Hace un año desde que Hakim se embarcó en una patera hacia Gran Canaria. Con 16 años, salió de Marruecos en una barcaza de madera en busca de un buen futuro. El viaje duró cuatro días. En la embarcación iban otras 50 personas, pero él estaba solo. Su familia se quedó en Marrakech. Esbozando una sonrisa tímida cuenta que en su ciudad era carpintero. Con lo poco que ganaba y con el sueldo de su padre, que trabajaba como barbero, salían adelante ellos dos y su madre, que trabajaba en casa.
Hakim es uno de los 5.065 menores no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, después del repunte de llegadas de migrantes de los últimos meses. Un aumento que ha puesto a prueba una vez más el sistema de acogida en el Archipiélago y ha reabierto de nuevo la irresuelta cuestión del reparto en el resto de España de la acogida de los menores que llegan a las Islas, algo que el Gobierno regional reclama desde la emergencia humanitaria de 2020.
La mayoría de las personas migrantes que entraron en España el año pasado lo hicieron por Canarias. El Archipiélago batió su récord de llegadas, con el rescate de 39.910 supervivientes. La presencia de niños y adolescentes en la ruta atlántica también aumentó en 2023, una tendencia que se mantiene este enero. “Las llegadas ya son una constante. No hay meses que no lleguen menores. Solo en la primera quincena de enero han llegado en torno a 49”, explica el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francisco Candil. Ante esa situación, el presidente canario, Fernando Clavijo, volvió la semana pasada a pedir al Gobierno central ejecute un “reparto obligatorio” a las otras comunidades autónomas, con una distribución que se haga por criterios de PIB per cápita, de población o de superficie.
Según Candil, que un solo territorio asuma la acogida de los menores en momentos de repunte puede dar lugar a que se vulneren los derechos de los niños. “En Canarias ha habido momentos en los que no ha habido ni literas. Hemos tenido que hacer de todo para dar una respuesta a las llegadas”, señala. En octubre de 2023, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acordó, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la distribución por la Península de 347 menores llegados a Canarias. A pesar de este pacto, desde junio hasta la actualidad no se ha producido ninguna derivación a otras comunidades, según fuentes del Gobierno canario.
Pruebas para determinar la edad
Al centro de Tenerife en el que vive Hakim han llegado en los últimos días tres niños de diez años. Sus fotos coronan su habitación, adornada con peluches y juegos. “Los perfiles han cambiado. Cada vez llegan niños más pequeños”, cuenta la directora del centro, Patricia Lago. Establecer la edad de los menores ha sido uno de los elementos que ha agravado la crisis en el Archipiélago.
Durante la emergencia de 2020, el tapón en la realización de las pruebas de edad empujó a niños a convivir con adultos de hasta 40 años en los mismos centros. Ahora, de los 5.065 menores que tutela Canarias, al menos 1.000 están pendientes de una prueba que determine su edad, señalan desde la Viceconsejería. Por su parte, la fiscal de Extranjería de la provincia de Las Palmas, Teseida García, asegura que las cosas funcionan mejor que hace tres años. “Las listas de espera que tenemos son normales teniendo en cuenta la cantidad de personas que hay”, explica.
La Fiscalía cuenta con personal de refuerzo y presume de una buena coordinación con las ONG, con la Policía Nacional y con el Instituto de Medicina Legal. Para García, el compromiso en las primeras reseñas es clave: “No admito que me traigan un expediente de un menor evidente, ni de un hombre que se ve a simple vista que es mayor”.
En ocasiones, son las propias entidades responsables de los centros de adultos las que detectan menores en las instalaciones. “En esos casos tardamos más porque hay que valorar la documentación que tengan”, señala García. “Siempre llamamos a los menores, los escuchamos y les preguntamos por esos documentos. Valoramos incluso las fotos que les mandan a los teléfonos móviles. La prueba médica es siempre la última opción”, añade. La fiabilidad de estas pruebas ha sido cuestionada por diferentes organizaciones defensoras de la infancia, al utilizar patrones de menores estadounidenses y no africanos.
García recuerda que el decreto de determinación de la edad es “provisional”. “El problema al que se va a enfrentar la comunidad autónoma será la revisión de los decretos. Cuando estos niños empiecen a presentar papeles hay que reabrir los decretos y valorar todas y cada una de las pruebas”, subraya la fiscal. La fiscal de Extranjería también es partidaria de que se agilicen los traslados a la Península, pero insiste en la importancia de determinar en Canarias la edad de todos los menores antes de reubicarlos. “Si no, sería un desastre. Si los mandamos sin la edad determinada pierden totalmente la protección porque los perdemos de vista”, apunta.
El reto de la inclusión
Para la fiscal de Extranjería, el bloqueo de todos los jóvenes en Canarias va en contra del interés superior del menor. “Que el Archipiélago tenga que tutelar y dar formación a 5.000 menores hace que estos tengan menos oportunidades que los que están en cualquier otra ciudad con menos menores acogidos”, valora. En esta línea se posiciona también el viceconsejero de Bienestar Social: “El Estado debería reaccionar. No es solo darles un techo y comida, sino escolarización, sanidad e integración”.
Junto a Hakim, en el comedor del centro de acogida, está Seidou. Nació en la región de Fatick, en Senegal, y llegó a Tenerife en 2019 subido a un cayuco con más de cien personas. Entonces tenía 12 años y no sabía a dónde iba. Nunca antes había escuchado hablar de Canarias, solo de Madrid o Barcelona. Con un marcado acento canario, recuerda su viaje: “Duró una semana y dos días. Otro niño y yo éramos los únicos que teníamos comida en la patera por ser los más pequeños”. Él y Hakim tienen ya 17 años, y han encontrado en el fútbol, en sus amigos, en el amor y en la música las claves para su inclusión. “Nuestros cantantes favoritos son Anuel y Morad”, ríen.
Patricia Lago, educadora social y directora de uno de los centros de acogida del Archipiélago, sostiene que Canarias cuenta con un sistema de acogida “muy potente”. “Antes el sistema era más asistencial. Hoy en día los educadores actúan como guías e intentan que los chicos sean los protagonistas de sus propias vidas”, defiende. Según la educadora, en las Islas se tienen en cuenta las necesidades de los jóvenes, su cultura y sus emociones. “Hemos dejado de tener la figura de vigilantes para ofrecerles las herramientas para que tomen sus decisiones”, afirma.
El contacto con las familias en origen es clave. Hakim, Seidou y los compañeros de su centro hablan cada día con sus seres queridos por videollamada. “Les da mucha tranquilidad. También a sus familias y a nosotros, los educadores. Ellos apoyan a los chicos desde allí y vamos en la misma dirección”, apunta Patricia Lago.
Para la educadora, uno de los retos pendientes del sistema está en la formación profesional. “A veces les exigen cumplir con requisitos burocráticos que solo pueden tener quienes nacen aquí, como por ejemplo tener la ESO”, cuenta. Por el contrario, Canarias ha sido capaz de escolarizar a los más pequeños. “Los niños de diez años llegaron hace pocas semanas, y ya están en el colegio”, celebra.
Desde la Consejería de Derechos Sociales aseguran que una de las principales líneas de trabajo que se siguen es la formación de los menores en actividades laborales de difícil ocupación, especialmente del sector primario, del sector servicios y de la construcción. El propósito es que puedan conseguir un empleo al cumplir los 18 años.
Los extutelados
Otro de los objetivos del Gobierno de Canarias es que todos los migrantes tengan su documentación antes de que cumplan la mayoría de edad. En este punto se topan con la poca colaboración que ofrecen los consulados de los países de origen. “Imagino que es por la complejidad que tiene conseguir los papeles”, apostilla Francisco Candil.
Vania Oliveros, abogada especializada en Extranjería e Infancia, asegura que ella y sus compañeros se encuentran con “dos realidades”. Mientras que desde la administración aseguran que todos los migrantes salen con la documentación, en su día a día comprueban que “no es así”. “Entendemos que hay un gran número de pateras, pero el problema está en que el número de profesionales en la administración sigue siendo el mismo”, sostiene la letrada. La principal consecuencia: muchos jóvenes salen del sistema en situación administrativa irregular.
En estos casos, son abogadas colaboradoras y organizaciones civiles las que se encargan de ayudar a los extutelados a tramitar toda la documentación para obtener la residencia. “Se vulneran los derechos de los niños y de los jóvenes porque no se dota de recursos humanos y estructurales al sistema. En un territorio que recibe siempre migrantes, se sigue recurriendo a la improvisación”, critica Oliveros.
Para la abogada, no basta con dotar de presupuesto a una entidad para que cubra las necesidades básicas de los menores. “No se vela por los derechos de la infancia como se debería”, asevera. Entre las principales carencias advierte la falta de especialización del sector y de una atención personalizada que tenga en cuenta la especial vulnerabilidad de los menores migrantes.
En los márgenes del sistema de acogida
El sistema en Canarias también ha dejado entrever sus lagunas estos últimos meses. El 24 de noviembre, 20 menores escaparon de un centro de acogida de Gran Canaria y denunciaron ante la Justicia agresiones físicas, vejaciones y abusos sexuales. Ocho de ellos volvieron al centro pocas horas después, pero los demás pasaron hasta cinco noches en la calle hasta que el Gobierno de Canarias los reubicó en otros espacios. Entonces, desde el Ejecutivo autonómico justificaron que los técnicos enviados a inspeccionar el centro no habían podido confirmar los hechos denunciados.
El dispositivo del que huyeron está gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que ya ha protagonizado otros escándalos en Canarias. Cuatro de sus directores están siendo investigados por malversación de caudales públicos, después de que la Fiscalía denunciara que utilizaban el dinero para los menores en tratamientos de belleza personales, zapatillas, hoteles de lujo y viagra.
Moha es otro de los menores que, aunque llegó solo a Lanzarote, está fuera del sistema de acogida. Su caso es aún más grave. Al poner un pie en Canarias fue detenido, acusado de ser el patrón de la zodiac en la que viajaba. A pesar de ser menor de edad, pasó tres meses en la cárcel de Tahíche. “Estuve ahí hasta que mi abogada consiguió mi partida de nacimiento”, cuenta. Moha llegó con 15 años, pero saber que podría ir a un centro de menores le llevó a decir que tenía cuatro años más. “Yo lo que quería era trabajar y mandar dinero a mi casa”, cuenta ahora.
Algunos de sus compañeros de travesía lo señalaron como el capitán de la neumática, y eso fue suficiente para que lo encerraran. Su abogada, Sara Rodríguez, cuenta que fue al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con un certificado de nacimiento y con un informe de determinación de la edad que decía que la horquilla mínima eran 16 años. Aun así, el Tribunal concluyó que debía ser juzgado como adulto porque a su llegada se declaró mayor. Ahora el caso está en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, Moha vive con un familiar en Tenerife, aunque según fuentes jurídicas, debería estar en un centro de acogida del Gobierno regional. “Menos mal que lo tengo a él. Si no, estaría en la calle”, dice.
*Los nombres de los menores que aparecen en el reportaje son ficticios para proteger su identidad.
**Este reportaje ha sido realizado en colaboración con Canarias Ahora.