La cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Bruselas ha dejado más preguntas que respuestas sobre el papel, pocos compromisos en la práctica y una sensación general de déjà vu entre las ONG y expertos que llevan tiempo pidiendo un cambio de rumbo en las políticas migratorias. Una vez más, la reclamada reforma del sistema común de asilo queda pospuesta. Una vez más, la opción de acoger o no acoger a las personas refugiadas depende de la voluntad de cada país.
El mantra de la “solución europea”, tan repetido en los últimos días, se queda en poco más que palabras, según las expertas consultadas. “Todos los líderes tratan de hacer ver a sus electorados que han conseguido lo que querían, pero en la práctica esto se queda en nada. La sensación es la misma de siempre, pero cada vez es más peligroso, porque cada vez estamos más cerca del abismo”, sostiene con preocupación Amparo González, socióloga experta en inmigración internacional.
“Ni rescatamos a la gente, ni convencemos de que hay que rescatar, ni profundizamos en la unión y encima le hacemos el juego a quienes quieren cargarse la UE, como Italia o Hungría”, asegura en una conversación con eldiario.es.
Para Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies, el campo queda abonado para que episodios como el vivido con el buque de rescate Aquarius tras el rechazo de Italia y Malta, que solo pudo solucionarse tras un ofrecimiento de España a acoger la nave, vuelva a repetirse.
“Si vuelve a suceder, tras esta cumbre volveríamos a depender de las decisiones de un país. Es una repetición constante: cada país va a hacer lo que quiere, y al final no hay ni repercusiones ni soluciones. Italia, por ejemplo, sale contenta porque puede hacer lo que le de la gana sin ningún tipo de coste. La situación actual apuntaba a respuestas mucho más comunes y menos individuales”, sostiene la investigadora.
Centros “controlados” en la UE, pero voluntarios
Tras horas de negociación de madrugada, este viernes ha amanecido con un acuerdo que siembra más dudas que certezas para dar una respuesta a las personas rescatadas en su intento de llegar a Europa. “Partiendo de un esfuerzo compartido”, recalca el documento de conclusiones, estas personas pasarán a ser trasladadas a centros “controlados” establecidos en Estados miembros. Su intención es separar en ellos a los refugiados “con derecho a permanecer” en los Veintiocho y los migrantes que no, que serán devueltos, dicen, a sus países de origen.
No se precisa de si se tratará o no de centros cerrados, tal y como apuntó el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, cuando hizo pública la propuesta. Se insiste en que se construirán de forma voluntaria y, por el momento, ningún país se ha mostrado dispuesto a albergarlos.
Uno de los primeros en descartar la idea ha sido precisamente Macrón, a pesar de que ha reiterado la importancia de “ser más solidarios” con los países de primera llegada, como Italia, Grecia o España. Así, la mayoría apunta a que los centros “controlados” deberían estar en los Estados fronterizos. Estos, sin embargo, se han mostrado cautos, aunque sí han celebrado la promesa de recibir más recursos para gestionar las llegadas de migrantes a sus costas.
Pocas son las concreciones de los planes de la UE y las que hay despiertan recelos. Macrón ha dado algunas pistas al apoyar este viernes un sistema similar al de los centros de Lesbos (Grecia). Son los llamados 'hotspots', creados hace tres años en el país heleno e Italia para dar respuesta al aumento de los flujos, identificar a los recién llegados y organizar los trámites de las solicitudes de asilo.
El modelo, que en un primer momento tuvo buena acogida, ha acumulado una lluvia de críticas en los últimos años. Varias voces denuncian que se han convertido, de facto, en centros de detención durante meses para refugiados y migrantes, mientras los países incumplen sus compromisos de acogida. En el centro cerrado de Moria, miles de personas permanecen atrapadas a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo en “condiciones deplorables”, según las ONG, y en unas instalaciones que duplican su capacidad.
“Los centros 'controlados' suenan mucho a lo mismo, pero hay mucha ambigüedad en la declaración. La única diferencia, por ver algo positivo, es que si se cumple lo que dicen, se financiarían con fondos europeos y contaría con personal de Acnur y la OIM”, matiza González. El problema, apunta, vuelve a recaer en la voluntariedad. Para los países no solo es voluntario construirlos, también trasladar a los refugiados que lleguen a los centros de otros Estados de la UE.
Lejos queda, de nuevo, la apuesta por que las cuotas de refugiados sean obligatorias para compartir los flujos con los principales países de entrada, como ha defendido la Comisión Europea en otras ocasiones. Los precedentes se reflejan en cifras, en el sonoro fracaso de los compromisos pactados para reubicar a refugiados desde Grecia e Italia, cuyo plazo expiró el pasado septiembre. De los 160.000 refugiados que acordaron acoger, apenas han recibido a un 21%.
“¿De qué sirve hablar de centros de acogida a nivel estatal si no existe solidaridad entre los Estados Miembros? Esto y nada es lo mismo. Y sin solidaridad, el riesgo de que se repitan Morias a coste de cada Estado, sobre todo en los fronterizos, es elevadísimo”, sostiene Pinyol. “Como sistema no tiene por qué estar mal, porque en algún sitio tienen que desembarcar estas personas y registrar sus huellas. El problema de fondo es que estos centros funcionarían bien y serían viables si hubiera un compromiso de compartir la responsabilidad para acoger a quienes llegan. Y esta condición necesaria previa no se da”, coincide González.
También genera inquietud la “rapidez”, recogida en el documento de conclusiones, a la hora de identificar quién tiene derecho a protección. “Entre las muchas dinámicas perversas que llevamos, está esta distinción un tanto falsa entre refugiados y migrantes ecónomicos. El proceso en estos centros se quiere hacer con mucha celeridad para que la gente no quede retenida y evitar como dicen 'la carga' en los países, pero es contradictorio con un acceso adecuado al proceso de asilo, que requiere un estudio pormenorizado de cada caso, y eso no se puede hacer rápido”, agrega la experta.
Los líderes piden estudiar los centros fuera de la UE
Los dirigentes europeos se han mostrado más imprecisos aún con los centros para clasificar a migrantes en países de norte de África, una idea que el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha defendido ante el cierre de filas de los países como Italia. “Algunos pueden pensar que soy muy duro en mis propuestas pero créanme, si no las acordamos, entonces se verán algunas propuestas realmente duras del algunos 'tipos' realmente duros”, indicó.
Esta propuesta no ha terminado de concretarse en las conclusiones ni en las declaraciones posteriores ante los medios. El Consejo Europeo ha pedido al Consejo de la UE y a la Comisión “explorar rápidamente” el concepto de estas “plataformas de desembarco regional, en estrecha cooperación con países terceros relevantes, así como con el Acnur y la OIM”. Es su propuesta para un “nuevo enfoque”, dicen, que dé respuesta a la “trágica pérdida de vidas” en el Mediterráneo.
“Este sería otro tipo de modelo de centro que me preocupa muchísimo. Lo hemos visto con el modelo australiano [con centros para solicitantes de asilo en la isla de Nauru, en el Pacífico], donde las violaciones de derechos humanos son sistemáticas”, argumenta Pinyol. “Pero la veo muy dudosa porque este tipo de procesamiento en la práctica es poco viable y el único país en que se intuye que puede suceder es Libia, y porque es un Estado sin Estado”, explica. De momento, Marruecos, Argelia o el Gobierno sostenido por la ONU en Trípoli se han negado “categóricamente” a albergar estas instalaciones en su territorio.
La Organización Internacional para las Migraciones, organismo la ONU que según el acuerdo participaría en dichos centros, ha mostrado también sus reticencias con ejemplos que ya existen, como los centros en Libia. “Nosotros hemos insistido y seguimos haciéndolo en que los centros como los de Libia deberían cerrarse. Los centros de internamiento extraterritoriales no son para nada nuestra idea”, ha afirmado uno de los portavoces, Leonard Doyle en rueda de prensa.
El resto de resultados de la cumbre tampoco son muy novedosos, pero van en la línea de lo que numerosas voces vienen criticando: la progresiva “externalización” del control de fronteras de la UE a terceros países con el riesgo, denuncian, de que miles de personas con necesidad de protección queden atrapadas allí.
Los dirigentes apuestan por reforzar el control “en las fronteras exteriores” de la UE: más dinero a los países de tránsito y origen, como Marruecos; más esfuerzos para aplicar el tratado con Turquía y frenar las llegadas a Grecia; y más apoyo a los agentes libios que patrullan las aguas del Mediterráneo, con numerosas denuncias de vulneraciones de derechos humanos a sus espaldas.
Todo ello, en una reunión de líderes que se calificó de “decisiva” y que ha venido aderezada, dicen las expertas, de “sensación injustificada de alarma” respecto al número de personas que logran llegar a las costas europeas. Si en 2015 las cifras superaron el millón de personas, en 2017 apenas alcanzaron las 172.000 llegadas. En lo que va de año, han desembarcado 45.000 personas en suelo europeo.
“Lo hemos visto en el uso de las palabras: hablan de 'inmigración ilegal' todo el rato. Es una situación muy seria, pero es una crisis política de la UE, no migratoria. Han creado un entorno en el que su discurso encaja y no se ofrecen otras alternativas legales: visados temporales, permisos de trabajo... Aquí es donde debería estar el debate. Algún día tendrá que cambiar, porque mientras siga habiendo conflictos, habrá gente que quiera huir”.