Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana cuando un grupo de hombres armados entraron en la oficina de Save the Children en la ciudad de Jalalabad, en el este de Afganistán. Poco antes, un atacante había detonado un vehículo cargado de explosivos en la entrada del edificio. Al menos 10 personas han muerto y 26 han resultado heridas en el ataque, que ha sido reivindicado por Estado Islámico (ISIS).
Cuatro de los fallecidos eran empleados de la ONG. Cuatro nombres más que se suman a la lista. Entre 2007 y 2017, al menos 1.155 cooperantes han sido asesinados en todo el mundo, según se desprende de la base de datos de Humanitarian Outcomes, un equipo de investigadores especializados en ayuda humanitaria.
Además de hacer frente a un número cada vez mayor de emergencias, los trabajadores humanitarios corren graves riesgos a la hora de ejercer su labor en un contexto de violencia creciente contra la población civil. En este mismo periodo, se registraron 1.743 ataques contra organizaciones en los que 1.110 empleados resultaron heridos y 942 fueron secuestrados.
En el recuento figuran profesionales de Naciones Unidas, así como personal de ONG y de Cruz Roja y la Media Luna Roja. La gran mayoría de las víctimas, el 85%, eran empleados nacionales de los países en los que trabajaban, ya sea para organizaciones internacionales o locales. Son ellos, los trabajadores nacionales, quienes tienen por lo general mayor presencia en los proyectos y operaciones humanitarias.
Afganistán, uno de los países más peligrosos
Debido a la inseguridad para sus trabajadores, las organizaciones se ven a menudo empujadas a interrumpir sus actividades. Este miércoles, Save The Children ha decidido suspender temporalmente sus programas y cerrar sus oficinas en Afganistán, sumido en una ola de violencia contra los civiles tras décadas de guerra. Hace cuatro meses, el Comité Internacional de la Cruz Roja tomó una decisión similar: reducir “drásticamente” sus operaciones en el país asiático. Desde enero, había perdido a siete trabajadores en ataques armados, entre ellos la española Lorena Enebral.
Afganistán se encuentra entre los países más peligrosos para ejercer la labor de cooperante, según las cifras recabadas por Humanitarian Outcomes. De acuerdo con su último informe, Detrás de los ataques, el secuestro es “la principal forma de violencia” utilizada contra ellos en el país, aunque también han sido víctimas de bombardeos aéreos contra instalaciones sanitarias, como el perpetrado por EEUU contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, en 2015. 14 empleados de MSF murieron en aquel ataque.
En 2017, Sudán del Sur fue el escenario más violento para los cooperantes. El joven país registró el mayor número de ataques debido al recrudecimiento del conflicto y a la violencia por parte de las fuerzas militares del Estado.
En otro de los países más inseguros, Siria, el contador estaba en cero hasta el inicio de la guerra en 2011. Los trabajadores han fallecido, sobre todo, en bombardeos aéreos como el que alcanzó a camiones fletados por la ONU y la Media Luna Roja en Alepo en septiembre de 2016, año analizado en el último informe.
Estados y grupos armados, principales responsables
“Cuando se miden solo por el recuento de cuerpos, los Estados son responsables del mayor número de víctimas mortales de trabajadores humanitarios”, señalan los investigadores en el documento. Los bombardeos también han sido “altamente letales” para los cooperantes en Yemen, azotado por la guerra y el bloqueo humanitario impuesto por Arabia Saudí.
Aunque en contextos de conflicto estos ataques suponen un pequeño porcentaje respecto a la violencia general, son a menudo un objetivo “útil” para los grupos combatientes, según el informe. “Puede ser un medio para desestabilizar y deslegitimar el orden actual, castigar o extorsionar a una población local, aumentar su visibilidad o simplemente obtener recursos en forma de bienes, dinero, vehículos o rescates”, describen.
República Centroafricana, Somalia, Nigeria y República Democrática del Congo también se encuentran entre los países más peligrosos para la tarea humanitaria. Grupos insurgentes nacionales como Al Shabaab, o los talibanes en Afganistán, perpetraron el 57% de los ataques registrados entre 2011 y 2016. Grupos internacionales como Al Qaeda o ISIS, que se ha atribuido el atentado contra Save the Children, son responsables de un número menor de ataques pero con mayores tasas de mortalidad.
“Son más letales en sus medios y a menudo se dirigen específicamente contra trabajadores de ONG internacionales. Consideran a las organizaciones de ayuda como amenazas potenciales para su autoridad. Cuando intentan gobernar un territorio y proporcionar cierto grado de servicios públicos, les interesa concederles un acceso seguro”, resumen.
Y, tras la violencia contra los empleados de estas organizaciones, protegidos por el derecho internacional humanitario, llega la impunidad. “Los actores estatales y no estatales han violado por igual esta norma repetidamente y con aparente impunidad, ya que la gran mayoría de los ataques de los trabajadores humanitarios no se resuelven y quedan sin castigo”, concluyen desde Humanitarian Outcomes.