muy alejada de los proclamados valores de búsqueda de justicia global y equidad entre los pueblos; una cooperación que quedaba a la cola de Europa. la aprobación de esta ley debería darle hoy un cierre definitivo a esta etapa”.
“Se inicia ahora un periodo en el que llevar a la práctica las reformas que la ley propone. 2023 será un año de intenso trabajo en este sentido”, dice la Coordinadora de ONGD. En concreto, sostiene, “será el año de articular las reformas que apunta la ley: la reforma de la AECID y del actual Consejo de Cooperación, una revisión del Estatuto de las personas cooperantes que mejore sus condiciones de trabajo, una revisión de los requisitos burocráticos en las subvenciones con el fin de evitar procesos extremadamente complejos o un estatuto del nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) que logre que la cooperación financiera sea sostenible, responsables y efectiva”.
“El apoyo casi unánime a esta ley debe marcar la dirección a seguir. Como organizaciones de la sociedad civil, estaremos atentas y a disposición para que así sea”, concluye la Coordinadora de ONGD.
Con información de agencias.