Para el pueblo lenca el río Gualcarque es sagrado. Un elemento fundamental de su territorio y forma de vida que les garantiza la soberanía alimentaria, medicinas y espiritualidad. Por eso, cuando en 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron hasta el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) denunciando la entrada de maquinaria en sus tierras, Berta Cáceres, su coordinadora general, una mujer crecida en la defensa de los derechos ambientales, intuyó que se avecinaban años de lucha. Lo que tal vez no imaginaba entonces es que acabarían echando del territorio a la mayor empresa constructora de presas del mundo, la compañía china Sinohydro. Cáceres recibió a finales de abril uno de los prestigiosos premios Goldman, conocidos como los Nobel del Medio Ambiente.
“Lo que nos inspira no son los premios sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”, afirma desde la ciudad hondureña de Tela. Es la primera hora de la mañana del jueves y Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se ha desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.
“Se va a celebrar una audiencia contra toda una comunidad, unas 300 personas. Quieren expulsarlos y los acusan de usurpar tierras, imagínese, después de una lucha enorme y de haber sido brutalmente agredidos. Están citados en un edificio casi de escombros que, irónicamente, perteneció a la Tela Railroad Comany, una de las transnacionales gringas [estadounidenses] que han despedazado este país”, cuenta.
La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Según el último informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación “¿Cuántos más?” señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenece Berta Cáceres.
“En Honduras se vive una situación trágica. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al sector poderoso económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada”, explica Cáceres, que denuncia cómo en su país “el aparato represivo armado protege los intereses de estas empresas”.
No es casual, por ejemplo, el auge de las empresas de seguridad privada en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías, existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.
Quienes se oponen a estos megaproyectos son duramente reprimidos. “Los que rechazamos estos proyectos de muerte somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia”, sostiene esta mujer, que ha experimentado prácticamente todas las formas de criminalización posibles.
Berta ha perdido a varios compañeros. El último de ellos, Moisés Durón Sánchez, de 54 años, “un hombre que luchó por el territorio y fue asesinado por unos sicarios recientemente”. O Tomás García, asesinado a tiros por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica contra la presa de Agua Zarca en 2013. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa, cuyo cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.
El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders.
“En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”, destaca la ganadora del Goldman.
La presa de Agua Zarca, una historia de éxito
Berta Cáceres orquestó la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) quien, a su vez, había subcontratado al gigante chino Sinohydro. Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). El proceso se había llevado adelante vulnerando el Convenio 169 de la OIT que exige el conocimiento previo e informado y la consulta con los pueblos indígenas y originarios.
Viajes a Tegucigalpa, cartas, quejas, protestas, denuncias ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… “Hicimos un trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas indígenas”. Ese año marcó el punto de ruptura. En abril bloquearon una de las carreteras para impedir el acceso al territorio. Allá han permanecido 21 meses, estratégicamente organizados, con un sistema de rotaciones y alertas, resistiendo las agresiones y ataques. En julio de ese año, tras la muerte de Tomás García, Sinohydro se retiró del proyecto y rompió su contrato con DESA. Más tarde, el IFC anunció la retirada de los fondos. La construcción de la presa se paralizó.
“Fue un logro importante, conseguimos expulsar a la mayor constructora de presas del mundo y detener toda la estrategia de represión y criminalización contra nosotros. Pero la concesión sigue. Hasta ahora a DESA no le ha sido fácil subcontratar a otra empresa, se retiró el IFC pero el FMO, uno de los organismos financieros más agresivos, todavía está involucrado. Quieren reactivar el proyecto en otra zona sobre ese mismo río y continúa la militarización”, alerta Cáceres, que insiste en destacar el valor colectivo de la lucha y la participación activa de las mujeres lencas en la misma.
“Tuve que hacer muchas cosas para protegerme”
Para Berta Cáceres, a la defensa activa de los derechos del medio ambiente se le suma el hecho de ser mujer. El desafío es doble. “No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, no tanto la transnacional sino la agresión machista por todos lados”.
Aun así, ella no ha pensando nunca en abandonar, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno hondureño por criminalizarla. Esta es una estrategia habitual contra los defensores medioambientales. La antigua Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, advertía en un informe sobre Honduras que quienes “denuncian problemas ambientales […] han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes”. Desde Global Witness alertan del uso por parte de algunos Gobiernos de legislación antiterrorista en contra de estos activistas, que pasan a ser catalogados como “enemigos del Estado”.
Berta ha sido acusada de “ser un peligro para la seguridad del Estado”, o de incitar a otras personas a cometer delitos. La han detenido en varias ocasiones y, en septiembre de 2013, dictaron una orden de encarcelamiento. Su caso fue recogido por Amnistía Internacional, que lanzó una acción urgente en su defensa. Durante unos meses vivió en semiclandestinidad y dos de sus hijas han tenido que abandonar el país. “Tuve que hacer muchas cosas para protegerme. En este país hay que inventar porque si no uno no sobrevive, y eso solo es posible con el respaldo de la comunidad. Pude haberme ido, haber pedido asilo político pero no quiero, es aquí donde quiero luchar”.
“Nuestras luchas se invisibilizan”
Luchar también por la visibilidad de lo que está sucediendo en los territorios indígenas y, en eso, reconoce, todo aquello por lo que ha pasado y el premio recibido ayudan. “Nuestras luchas se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos”, denuncia.
Reconoce que se enfrentan a un enemigo fuerte. En estos momentos, por ejemplo, están trabajando contra 50 proyectos de generación de energía, “otorgados ilegal e ilegítimamente”, apunta. “Hay 43 proyectos hidroeléctricos que privatizan ríos y 7 eólicos concedidos a grandes transnacionales. Solo en nuestra zona tenemos la amenaza de más de 100 concesiones mineras en el contexto de la entrega más brutal que ha habido en este país. Se están aprobando más de 870 concesiones mineras, el Estado les ha otorgado el 30% del territorio. Esto significa que la crisis y la conflictividad por el agua va aumentar, y también la militarización. El trabajo es infinito”.
En este sentido, y desde su experiencia sobre el terreno, Berta lanza un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán a finales de este año en París en la Conferencia sobre el Clima, la COP21: “Basta de hablar y hablar, queremos que actúen y eso empieza por el reconocimiento de que la destrucción ambiental y el cambio climático tienen razones estructurales. La gran causa es el capitalismo y mientras que no se eche atrás este sistema depredador se seguirán reuniendo en todo el tiempo que quede para la destrucción total del planeta”.