En su lógica de destinar fondos a países africanos a cambio de mayores controles en las fronteras, Malí y Níger son dos prioridades para la Unión Europea. Malí, por ser un país de origen de migrantes. Níger, porque es el cruce principal de las rutas migratorias hacia el Mediterráneo central. Los dos están respondiendo a la petición de su “socio” con fórmulas distintas: Níger, cerrando rutas, formando a policías y arrestando a jóvenes acusados de tráfico de personas; Malí, facilitando la identificación de quienes llegan a Europa.
En esta estrategia de la UE hay un momento clave: noviembre de 2015, la Cumbre de La Valeta. Estados miembros y colaboradores africanos se sentaron por primera vez en la misma mesa y constituyeron el Fondo Fiduciario europeo de Emergencia para África, el 'Trust Fund', ahora dotado de 2.820 millones de euros, el 95% de los cuales procede de fondos para la cooperación y la ayuda humanitaria. En septiembre de 2016, el Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración añadió otros 3.350 millones de euros al presupuesto total.
El Gobierno nigerino ha recibido de este fondo casi un total de 150 millones de euros, de los cuales ha utilizado 92 millones para “prevenir la inmigración ilegal y los desplazamientos forzados”. Los gobernantes de Malí han obtenido la misma cantidad total. En este caso, las autoridades malienses han destinado 40 millones a un proyecto específico solo para la integración de los migrantes expulsados de Europa.
Así, la reacción de los dos países africanos ha sido diferente. Níger no ha dudado en aceptar todas las peticiones de Bruselas, lo que lo ha convertido en un “modelo” en la estrategia de la “externalización” de fronteras, como lo es Turquía en la ruta oriental. Una elección sencilla de cara a la opinión pública nacional, dado que la mayor parte de los migrantes implicados en los flujos no son de origen nigerino.
Diferente es el caso de Malí. El Gobierno de Bamako ha mostrado una fuerte resistencia, debido al peso de las remesas de los malíes en el extranjero en la economía del país. Sin embargo, las autoridades no han puesto fin a las negociaciones con la UE sobre los fondos y otras formas de colaboración.
Níger: controles en Agadez, ciudad clave en la ruta
En su oficina en la capital nigerina, Niamey, el ministro del Interior, Mohamed Bazoum, cuenta la receta que ha permitido convertir a Níger en un país fundamental en este sistema configurado por Europa. “Desde el mes de junio hemos puesto en práctica una política que nos ha permitido reducir de manera drástica el número de personas que entran en nuestro territorio con la intención de continuar el camino hacia Italia”, explica.
Para hacerlo, los instrumentos utilizados son variados y los esfuerzos se concentran en hacer operativa la ley del 36/2015, la legislación nacional contra el tráfico y la trata, que “nos ha permitido –prosigue Bazoum– interceptar a 113 vehículos y a mandar a la cárcel a 126 personas”. La acusación es la misma para todos: tráfico de seres humanos.
Sin embargo, los 125 presuntos criminales, que podrían pasar de cinco a diez años en una celda, no siempre son traficantes que se enriquecen con el sufrimiento de los inmigrantes. Se trata, más bien, de jóvenes de Agadez que conocen el Teneré y las rutas más frecuentes hacia las fronteras libia y argelina, según el gobernador de la región de Agadez, Mohamed Anacko.
“Los jóvenes arrestados no son criminales. Se piensa que todos los actores involucrados en el flujo migratorio son criminales solo porque la ley dice que lo son. Pero en ningún momento estos jóvenes han sido delincuentes”, sostiene.
La ciudad de Agadez, llamada la “puerta del desierto” por su posición estratégica en las rutas del Sáhara, ha pagado el precio más alto desde la firma de los acuerdos. Aquí las rutas migratorias constituyen, desde siempre, la columna vertebral de la economía local, y la que era la principal fuente de subsistencia se ha transformado, en pocos meses, en un fenómeno cada vez más criminalizado e invisibilizado.
La fórmula propuesta por los europeos y aceptada por Niamey contempla, sobre todo, la formación de policías nigerinos. De ello se ocupa la misión europea antiterrorista de EUCAP Sahel. El objetivo: bloquear el mayor número posible de vehículos y, por tanto, de inmigrantes que salen desde Agadez para Libia y Argelia.
Pero la historia de las migraciones enseña que el cierre de una ruta no frena de ninguna manera el fenómeno. Como mucho, lo desplaza a rutas paralelas, a menudo más peligrosas y caras, especialmente en lo que se refiere al número de vidas humanas perdidas.
Desde el mes de octubre, para evitar el aumento de los controles a las puertas de Agadez, se han abierto dos nuevas rutas. La primera cruza Malí, y se trata de una vieja ruta abandonada después del conflicto en el norte del país. Desde Gao, entrando en Argelia, se abre la posibilidad de intentar el “salto a Europa” cruzando Libia o Marruecos.
La segunda, en cambio, sale de nuevo desde Agadez y se dirige a la frontera entre Níger y Libia, pero por rutas menos frecuentadas. Fuera de los caminos más conocidos, los migrantes se convierten en presa fácil de los grupos de bandidos que asaltan a las personas en este trocito de desierto. También está el riesgo de que un pequeño problema en el motor de un todoterreno se vuelva una tragedia.
Soldados en los puntos donde paran a buscar agua
La voluntad del Gobierno nigerino es clara: aumentar los controles en la región con la presencia de soldados en todos los “puntos de agua”. Oasis, pozos y depósitos son paradas obligatorias para suministrar un bien esencial para el que pasa días y días en el desierto. Controlando los puntos de agua se controlan las rutas. El Gobierno de Niamey lo sabe muy bien y no parece preocupado por el impacto que esta medida puede tener en aumento del riesgo en el desierto.
“Hemos pedido un cierto número de infraestructuras militares porque el Ejército es el que hace este trabajo. Necesitamos cuarteles y medios para movernos y para recorrer largas distancias, si queremos estar presentes en los puntos de agua”, asegura el ministro nigerino. La petición es formal, Bazoum sabe incluso cuántos fondos necesita Níger para cumplir con la función de guardias del desierto: 350 millones de Francos Cfa, 535 millones de euros.
Italia ha contestado inmediatamente a la petición asignando 50 millones de euros del Fondo para África, además de su aportación al fondo fiduciario. Todo ello está recogido en el balance financiero 2017 destinado a la cooperación internacional, a pesar de que se utilizará para pagar vehículos e instrumentos para el control de personas.
“Estas decisiones ponen en peligro a los migrantes”
Sin embargo, el impacto en la vida de los migrantes preocupa a las asociaciones locales. “Para nosotros, como para toda la sociedad civil, al tomar estas decisiones ponemos en peligro a los inmigrantes, porque la principal consecuencia de que las etapas no sean seguras, es que los migrantes correrán más riesgos”, reitera Hassane Boukar de la Asociación nigerina Alternative Espace Citoyens.
La misma organización subraya, en un informe sobre la región, que el precio de los transportes ha aumentado desde que los controles dificultan las rutas. El trayecto desde Agadez hasta Sabha, en Libia, costaba 80.000 francos Cfa en julio del 2016 y, en pocos meses, ha pasado a costar 150.000.
El documento concluye que las medidas preventivas y disuasorias de los ministerios del Interior y de Justicia violan incluso el protocolo de libre circulación en el espacio CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental).
Malí: actuar sin crear malestar entre sus emigrantes
Malí tiene un comportamiento diferente a Níger, más abierto al diálogo, pero se mantiene inmóvil en su no a un acuerdo de readmisión. Un acuerdo que, al facilitar la expulsión de los ciudadanos malíes irregulares en Europa, crearía tensiones con la diáspora, hasta ahora la principal fuente de ingresos económicos del país.
“Hay cuatro millones de malíes en el extranjero, por lo que prácticamente a todas las familias les toca algo”, afirma Boulaye Keita, consejero técnico del Ministerio de los Malíes en el Extranjero. Las estadísticas del 2015 muestran que los emigrantes han aportado a la economía del país más de 130 millones de euros, sin contar todo lo que se mueve en transacciones informales.
Para Keita, que ha seguido todos los encuentros en La Valeta representando a su país, la polémica sobre la posible firma de un acuerdo de readmisión ha terminado. “La última declaración oficial y política acerca de esta cuestión era la del Presidente de la República, con motivo de la cumbre África-Francia, en la que se dice que Mali no firmará. No hemos firmado y no firmaremos”, asevera el consejero. Esto no significa que Mali rechace las expulsiones, sino que prefiere actuar sin crear malestar entre sus emigrantes.
Sin embargo, la aprobación de un proyecto de 25 millones de euros para biometrizar –a través de datos como las huellas digitales–, los documentos de identidad de los malíes es un paso en esta dirección para facilitar las readmisiones. Boulaye no esconde que este proyecto, aunque a menudo sea presentado como una forma de modernización del país, “interesa mucho a los amigos europeos”. “Si arrestáis a alguien en Europa y posee documentos biométricos, no puede negar que sea malí”, sentencia.
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Nota: esta investigación fue financiada por l'European Journalism Centre (EJC) a través del Innovation in Development Reporting Grant Programme (www.journalismgrants.org).