La intención de legalizar las devoluciones en caliente va superando etapas y ya está más cerca de ser una realidad. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados se reúne este martes -10:30 horas- para aprobar el Dictamen del 'Proyecto de Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana', que incluye, a través de una enmienda añadida a ultima hora por el PP, la regularización de las expulsiones inmediatas a pide de valla. Un procedimiento ilegal si atendemos a la Ley de Extranjería, al tratado bilateral con hispano-marroquí y a multitud de tratados internacionales que protegen el derecho al asilo.
“Es la cuenta atrás. Este martes es un día decisivo para la Ley de Seguridad Ciudana, porque se podría conocer el texto definitivo si se aprueba en la Comisión”, asegura María Serrano, portavoz de Aministía Internacional. De la misma forma, aunque se ratifique, cree que la enmienda del Partido Popular “es inviable, imposible de poner en marcha porque priva del derecho al asilo, lo que contradice los acuerdos internacionales”.
Para conocer el origen del malestar entre las entidades sociales, hay que remontarse a hace exactamente un mes, cuando el Grupo Parlamentario Popular presentó sobre la bocina una enmienda a la ya polémica Ley de Seguridad Ciudadana para amparar las devoluciones en caliente, esto es, legalizar la expulsión inmediata de inmigrantes en grupo sin identificación previa en Ceuta y Melilla a los gendarmes marroquíes. Una decisión que, según los expertos consultados por eldiario.es, es inconstitucional. La oposición parlamentaria también comparte esas tesis.
“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, afirma el texto de la enmienda modificada.
Poco antes del inicio del verano, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto con varias modificaciones respecto al anteproyecto inicial, tras las sugerencias de algunos órganos consultivos y las numerosas críticas que le llovieron al Ejecutivo. Tras aterrizar en el Congreso, la Comisión de Interior fue la encargada de debatir e incorporar cambios en la reforma. Sin embargo, el rodillo del Partido Popular consiguió frenar todas las enmiendas a la totalidad que los grupos presentaron en el pleno del Congreso, al mismo tiempo que incluía la enmienda propia.
Tras los habituales trámites, la agenda del Congreso procederá este martes a la aprobación de un dictamen que incorporará definitivamente el visto bueno a las devoluciones express. En dos semanas, se enviará el informe para que, con posibilidad de intervenciones, el hemiciclo de la Cámara Baja dé su visto bueno, algo previsiblemente ocurrirá dada la mayoría absoluta del PP. Finalmente, en dos semanas, según fuentes del Congreso, se enviará al Senado (si incluye enmiendas volvería al Congreso).
Las devoluciones en caliente no respetan los acuerdos internacionales
No obstante, el Gobierno no las tiene todas consigo. Para que se puedan legitimar jurídicamente las devoluciones en caliente es necesario modificar la Constitución. Y es que la Carta Magna obliga en el artículo 10.2 a que se cumplan los acuerdos internacionales en materia de derechos humano, algo que no se estaría haciendo si observamos la Convención de Ginebra de 1951. Ahí se detalla que ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, “poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
En definitiva, este tipo de devoluciones suprimen el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo o alegar otra cuestión. “Las actuaciones de la Guardia Civil son resoluciones administrativas y por lo tanto exigen el derecho una audiencia donde los inmigrantes puedan alegar lo que precisen”, apunta Margarita Martínez, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. La ley de Extranjería obliga a que se lleve a cabo la identificación de las personas que llegan hasta España y también a que se les preste asistencia jurídica.
Aún así, la realidad se aleja de lo que dicen las leyes. A pesar de no estar reconocido en el ordenamiento jurídico, este modus operandi en las líneas fronterizas se lleva a cabo desde al menos 2005, según las ONG. No ha sido hasta este año cuando la justicia ha reaccionado. De hecho, el primer palo judicial de envergadura se produjo el pasado septiembre, cuando un juzgado de Melilla imputó al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martínez por presuntamente permitir la expulsión, dando a entender, por tanto, que esta forma de actuar quebranta las leyes españolas. Varias entidades sociales también han presentado demandas judiciales para frenar este tipo de devoluciones.
La reforma también se enfrenta a un obstáculo “procedimental”. Según CEAR, es una “barbaridad” que se haya planteado la legalización de las devoluciones a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana y no a la Ley de Extranjería. A esto se une, la imposibilidad de que otros órganos consultivos, como el Consejo de Estado, puedan escrutar la postrera enmienda del PP, dada su incorporación inmediata al texto final.
Las ONG se revelan contra la conocida como Ley Mordaza
Este martes, Aministía Internacional ha convocado un acto frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Seguridad Ciudana. A la misma hora en la que los diputados tomen asiento en la Comisión de Interior, distintos activistas desplegarán una pancarta en la que se podrá leer “Más poder a la Policía, menos derechos humanos”. Según esta organización, la Ley Mordaza “viola los derechos humanos en las fronteras”.
Otra organización que ha iniciado una campaña para denunciar que la reforma de la ley “es defectuosa” es Human Rights Watch. Entienden que “formalizará la práctica actual” de las expulsiones sumarias de migrantes y solicitantes de asilo procedentes de los enclaves de Ceuta y Melilla. Pero no son las únicas organizaciones que han puesto el grito en el cielo. Un total de 120 entidades sociales de toda España, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han presentado en la Cámara Baja un escrito para pedir la retirada de la reforma.
También, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha advertido de que las devoluciones sobre la marcha de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, son contrarias al orden constitucional y a los convenios internacionales que tiene suscritos España. Las voces críticas también han llegado desde la propia Conferencia Episcopal Española o de otros países o instituciones. Desde Bruselas, la Comisión Europea recordó a España hace días que las medidas de control de la frontera “deben ser equilibradas” y respetar “los derechos fundamentales” de los inmigrantes, así como “el principio de no devolución”.