El Defensor del Pueblo pide coordinación entre Canarias y el Gobierno central para que los migrantes salgan del campamento policial tras 72 horas

Como ya ocurrió con el muelle de Arguineguín, la situación de los migrantes alojados en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco (Gran Canaria) está despertando la preocupación del Defensor del Pueblo tras distintas denuncias recibidas. Ante los casos documentados de personas que se ven forzadas a cumplir cuarentenas preventivas bajo las lonas del campamento policial, Francisco Fernández Marugán ha pedido más coordinación al Gobierno central y al canario para que los migrantes puedan confinarse en centros específicos para ello, una vez superado el límite legal de 72 horas, según la respuesta de la institución a una queja a la que ha tenido acceso elDiario.es.

“Las inclemencias climatológicas y el alto número de llegadas han provocado un deterioro notable de las condiciones de vida que han de soportar las personas tras una dura travesía, en un contexto de emergencia sanitaria como el actual”, sostiene el Defensor del Pueblo en su respuesta a la queja enviada por el letrado Daniel Arencibia, que denunciaba el caso de Oussman (nombre ficticio), quien permaneció confinado 11 días en el campamento policial con frío, sin ingerir comida caliente y sin poder ducharse.

A las precarias condiciones del campamento, se suma la prolongación de su estancia una vez superado el plazo máximo de tres días de detención sin orden judicial. “Tal y como esta institución tuvo ocasión de comprobar en el muelle de Arguineguín, se vuelve a superar con creces el periodo máximo de tres días legalmente previsto para mantener a estas personas bajo custodia policial”, dice Fernández Marugán en la contestación. El Defensor recuerda “los problemas de coordinación” provocados a lo largo del año pasado entre las autoridades sanitarias autonómicas y el sistema nacional de acogida, una situación que ya le empujó a solicitar información al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –encargado de la acogida– y a la Consejería de Sanidad canaria –con competencia en habilitar espacios para las cuarentenas–.

Ante la falta de respuesta de entonces por parte de la Consejería de Sanidad de Canarias, el Defensor del Pueblo emitió ya a finales de noviembre una recomendación en la que solicitaba “establecer los cauces de coordinación necesarios con la Administración General del Estado, los cabildos insulares y los ayuntamientos” a través de la identificación de “los recursos residenciales específicos” para cumplir con el aislamiento de los migrantes que llegasen de forma irregular a las islas y tuviesen un resultado positivo por coronavirus.

Por su parte, Migraciones aseguró entonces al Defensor del Pueblo que “continuaban” las gestiones para que las comunidades autónomas cediesen espacios para posibles cuarentenas, indica la institución. El Ministerio también defendía la existencia de tres centros de gestión compartida en Canarias para la realización de confinamientos por parte de los migrantes con PCR positiva o contactos estrechos, según recoge el documento.

Los centros habilitados para las cuarentenas “no parecen suficientes”

Dos meses después de estas explicaciones, Fernández Marugán reconoce no estar satisfecho con estas actuaciones. “A la vista de las quejas recibidas, no parece que los centros de gestión compartida habilitados en Canarias sean suficientes para dar respuesta al número de personas quienes, tras las 72 horas de detención, deberían pasar de inmediato a los citados recursos”, indica el documento, que también recuerda las “significativas carencias” detectadas también en el traslado de los migrantes desde el campamento policial a espacios de acogida humanitaria (o al CIE en su caso) para aquellas personas que no tengan que seguir un aislamiento por razones sanitarias.

Cientos de personas están siguiendo la cuarentena preventiva en el campamento por haber sido contacto estrecho de un positivo de COVID–19, ante la falta de espacio habilitado para este fin por parte de la Consejería de Sanidad de Canarias y la negativa del Ministerio de Inclusión a permitir el acceso a sus centros de acogida en estos casos, como marca su protocolo.

Si las condiciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco ya eran cuestionadas cuando los migrantes recién llegados en patera a Gran Canaria pasaban las reglamentarias 72 horas en su interior, la prolongación de la estancia está aumentando las críticas. El CATE, que carece de electricidad, está formado por una serie carpas, con alrededor de una treintena de camas de tipo militar. La localización del campamento, en una zona montañosa fresca y húmeda, sumada a la falta de ropa de abrigo, provoca constantes quejas sobre el frío que pasan en su interior, intensificadas tras el temporal en las últimas semanas.

La comida proporcionada, siempre fría, no es suficiente para un periodo superior a tres días, según el juez Arcadio Díaz Tejera, que tiene poderes en el control del campamento. El CATE tampoco cuenta con una fuente de agua corriente a la que puedan acceder los migrantes sin restricciones. Solo reciben un litro y medio de agua al día, mientras que muchas de las personas que han pasado por estas instalaciones aseguran no haber podido ducharse durante el tiempo que permanecieron allí.

A la vista de las quejas recibidas, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias “información complementaria” acerca de su compromiso de remplazar las tiendas del campamento por “instalaciones más sólidas” ya que, apunta, “no parece que la sustitución de las carpas por las otras instalaciones más sólidas se haya producido”. Según advierte Francisco Fernández Marugán, “la inadecuación” de las instalaciones la padecen también “los funcionarios de policía que se encargan de la custodia de estas personas”.