La Red Española de Ayuda al Refugiado ha interpuesto una denuncia por vía penal contra el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por apología de delitos de odio, por sus palabras contra el “imperio gay” y los movimientos feministas y por preguntarse si los refugiados “eran trigo limpio”.
La plataforma considera que Cañizares “representa un factor ultra conservador que pretende subvertir el orden constitucional y que parece mostrar una añoranza con otras épocas en las que inmigrantes, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y mujeres se encontraban sometidos a los dictados de una sociedad gobernada por los poderes fácticos de la Iglesia católica”.
Según ha argumentado la entidad denunciante en un comunicado, la denuncia se ha interpuesto en respuesta también al archivo por parte de la Fiscalía de una primera denuncia incoada por sus servicios jurídicos hace unos meses por las declaraciones del prelado contra las personas refugiadas e inmigrantes.
Han lamentado que la Fiscalía “haya preferido difundir a través de los medios de comunicación, en lugar de mantener una colaboración abierta con la Red, las conclusiones de sus pesquisas”, que “en ningún momento han contado con la colaboración o siquiera la información” de quienes en su momento interpusieron la denuncia.
Según han argumentado, en su momento Cañizares “buscó la criminalización de las personas solicitantes de asilo y refugio, al instar contra la apertura de fronteras y alineándose con las mismas consignas” de organizaciones neofascistas -como Hogar Social Madrid-, que, como él, “consideran peligrosos y potenciales criminales a las personas de otras etnias y confesiones religiosas”.
“Ante la inacción por parte de la Fiscalía valenciana y la evidente protección a cargos de la jerarquía católica”, la Red ha procedido a presentar la denuncia al amparo de lo recogido en el Código Penal, con los agravantes de “publicidad y ataque a minorías”.
Así ha incorporado a la misma las afirmaciones pronunciadas por Cañizares contra la ideología de género y las personas LGBT, ya que consideran que “afianzan y acreditan” un “evidente desprecio” a los sectores en riesgo de exclusión social y suponen un “ataque frontal” a los derechos humanos y a todo el sistema de protección de las minorías vigente.
Fuentes de la Red han explicado a EFE que el hecho de que la Fiscalía paralice la actuación penal, no significa que esta se extinga y por eso, han presentado la citada denuncia.