Poco antes del amanecer del 9 de enero, cerca de 40 oficiales y funcionarios se reunieron en los alrededores de la comisaría de Calais (Francia), donde la temperatura había caído hasta tres grados bajo cero. Poco tiempo después, y siguiendo un procedimiento programado, un convoy de nueve vehículos se dirigía hacia el primero de los cinco desalojos forzosos previstos para esa mañana en los improvisados campamentos de refugiados.
Cuando el convoy llegó al campamento, a escasos kilómetros del centro de Calais, policías enmascarados y uniformados de negro salieron de los vehículos y empezaron a perseguir a los refugiados para alejarlos de sus tiendas y pertenencias. Algunas de las 150 personas que se habían refugiado en el campamento ya habían recogido sus cosas y huido antes de que llegaran. El campamento se vació pronto. Solo quedaron sacos de dormir y chaquetas cubiertas de escarcha.
Según las cifras de la ONG Human Rights Observers (HRO), que supervisa los desalojos policiales en el norte de Francia, los desalojos en Calais llegaron a 973 en el año 2020, casi tres por día y más del doble de los 452 que hubo en 2018. Solo en diciembre de 2020, se practicaron 41 detenciones y se incautaron de 526 tiendas de campaña.
Según Isabella Anderson, coordinadora de campo de HRO, “lleva meses así”. “Estos desalojos constantes forman parte de una política del gobierno francés de desgaste a los solicitantes de asilo, para agotarlos y dejarlos sin esperanza, es como una tortura”, dice.
En varios de los desalojos, un perímetro policial bloqueó el paso a The Guardian, pero las grabaciones de vídeo y los testimonios de primera mano muestran lo que, en palabras de los activistas, es una violación repetida de los derechos humanos durante las operaciones policiales, con uso excesivo de la fuerza y destrucción de bienes personales. Entre las denuncias de violencia policial figuran las de menores gaseados, la de una tienda de campaña con un refugiado dentro siendo arrastrada por un tractor y la de un ciudadano de Eritrea, al que dispararon una bala de goma en la cara a solo 10 metros de distancia, por lo que tuvo que ser hospitalizado durante dos meses.
El modus operandi
Los desalojos tienen lugar cada 48 horas para evitar que los refugiados se asienten durante más de dos días, lo que obligaría a la policía a obtener órdenes judiciales para despejar el terreno.
“Vienen a las 5 de la mañana, rodean tu tienda y la cortan con cuchillos”, contó Abdul*, un sudanés de 20 años que lleva cinco meses en Calais. Vive acampado entre los arbustos con la esperanza de cruzar un día a Reino Unido en barco o en camión. “Me ha pasado muchas veces. Nos tratan como a animales, no como a seres humanos. En Sudán hay guerra, matan a la gente, violan a las mujeres, pero en algunas cosas es mejor que aquí”.
Según Nasser*, un refugiado afgano que en diciembre cumplió los 18 años, los constantes desalojos han afectado a su salud mental. “La policía sigue viniendo”, dijo. “Uno pensaría que tal vez no vendrían cuando llueve, pero lo hacen. Incluso vinieron en Año Nuevo, un día festivo en el que todos estaban contentos. Se llevan nuestras cosas y tenemos que estar fuera durante muchas horas, a veces entre 10 y 12 horas. Les da igual que yo sea menor de edad”.
Abuso del sistema
La mayoría de los desalojos se llevan a cabo a través de la 'flagrancia', una medida que permite a la policía desalojar a los ocupantes de terrenos privados cuando se produce una denuncia si llevan en ellos menos de 48 horas. Algunos desalojos terminan en detenciones y deportaciones, pero por lo general los refugiados huyen y regresan después. Según los abogados, los desalojos representan acoso y violan la legislación en derechos humanos de la ONU y de Francia. Dicen que la 'flagrancia' es una medida de emergencia pensada para recabar datos cuando ocurre un delito y que se está utilizando “de manera equivocada y permanente”.
“Es un completo abuso del sistema”, dice Margot Sifre, especialista en desalojos de la ONG de asistencia jurídica Cabane Juridique. “En circunstancias normales, un desalojo requiere la autorización de un juez, un diagnóstico social para identificar a las personas vulnerables y la preparación de soluciones de realojamiento. Pero el uso de la flagrancia, que debería ser una medida de corto plazo, no deja base legal ni oportunidad de apelación”, añade.
De acuerdo con Bastien Roland, un abogado que trabaja en Calais, las tácticas son “deliberadamente vagas y difíciles de impugnar”. “El gobierno gasta millones de euros en frenar a estos refugiados. Ellos van a seguir tratando de cruzar a Inglaterra, pero ¿con cuántos traumas?”, indica.
Los desalojos a mayor escala, que implican dispersar a los migrantes por centros de todo el país, son llevados a cabo por las autoridades francesas con órdenes judiciales. En una de las 15 operaciones de este tipo que hubo el año pasado, denominados como operaciones de “refugio”, cerca de 800 personas fueron desalojadas el 29 de septiembre en la zona conocida como Hospital.
Tras la destrucción en Calais del campamento llamado La Jungla en 2016, y de otro gran campamento improvisado en septiembre, las autoridades francesas consideran estos desalojos como un arma clave para impedir que establezcan “puntos fijos” similares los 1.200 refugiados que se calcula hay desde Calais a Dunkerque, entre los que hay niños y mujeres embarazadas.
Según los grupos humanitarios que trabajan en el norte de Francia, en los últimos meses las condiciones han empeorado y los desalojos se han vuelto implacables.
La situación actual
Unas 150 personas duermen ahora bajo los puentes del centro de la ciudad de Calais, donde las organizaciones humanitarias tienen prohibido repartir comida. El 24 de diciembre, el tribunal administrativo de Lille dictó una orden de desalojo en la zona. Se espera que tendrá lugar de manera inminente.
“No sé qué haré si nos desalojan”, dice Mohammed*, un argelino de 17 años que vive bajo el puente de Mollien. “Su estrategia es debilitarnos. Pero si todo estuviera bien en nuestros países, no nos habríamos ido. No tenemos elección”.
En un texto oficial, la prefectura de Pas-de-Calais comunicó que los desalojos “ponen fin a las ocupaciones ilegales... con un doble objetivo: impedir la reconstitución de los campamentos insalubres y dar cobijo a la población migrante”. “La acción de la policía durante estas operaciones responde a estrictas normas de ética”, defendía el comunicado.
Traducido por Francisco de Zárate.