Desde su oficina, la investigadora para Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb, señala a seis de los defensores de derechos humanos detenidos la semana pasada en el Hotel Ascot de Estambul. Sus rostros aparecen a modo de trofeo en la portada del conservador periódico Takvim, reconocido rotativo en Turquía: 'Ascot Tutuklamasi' ('El arresto de Ascot'), reza el titular.
Bajo sus fotos, se detalla el papel de cada uno de ellos en el supuesto entramado para desestabilizar el gobierno de su líder, Receep Tayyip Erdogan. El Hacker, La que planea el caos, lazos con el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistan), o lazos con FETO (Organización de Fetullah Gullen) son algunas de las etiquetas que han recaído sobre ellos.
Una de las caras visibles, Idil Eser, es directora de Amnistía Internacional (AI) en Turquía y ya ha sido enviada a prisión preventiva acusada de tener relación con la banda kurda. La organización que representa ya ha condenado el ataque tildándolo de “caza de brujas por motivos políticos que augura un futuro aterrador para los derechos humanos en Turquía”.
Andrew Gardner, investigador de AI en el país, está bajo presión. “Cada vez lo tenemos más difícil y no podemos acceder a ciertas partes de Turquía, como en el sureste” (zona perteneciente al Kurdistan turco). También destaca que “hemos sido muy criticados por el Gobierno de forma injusta por haber dado a conocer los abusos a los derechos humanos”.
Su discreción para concretar una entrevista y la rapidez con la que la realiza delatan el estado de nerviosismo que viven sus investigadores, aun así se desmarca de toda referencia a su miedo personal. “Todos los sectores de la sociedad sienten la inseguridad, no solamente nosotros”. A diferencia de él, sus compañeros ya han sido arrestados y bajo la deriva autoritaria de la Turquía de Erdogan, continua sin alterar la agenda que tiene prevista para velar por los derechos de la población turca.
A la caza de las organizaciones de derechos humanos
La situación de los grupos defensores de los derechos humanos en Turquía pasa por sus peores días con un presidente que encarcela a aquellos que no le alzan a la altura de los cielos. “Algunas asociaciones han sido cerradas por real decreto en los últimos meses. Otros defensores individuales han sido acusados de terrorismo”, declara Emma Sinclair-Webb, investigadora para Human Rights Watch (HRW). La investigadora se refiere a la ofensiva del Gobierno por expulsar a Amnistía Internacional de sus fronteras: “su situación es particularmente grave”.
La primera víctima de Amnistía Internacional fue Taner Kiliç fue el presidente de la organización en Turquía. Su supuesto crimen, pertenecer a la organización del autoexiliado Fetullah Gullen, acusado de instigar el golpe fallido de 2016. FETO, tal como denominan su organización los detractores de Gullen, es considerada el origen de todos los males desde que Erdogan los acusase de crear un Estado paralelo para hacerse con el poder.
Hace dos semanas cayeron bajo arresto un total de diez defensores de los derechos humanos, entre los que se encontraba la directora de Amnistía Internacional en Turquía. Su crimen fue realizar una reunión rutinaria junto a otros defensores.
Seis de ellos, como la misma directora de AI o dos personas de nacionalidad alemana y sueca, ya han pasado a prisión preventiva bajo la acusación de tener lazos con el mismo grupo gulenista, el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistan) u otras organizaciones consideradas terroristas. Los cuatro restantes fueron dejados en libertad bajo fianza.
Llamamiento a la comunidad internacional
Los defensores de los derechos humanos se encuentran solos en territorio enemigo. Es por ello que Sinclair no pierde la oportunidad de llamar la atención a los países de la Unión Europea, entre ellos, España. Según destaca, “el Gobierno español es un aliado de Turquía, algo que es muy positivo para que las autoridades españolas tengan un posicionamiento público sobre el tema”.
Según añade, “el hecho que tengan una buena relación con Ankara podría servir para que se respeten los medios de comunicación en Turquía y los derechos humanos”. Pero la investigadora de HRW lamenta que “en general no se ha hecho” y sentencia con este país en particular: “España prefiere mantenerse en silencio”.
Y mientras la purga se hace patente en todos los estamentos de la sociedad, el 15 de julio salieron a la calle miles de personas para conmemorar el aniversario de la asonada: Idam, Idam, (pena de muerte), clamaban algunos manifestantes. Otros, también haciendo gala de su apoyo a Erdogan, destacaban que los purgados no son más que “traidores del pueblo”, una sentencia improvisada que resonaba en las calles de la capital, Ankara.
“El historial de Turquía es muy malo”
Esta misma purga hacia sus propios ciudadanos, entre otras vulneraciones de los derechos humanos, sirve de reclamo para que hoy organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch miren con lupa cada movimiento del gobierno de Erdogan. “Turquía es un país prioritario para todos nosotros”, afirma Sinclair.
Pero el gobierno turco no quiere testigos. Bajo el contexto de tensión que se vive, no es de extrañar que el propio Gardner declare que Turquía camina hacia un Estado más “autoritario y represivo” y hacia un gobierno que está “dispuesto a purgar aquellos que lo critican, sea cual sea su color político”.
Gardner se muestra firme al destacar que “lo que se ha visto tras el golpe de Estado es una persecución a los que critican de forma pacífica el Gobierno”. Sinclair va más allá. “Si las organizaciones de derechos humanos estamos en Turquía es porqué su historial es muy malo”.
La Turquía que en la última década había avanzado hacia un territorio más seguro, hoy se muestra desaparecida en este último giro. Por ello, la misma Emma Sinclair avisa sin pestañear: “La supervisión de los derechos humanos continuará aunque nos impidan trabajar”.