En 2019, 304 defensores de derechos humanos han sido atacados y asesinados por su trabajo en 31 países, según un informe reciente de la organización Front Line Defenders. Este año, en el que las protestas sociales han estallado en lugares tan dispares como Chile, Hong-Kong o Iraq, los autores de la investigación ponen el foco en las mujeres defensoras, que están “pagando un alto precio”.
Son 17 personas menos que en 2018, el año en el que 321 personas defensoras en 27 países fueron asesinadas por su labor, el número más alto jamás registrado, de acuerdo con el recuento de Front Line Defenders. América Latina continúa siendo la región donde se producen más asesinatos, y Colombia también repite como el país en el que más activistas han perdido la vida: 103 personas.
Este mismo martes, la ONU ha pedido medidas al Estado colombiano para atajar los ataques e investigar los asesinatos, y ha subrayado que en lo que va de 2020 ya han muerto otros 10 defensores en el país. A Colombia, según el balance de Front Line Defenders, le sigue Filipinas, con 43 defensores asesinados.
El informe señala que el 85% de las víctimas habían sido previamente amenazadas, bien individualmente o bien como parte de la comunidad en la que trabajaban o pertenecían. Además, el 40% de los defensores asesinados defendían los derechos de la tierra, los pueblos indígenas y el medio ambiente, un contexto que se da especialmente en América Latina.
En Honduras, donde miles de ciudadanos exigieron la renuncia del presidente, los asesinatos de defensores han aumentado cuatro veces con respecto al 2018, mientras que el número de víctimas ha descendido en Guatemala y México.
El peligro al que se enfrentan las defensoras
Un 13% de los asesinados eran mujeres, aunque perder la vida solo constituye la punta del iceberg de otras violaciones que recoge Front Line Defenders, como son las detenciones ilegales, los abusos físicos y verbales, las acciones legales o la violencia sexual.
El informe recuerda que las activistas saudíes Loujain al-Hathloul y Samar Badawi, que lideraron la lucha por el derecho a conducir, por poner fin al sistema de tutela masculina y por la igualdad de acceso, siguen en prisión. En el vecino Irán, Nasrin Soutoudeh fue condenada en marzo a 33 años de prisión y 148 latigazos, la sentencia más larga que ha recibido un defensor en 2019.
“Las amenazas y ataques contra las defensoras de los derechos humanos adquieren dimensiones específicas de su género y a menudo implican amenazas y violencia sexual”, ha denunciado la subdirectora de protección de FLD, Meerim Ilyas, en la presentación del informe. “Las mujeres son castigadas por su trabajo público con ataques en su vida privada en los que se cuestiona su papel como madres, esposas y parejas”.
Migración y derecho de reunión pacífica
El informe documenta cómo los defensores que trabajan para apoyar y proteger a los migrantes han sido blanco de ataques en todo el mundo. La ONG señala el caso de la activista Helena Maleno, y destaca que la causa por sus llamadas a salvamento marítimo fue archivada por los tribunales marroquíes el año pasado. Sin embargo, la organización denuncia que este caso “contribuyó a la estigmatización y al clima de intimidación que se vivió en el país contra los defensores de los derechos de los migrantes en España”.
En lo referente a Europa, la ONG subraya que el derecho de reunión pacífica continúa siendo violado en muchos países de la región, y menciona el caso de Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural que en octubre fue declarado culpable de sedición y condenado a nueve años de prisión en relación con el fomento de las manifestaciones pacíficas en Cataluña.