La Justicia de Honduras ha declarado culpable este lunes al hondureño Roberto David Castillo como coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, un crimen por el que siete personas ya fueron condenadas en 2019, según ha confirmado una fuente judicial. El condenado es el expresidente de la constructora responsable de la hidroeléctrica contra la que se opuso la activista hondureña.
El fallo ha sido notificado por el Tribunal de Sentencia “por unanimidad de votos” y la pena de prisión a la que será sentenciado Castillo se conocerá el próximo 3 de agosto, según ha anunciado a los periodistas la portavoz del poder Judicial, Lucía Villars. Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue condenado como “coautor intelectual” del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y puede enfrentar una pena de entre 20 y 25 años, agregó.
Berta Cáceres fue asesinada del 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, por su lucha contra megaproyectos como el de la hidroeléctrica de DESA.
Según el Tribunal de Sentencia, el condenado tuvo comunicación con Douglas Bustillo, uno de los siete condenados en diciembre de 2019 como coautor del crimen de Berta Cáceres, agregó Villars.
“Supuestamente David Castillo habría trabajado en la organización y logística para darle muerte a Berta Cáceres”, subrayó la portavoz del Supremo hondureño.
La ambientalista, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en 1993, se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen. DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra por parte del Copinh y la familia de Berta Cáceres.
La sentencia es, según Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, “una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”. Los seres queridos de la defensora del medioambiente han exigido también la cancelación de la concesión de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía la defensora.
La condena, ha apuntado, significa que “las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos”, indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en una rueda de prensa posterior al anuncio del fallo.
La causa Berta Cáceres, defiende, “no termina” con la resolución del Tribunal hondureño, pues la familia busca llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, ha añadido.