Cerca de 200 migrantes superan el límite legal de 72 horas en el campamento policial que sustituye a Arguineguín

A mediados de noviembre, cuando el campamento de Arguineguín (Gran Canaria) alojaba a miles de migrantes hacinados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que los recién llegados a las islas nunca estuvieron más de 72 horas en el llamado puerto de la “vergüenza”, unas declaraciones que desataron las críticas pues estaba demostrada la permanencia de decenas de personas durante más tiempo del límite legal de detención sin orden judicial. Dos meses después, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco que sustituyó al campamento del muelle aloja a cerca de 200 personas que ya han superado el plazo máximo de tres días bajo custodia policial marcado por la ley.

A pesar de que en las últimas 72 horas han llegado a Gran Canaria en patera 18 personas, cerca de 250 siguen en estos momentos en el CATE, según datos de Interior. El Ministerio reconoce que “se han excedido las 72 horas de reseña policial”. Según la cartera de Grande-Marlaska, en todos los casos se trata de personas que se encuentran en cuarentena preventiva por haber tenido contacto estrecho con casos positivos. “El Ministerio del Interior y la Policía Nacional están realizando el esfuerzo necesario para que estas personas puedan pasar la cuarentena sanitaria en las mejores condiciones, mientras la autoridad competente en este ámbito pueda hacerse cargo de ellos”, aseguran las mismas fuentes.

Estas cerca de 200 personas están pasando la cuarentena preventiva bajo carpas militares levantadas sobre un suelo de tierra, en medio de la nada y abrigadas con mantas finas. Los migrantes que han pasado por el campamento policial se quejan de haber pasado frío en sus tiendas semiabiertas. A ello se suma la bajada de temperaturas y las lluvias derivadas del temporal que ha golpeado a España en los últimos días. “Ha llovido como nunca y pensé en el barrizal que sería aquel campamento y el frío que estarían pasando. Lo pude contemplar desde la carretera, puesto que nos impiden el acceso. Ninguna persona debería pasar ni siquiera 72 horas en esas condiciones inhumanas”, ha afirmado el párroco del CIE de Gran Canaria, Antonio Viera, que visitó el CATE de Barranco Seco el pasado viernes.

Los migrantes pasan las horas bajo lonas sin apenas poder moverse en su interior, pues están ocupadas por una veintena de camas, separadas por estrechos pasillos. Los acogidos solo pueden salir a un espacio vallado de escasos metros con el que cuenta cada tienda en la zona exterior. Algunas de las personas que pasaron por el CATE han explicado a elDiario.es que apenas pudieron ducharse durante sus días en el campo policial.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable del albergar a los migrantes tras la reseña policial, señalan que, aunque tienen PCR negativa, los contactos estrechos no pueden acceder a sus centros de acogida. Su protocolo establece que deben “cumplir la cuarentena en el lugar establecido por la autoridad competente”, en este caso es la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Una vez seguido el aislamiento, estas personas pueden ser derivadas a las instalaciones de la red estatal.

No obstante, esto no siempre fue así. Durante los periodos de mayores llegadas de migrantes al Archipiélago, Migraciones permitía a los contactos estrechos positivos realizar su confinamiento preventivo en los hoteles convertidos en centros de acogida de emergencia. Según las mismas fuentes, el departamento dirigido por José Luis Escrivá hizo entonces “una excepción” y permitió que en algunos casos las cuarentenas se hicieran en los hoteles en colaboración con otras administraciones. Actualmente se vuelve a cumplir el protocolo, insisten.

Los migrantes que llevan más de 72 horas en el campamento de Barranco Seco deberían haber sido trasladadas, según Interior y Migraciones, a las instalaciones habilitadas para ello por la Consejería de Sanidad de Canarias, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es. Fuentes sanitarias que atienden a las personas llegadas por vía marítima a la comunidad autónoma aseguran que hay personas que llevan en el CATE más de diez días por un “problema en la gestión de los centros” habilitados para las cuarentenas. Estas mismas fuentes insisten en que los contactos estrechos con PCR negativa no deben ser obligados a mantener la cuarentena en el CATE, ya que no son positivos de COVID-19. Esta exigencia solo se impone de manera generalizada a los migrantes llegados de forma irregular a las costas españolas.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ya sirvió de justificación para mantener en el campamento de Arguineguín a los migrantes durante más de 72 horas. La jueza que archivó la causa sobre el hacinamiento de 2.600 personas en el muelle justificó que “la libertad ambulatoria puede encontrarse limitada por el protocolo a seguir”, considerando que existía una “prudente proporcionalidad entre la limitación del derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública”.

Sin seguimiento jurídico

El abogado especializado en extranjería Daniel Arencibia afirma que el 7 de enero se desplazó al CATE a sacar a un joven que estaba allí desde el 29 de diciembre. El letrado solicitó el documento que acreditara que el hombre estaba en libertad y también la prueba que mostrara que había dado negativo en la PCR, lo que demostraría su detención durante un plazo mayor de tres días. Sin embargo, no pudo acceder a ninguno de los dos papeles. El único documento con el que salió el migrante fue su orden de devolución.

Fuentes jurídicas que atienden a las personas retenidas en el CATE a su llegada explican que una de las principales funciones de los abogados de oficio que prestan servicio en el campamento es informar sobre la posibilidad de que los retenidos abandonen el lugar después de 72 horas. La asistencia letrada se hace por grupos de unas siete personas y tiene una duración aproximada de unos 20 minutos. En ocasiones recurren a los propios migrantes que manejan algunas palabras del español. La conversación con los abogados se produce poco tiempo después de que las personas hayan pisado tierra firme tras días de travesía y a pocas horas de que se cumpla el plazo para quedar en libertad. Hacer un seguimiento después de esta breve visita es una tarea “complicada”.

Los abogados también encuentran dificultades para dar una atención continuada a quienes cumplen con el perfil para solicitar la protección internacional. En las últimas semanas, los letrados han percibido un aumento en el número de personas malienses que pasan por Barranco Seco. Según Acnur, ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto de Malí debería ser devuelta de manera forzosa. Así, los Estados deben proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen de esta guerra.

“Los dejan internados en el CIE o los pasan a espacios de Cruz Roja y esto hace que no haya una comunicación fluida con los abogados. Los perdemos de vista y esto es un problema a la hora de llevar una defensa de modo correcto”, aseguran estas fuentes. En otros casos intentan desplazarse a la Península cuando quedan en libertad. Algunos consiguen llegar, pero el refuerzo policial en los aeropuertos canarios ordenado en las últimas semanas ha impedido el libre desplazamiento de los inmigrantes, que han quedado detenidos.