La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, ha ordenado este jueves a Myanmar la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingyas de un supuesto genocidio. El alto tribunal de la ONU ha decidido, por unanimidad, obligar a Myanmar a tomar “todas las medidas a su alcance” para prevenir crímenes contra los rohingyas en su territorio, como el asesinato de sus miembros.
Según publica The Guardian, la corte ha determinado que los 600.000 rohingyas que todavía permanecen en el país son “extremadamente vulnerables” a la violencia militar.
El Ejército también deberá evitar otros delitos que puedan cometerse contra la minoría musulmana, como que sus miembros sean víctimas de “daños mentales o corporales” o la imposición de medidas “que prevengan el nacimiento” de rohingyas. Asimismo, tanto el Ejército de Myanmar como “grupos armados irregulares” no podrán cometer actos que supongan la comisión del delito de genocidio o de intento de genocidio, según recoge EFE.
Las medidas “deberán ser efectivas”, ha dicho el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf, que ha leído la decisión. Ha añadido que las autoridades de Myanmar tendrán que “preservar las evidencias relacionadas con las alegaciones” de genocidio, las cuales se estudiarán cuando se juzgue el fondo del asunto.
El fallo llega después de que la antigua Nobel de la Paz y líder birmana, Aung San Suu Kyi, que encabeza la defensa contra su país negara las acusaciones de violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que se presentaron contra ella durante las vistas preliminares que tuvieron lugar en el mes de diciembre.
Este dictamen hace referencia solamente a la petición de Gambia de aplicar medidas preliminares, pero en ningún caso es la decisión final del alto tribunal, que podría tardar años en llegar. Por unanimidad, los 17 jueces han solicitado a Myanmar que tome las medidas que estén a su alcance para prevenirlos daños a la minoría musulmana y dar cuenta de ello en cuatro meses. Una vez entregado ese primer informe, Myanmar deberá entregar otro cada seis meses con un seguimiento del cumplimiento de esas medidas hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del caso.
En la vista de diciembre, Suu Kyi defendió como “conflicto armado” la violencia en el estado de Rakhine, al oeste del país , y explicó que el término “operaciones de limpieza” utilizado por los militares para las actuaciones de respuesta en Rakhine “ha sido distorsionado”, porque “en la lengua de Myanmar significa 'liberación de localidades en busca de terroristas'”. “En mi país no se toleran las violaciones de derechos humanos”, afirmó en diciembre quien fuera galardonada con el Nobel de la Paz en 1991.
El ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou, por su parte, explicó que “otro genocidio está sucediendo ante nosotros, pero no hemos hecho nada para pararlo”, y añadió que “lo único que pide Gambia es que le diga a Myanmar que detenga estos asesinatos sin sentido, estos actos de barbarie que siguen escandalizando nuestra conciencia colectiva”.
Gambia, basándose en la Convención contra el genocidio, denuncia el intento de exterminio de los rohingyas en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, basándose en informes elaborados por la ONU, que documentó la violencia sufrida por unos 700.000 rohinyás que huyeron de Myanmar a Bangladesh tras dos oleadas de brutales operaciones militares en 2016 y 2017, donde murieron miles de civiles.