Los cuerpos de seguridad españolas y marroquíes utilizaron la fuerza de forma “ilegítima” y no prestaron asistencia sanitaria de emergencia a los migrantes heridos durante la tragedia de Melilla, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, lanzado a nivel global, centrado en los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en la frontera española, cuando al menos 23 personas fallecieron en su intento de saltar la valla. A través de entrevistas a supervivientes y el visionado de vídeos ya publicados anteriormente, la ONG concluye que las autoridades de ambos países cometieron “crímenes de derecho internacional”.
“Las declaraciones de testigos y supervivientes, así como otros indicios examinados, describen un panorama de uso generalizado de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas”, sostiene el documento, titulado 'Le golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla'. Según los investigadores, los hechos ocurridos en la ciudad autónoma eran “previsibles” y, por tanto, la pérdida de vidas era “evitable”.
La ONG sostiene que los agentes de ambos países utilizaron material antidisturbios contrarios “a las normas internacionales que rigen su uso” y siguieron usándolo “incluso después de que las personas estuvieran bajo control policial y no representaran amenaza alguna para los propios agentes ni para terceros”.
“Cuando se cumplen seis desalentadores meses, las autoridades españolas y marroquíes siguen negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla. Cada día es mayor la montaña de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte ilegítima y la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y la suerte de las que están en paradero desconocido”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Según el informe, tanto Marruecos como España utilizaron “porras, balas de goma y pelotas de goma” con las que “propinaron ”golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas o no podían reaccionar debido a las lesiones que habían sufrido“. Amnistía Internacional destaca el uso del gas lacrimógeno por parte de ambas fuerzas de seguridad, como uno de los riesgos generados por la respuesta policial en la valla de Melilla: ”Usaron de forma reiterada gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar“.
“Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos lanzaban de todo: bombas de gas, piedras, balas de goma, pelotas de goma... No podíamos ver nada y era difícil respirar”, dijo Zacharias, uno de los supervivientes de la tragedia entrevistados por la ONG. “La policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras en la cabeza”, afirmó Salih, un sudanés de 27 años.
La falta de asistencia médica durante los momentos más dramáticos del salto es otra de las claves destacadas por la organización. “La atención médica a las personas heridas no fue rápida y, en algunos casos, se les negó por completo, lo que causó dolor y sufrimiento que también podrían haber aumentado el riesgo de muerte”, zanja la ONG. En Marruecos, el personal médico no empezó a auxiliar a los heridos hasta “dos horas después” del final de las actuaciones policiales activadas para frenar el salto a la valla. Según los testimonios recabados por la organización, “las autoridades dieron prioridad al traslado de los cadáveres y a atender a los agentes de seguridad marroquíes antes de atender a las personas migrantes y refugiadas heridas”.
En el lado español de la frontera, “la policía española no permitió el acceso de la Cruz Roja a la zona y tampoco hubo ninguna respuesta de salud pública en el lugar de los hechos para asistir a las personas heridas ni durante el intento de pasar la frontera y la operación policial, ni después”. La organización sostiene que las autoridades españolas “no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que violaron sus derechos de múltiples formas, incluido su derecho a atención médica rápida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos”.
“La omisión de ayuda de emergencia no sólo manifestó crueldad: también supuso el incumplimiento por España y Marruecos de su obligación de proteger el derecho a la vida”, cuestiona el informe, que también apunta a la devolución de personas heridas por parte de las autoridades españolas. Según Amnistía Internacional, una de las personas entrevistadas aseguró que los agentes de seguridad españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera aunque estaban “sangrando o con heridas abiertas”.
Falta de información a familiares
Al menos 77 personas desaparecieron, según han comunicado familiares y amigos a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. La falta de información reciba por sus allegados conforma otra de las denuncias de Amnistía Internacional. “No han podido obtener información sobre su suerte y su paradero desde que los vieron por última vez ese día bajo custodia de las autoridades del Estado”, sostiene el informe. La organización critica que las autoridades marroquíes no hayan investigado las denuncias de desaparición forzada ni hayan tomado todas las medidas adecuadas para determinar su paradero, en un contexto en el que las ONG han visto su labor obstaculizada. Al menos dos ONG tuvieron prohibida sus visitas a hospitales en Marruecos en los días siguientes al 24 de junio y, aunque se permitió a la AMDH visita la morgue de Nador una vez el 25 de junio, no se le permitió examinar los cadáveres para identificar a las víctimas, recalca el documento.
La organización critica que ni el Gobierno español ni el marroquí haya informado acerca de “los resultados preliminares de ninguna investigación sobre el número de personas que perdieron la vida ni las causas de la muerte”
“Esto denota encubrimiento y racismo, y añade sal a heridas ya dolorosas. Es esencial que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia por lo que ocurrió ese día, para impedir que vuelva a suceder”, recalca la secretaria general de Amnistía Internacional.