“Aquí vive mi familia”, dice Omar (nombre ficticio), mientras señala unas camas pegadas unas a otras con mantas destartaladas y un crío pequeño dormido. Comparten habitación con otras cinco familias numerosas, que viven en las mismas circunstancias. Tan solo les separan unas sábanas blancas anudadas.
Debajo de las camas algunos guardan la comida ante la falta de neveras. Dos duchas para compartir entre decenas de personas. Una entrada que da a la calle con algunas sillas destartaladas como espacio común.
La escena descrita recuerda a los dispositivos de urgencias que se instalan después de una catástrofe, aunque no se trata de eso. El espacio corresponde al Centro Municipal de Urgencias Sociales de Madrid (CEMUS). Está diseñado, como indican en la web, para atender “por ejemplo, el hundimiento de un edificio”, pero sus actuales habitantes son familias solicitantes de asilo, que se encuentran estancadas en un callejón sin salida entre las administraciones.
Por un lado, el Gobierno central les excluye del sistema de acogida para solicitantes de asilo. Por otro, la Comunidad de Madrid se mantiene en silencio y el Ayuntamiento de Madrid plantea como alternativas estos recursos de emergencias, que, según denuncian colectivos sociales que están haciendo una labor de acompañamiento, “corre el riesgo de cronificarse y no aportan una solución real y adaptada”.
La mayoría de estas familias comparten la misma historia. Primero, huyeron de las bombas en Siria, después emprendieron un camino en busca de refugio que les llevó hasta la ciudad autónoma de Melilla. Después continuaron hasta Alemania u otros países del norte de Europa. Pero, cuando creían que el periplo concluía, volvieron empezar de cero. El Gobierno alemán los devolvió a España en cumplimiento del Convenio de Dublín, que obliga al solicitante de asilo a permanecer en el país por el que accede a la Unión Europea.
Sin embargo, cuando son devueltos, son excluidos del sistema de acogida para solicitantes de asilo y abocados a un limbo, salvo determinadas excepciones. El Ministerio de Trabajo y Migraciones defiende que se trata de una sanción por no notificar previamente la salida del país. Según aseguran, cuando estas personas abandonan el país, en la práctica abandonan los recursos de acogida ofrecidos por España.
Una práctica muy criticada por ONG y colectivos sociales. Para Patricia Fernández, abogada de la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios, considera que dicha sanción debe ser “acordada mediante una resolución y esa resolución no existe”. Además, Fernández apunta que tampoco se está teniendo en cuenta que, “según la directiva para personas solicitantes de asilo, en ningún caso se podrán retirar las condiciones de ayuda antes de la concesión de negación de la protección internacional”, lo que conduce a estas familias a un limbo administrativo.
“Está enfermo pero nadie se preocupa por él”
Uno de los pequeños del CEMUS tiene seis años, pero no habla y apenas se mueve. “Está enfermo, no sabemos qué es lo que le pasa, pero nadie se ha preocupado por él”, comentan estas familias arremolinadas en la entrada, combatiendo el frío que este otoño se ha adelantado con un té rojo. Khaled* no es su padre, ni siquiera su tío, pero tiene al crío en brazos y le hace carantoñas. Las adversidades compartidas han empujado su unión. Se sienten, dicen, como una sola familia.
Los protagonistas de esta historia hablan en árabe. Repiten una de las pocas palabras que saben decir en español: “Espera, espera”. Esta es la respuesta que, según relatan, reciben cada vez que solicitan un lugar digno y ser readmitidos en el sistema de acogida.
Se quejan de que, en los más de cinco meses que llevan viviendo en el centro, no han recibido ni clases de idioma, ni ningún acompañamiento que les facilite una vida más autónoma en Madrid. Los más pequeños tampoco hablan español. Solo una de las familias cuenta con sus hijos escolarizados porque su madre solicitó ayuda a Cruz Roja. Cuando explica en voz alta que sus hijos no van a la escuela, los ojos de Shaima* empiezan a empañarse hasta que rompe en llanto.
No es el único centro de emergencia
Este estancamiento que les aboca a la exclusión social se repite en otros lugares de la capital, como el centro de San Roque, un espacio del Ayuntamiento, que gestiona la ONG ACCEM. La mayoría de las personas que actualmente residen allí, también corresponde a familias refugiadas devueltas por Dublín denuncian las condiciones de las instalaciones, así como falta de higiene, escasez de alimentos y recursos básicos como el papel higiénico o el hecho de compartir un baño para 30 personas.
Otras familias se han encontrado directamente en la calle. “Hace unos días tuvimos acogidas en la Parroquia a dos familias con menores a su cargo”, cuenta Javier Baeza cura de la San Carlos Borromeo de Vallecas. “Dimos con ellas igual que damos como con los chicos que llegan de la frontera sur, por el boca a boca o porque les hemos visto en la calle”, explica Baeza y aclara que todas las acogidas las hacen porque, previamente, “el SAMUR indica que no hay alternativa habitacional ni ningún recurso disponible”.
Por otro lado, diferentes organizaciones y colectivos sociales avisan sobre el futuro incierto de las personas que actualmente están alojadas en los dispositivos que suelen utilizarse como recursos de emergencia para personas sin hogar durante la Campaña del Frío. Cuando esta comience, a partir del 25 de noviembre, deberán abandonar las instalaciones.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid indican que “se les ha ofrecido otros recursos de emergencia”, que definen como “gratuitos, temporales y compartidos”. También señalan que “ni el Ministerio, ni la Comunidad de Madrid” están “respondiendo, ni están acogiendo” y recalcan que “el Ayuntamiento cumple con su papel”. No confirman si han activado algún plan de coordinación o actuación con el resto de instituciones señaladas.
La sociedad civil está tratando de poner freno a esta rueda de exclusión social. Colectivos como la Red Solidaria de Acogida, la Coordinadora de Barrios, Parroquia San Carlos Borromeo, Karibu o RedInterlavapiés han presentado en el Ayuntamiento una queja, con el fin de “activarles” para que no “escondan esta realidad”.
En el documento solicitan “que no se envíe a la calle a las personas y familias actualmente alojadas en los dispositivos que forman parte de la campaña de frío”. También piden la ampliación del “número de plazas disponibles para la acogida en recursos para personas y familias en situación de calle, con independencia de su situación administrativa y por el tiempo que sea necesario, ajustando el número de plazas a la realidad”.
Así mismo instan a “que se adapten los recursos de acogida de emergencia” y “se haga una intervención acorde a las necesidades de las personas que viven en ellos” que incluya “un acompañamiento psicosocial, orientación legal, laboral y formativa (incluyendo la escolarización de los menores), empadronamiento, alimentación adecuada y facilidad para el transporte público”.