Ante la sorpresa y conmoción de la comunidad internacional, la premio Nobel de la Paz y líder de Myanmar (antigua Birmania), Aung San Suu Kyi, ha defendido este miércoles en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la actuación del Ejército de su país, al que Gambia acusa de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.
Suu Kyi ha definido como “conflicto armado interno” la violencia en el estado de Rakhine, al oeste del país , y ha explicado que el término “operaciones de limpieza” utilizado por los militares para las actuaciones de respuesta en Rakhine “ha sido distorsionado”, porque “en la lengua de Myanmar significa 'liberación de localidades en busca de terroristas'”. “En mi país no se toleran las violaciones de derechos humanos”, ha afirmado quien fuera galardonada con el Nobel de la Paz en 1991.
Según la líder, el país africano ha presentado una “fotografía incompleta y engañosa” de la minoría musulmana. Gambia denuncia el intento de exterminio de los rohinyá en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, basándose en informes elaborados por la ONU, que documentó la violencia sufrida por unos 700.000 rohinyás que huyeron de Myanmar a Bangladesh tras dos oleadas de brutales operaciones militares en 2016 y 2017, donde murieron miles de civiles.
La Consejera de Estado de Myanmar afirma que los ataques fueron iniciados por miembros del Ejército de Salvación de Arakan Rohingya (ARSA, por sus siglas en inglés). Ante un panel de 17 jueces, ha descrito varios asaltos a los que han hecho frente varias comisarías de policía y que habrían tenido como objetivo a miles de agentes, asegurando que “se han implementado medidas de seguridad en la zona de conflicto”.
Según Suu Kyi, el alto tribunal de la ONU no debe intervenir porque Myanmar ya ha puesto en marcha tribunales que juzgan las actuaciones más polémicas del Ejército. “Si los militares han cometido delitos, serán procesados por la Justicia militar, tal y como dice la Constitución de Myanmar”, ha asegurado, aludiendo al texto aprobado en 2008, que otorga al Ejército una independencia casi total con respecto al Gobierno civil. “¿Cómo puede haber un intento de genocidio, si estas medidas se han puesto en marcha en Rakhine?”, ha dicho frente al tribunal.
Un largo proceso judicial
Este martes, con el turno de Gambia, se iniciaron las vistas preliminares en las que los dos Estados presentan oralmente y en audiencia pública sus argumentos, con los que dan comienzo a un proceso que podría prolongarse durante años. Ante la CIJ no se aplican cargos penales contra individuos, se trata una litigación entre los dos Estados en la que el tribunal se limitará a sopesar los argumentos presentados por ambas partes.
Gambia ha acusado a Myanmar basándose en la Convención contra el Genocidio y ha solicitado la implementación de medidas cautelares para proteger a los rohinyás. Suu Ky ha pedido hoy al tribunal que no las aplique, pues “podrían agravar el conflicto”. Ahora, el Tribunal decidirá si las requiere a Myanmar para garantizar que no se produce ninguna violación de la Convención y, de hacerlo, la orden sería enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia tienen derecho a veto y lo han empleado en el pasado para defender a al país.
Mientras tanto, varios generales del Ejército birmano se enfrentan a posibles acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), también radicado en La Haya, y a una denuncia en Argentina según el principio de justicia universal.