Después de más de una década de descenso, el número de ejecuciones por pena de muerte aumentó en 2021 con respecto a los datos registrados el año anterior, cuando se produjo una pronunciada caída debido a las restricciones ligadas a la pandemia. Al menos 579 personas sufrieron la condena capital en el mundo, lo que supuso un incremento del 20%, según los datos presentados este martes por Amnistía Internacional. La mayoría de las ejecuciones documentadas por la ONG se produjeron en Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden.
A pesar del “preocupante aumento”, se trata de la cifra más baja de ejecuciones documentadas por la organización desde 2010, según su último informe anual sobre pena de muerte. Amnistía Internacional relaciona el crecimiento en la aplicación de la condena capital con el final de las restricciones relacionadas con la COVID-19, que influyeron en la reducción de la pena de muerte detectada en 2020. Los números, como cada año, no incluyen las condenas de China, ni la cantidad total de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam debido a la opacidad de sus gobiernos a la hora de aportar esta información.
Gran parte de las ejecuciones y condenas de muerte del año pasado tuvo lugar en Irán, con 314 penas capitales, frente a las 246 de 2020. Se trata de su mayor número de ejecuciones desde 2020. “Esto se debió, en parte, a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que supuso una flagrante violación del derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos distintos a los que impliquen homicidio intencional”, analiza la organización.
Otro de los países donde aumentó la aplicación de la condena de muerte fue Arabia Saudí, donde se duplicó las ejecuciones. En 2022 parece que continúa la tendencia, advierten desde AI. Solo en un día, 81 personas fueron ejecutadas el pasado mes de marzo.
En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.
Se sabe que el año pasado se llevaron a cabo al menos 579 ejecuciones en 18 países, lo que supone un aumento del 20% respecto al total registrado en 2020â . Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017.
Mientras la pandemia remitía y las medidas sanitarias de la COVID-19, las ejecuciones y condenas volvieron a reanudarse. Los jueces dictaron al menos 2.052 sentencias a muerte en 56 países, un aumento cercano al 40% respecto a 2020. Se produjeron destacados incrementos en países como Bangladesh (al menos 181,frente al menos 113 en 2020), India (144, frente a 77) y Pakistán (al menos 129 frente al menos 49), según recoge un comunicado de Amnistía Internacional.
“En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Avances
Pero no todo son retrocesos. Amnistía Internacional recuerda que el incremento registrado en 2021, tras años de descenso, tiene que ver con la pronunciada caída de la aplicación de la pena capital debido a la pandemia, que acumuló el trabajo en los juzgados de los países que mantienen la condena de muerte. La tendencia a la baja continua en general y los avances en busca de su abolición siguen llegando desde distintas partes del mundo.
En Sierra Leona, el Parlamento aprobó en julio, por unanimidad, una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, aunque todavía no ha entrado en vigor. En diciembre, Kazajistán aprobó una ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, que entró en vigor en enero de 2022. El gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor. A finales de año, el gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022. Y, en la República Centroafricana y Ghana, los legisladores iniciaron procesos legislativos para abolir la pena capital, que siguen en marcha, resume AI en un comunicado.
En Estados Unidos, Virgina se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista y el primero del sur en abolir la pena de muerte, mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas. El nuevo gobierno de Estados Unidos también estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales. En 2021 se constató la cifra más baja de ejecuciones en Estados Unidos desde 1988, destaca el informe. Además, la Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.
“La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el Estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él”, declaró Callamard.