La joven española que ha forzado un juicio a Frontex en la UE: “La transparencia es el primer paso para saber si hay abusos en la frontera”

Luisa Izuzquiza (Madrid, 1991) acaba de llegar a Bruselas desde Luxemburgo. Este martes, se sentó en una vista oral frente a cuatro abogados de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) de la Unión Europea. El escenario, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El motivo, la demanda que ha interpuesto en el órgano contra la agencia de fronteras, al considerar que ha incumplido sus obligaciones de facilitar el acceso a la información sobre sus operaciones en el Mediterráneo central, adelantada este lunes por El País.

Izuzquiza se define como activista por la libertad de información. Es lo que la ha traído hasta aquí y lo que la empujó, junto a su compañero Arne Semsrott, a tratar de recabar más detalles sobre los buques desplegados por Frontex bajo la operación Tritón, lanzada en 2014 por la agencia para sustituir a la italiana 'Mare Nostrum', que salvó decenas de miles de vidas. Su objetivo era saber un poco más acerca de la política migratoria de la UE, pero no lo consiguió.

“Muy pronto nos dimos cuenta de que teníamos un problema con esta agencia porque claramente su conducta en cuanto a sus obligaciones de transparencia es de reticencia y obstruccionista. Es una de las agencias más opacas que nos hemos encontrado en años de trabajo”, explica la investigadora en esta entrevista con eldiario.es. “Si no podemos conocer ni el más mínimo detalle, ni siquiera los más básicos, es muy difícil poder saber si se ha cometido alguna violación o algún abuso en las fronteras”, agrega la joven activista española, que trabaja actualmente en Corporate Europe Observatory en Bruselas.

Izuzquiza les envió una petición de información en la que se limitaba a preguntar sobre los nombres, las banderas y los tipos de buques desplegados en el mar en verano de 2017. Fue denegada. La recurrieron. Frontex la volvió a rechazar. Sus razones: “La divulgación de información sobre detalles relativos al equipo técnico desplegado en las operaciones en curso socavaría la seguridad pública”, según puede leerse en la respuesta.

Para Izuzquiza, este argumento no se sostiene, por lo que en 2018 presentó una demanda ante el TJUE, encargado de juzgar a los organismos de la Unión Europea. La agencia, que no ha respondido a las preguntas de eldiario.es, se enfrenta por primera vez a un caso de este tipo en los tribunales. Los activistas esperan tener la decisión para el próximo otoño.

¿Por qué se lanzó a recabar más información de las operaciones de Frontex en el Mediterráneo?

En 2016, mi compañero Arne y yo empezamos a investigar las políticas migratorias europeas por interés personal y porque somos activistas por la libertad de la información. Gran parte de nuestro trabajo se centraba en explorar los niveles de transparencia de las reacciones de la Unión Europea para paliar un poco la crisis humanitaria a la que se estaban enfrentando en el Mediterráneo. Cuando empezamos, nos dimos cuenta muy pronto de que teníamos un problema con esta agencia porque claramente su conducta en cuanto a obligaciones de transparencia es de reticencia y obstruccionista.

Nos enfocamos más en ella también porque tiene un presupuesto totalmente desorbitado [la Comisión Europea ha propuesto para 2020 que se dote a la agencia de 420,6 millones de euros, un 34% más]. Frontex tiene muchísimos recursos y es la agencia más importante en la implementación de las políticas migratorias de la UE. Pese a todo este poder y toda esta responsabilidad, tiene una noción de sus obligaciones de transparencia que no se corresponden con lo que debería ser. Es una de las agencias más opacas que nos hemos encontrado en años de trabajo y esto claramente era un problema. Nos dimos cuenta, además, de que nadie nunca había contestado a esta conducta en los tribunales. Aunque era difícil, decidimos que alguien tenía que hacerlo porque había que corregir esta dinámica en la que siempre utilizaba las mismas excusas a la hora de dar información.

En septiembre de 2017, hacen la petición de transparencia a Frontex pidiendo conocer varios detalles de los buques desplegados por la agencia ese verano bajo la Operación Tritón. ¿Qué querían saber?

Uno de nuestros objetivos era intentar averiguar cuántos recursos estaba poniendo la Unión Europea en barcos, helicópteros o aviones en el Mediterráneo central, que en ese momento era la ruta más importante de salidas desde Libia hasta Italia y Malta. Simplemente queríamos saber, por ejemplo, si se estaban desplegando más o menos barcos dependiendo de los picos de salidas desde Libia o si los buques eran suficientes para hacer frente a la cantidad de rescates. Eran cosas bastante básicas: pedimos el nombre, la bandera y el tipo de todos los barcos que desplegaron durante el verano de 2017, pero nos denegaron esa información.

Pero siguieron insistiendo hasta acabar en los tribunales.

Interpusimos un recurso administrativo en base a la Ley de Transparencia que gestiona el mismo organismo al que haces la solicitud. Volvieron a denegarla. A partir de ese momento teníamos dos meses y 10 días para presentar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. Movimos todos los contactos que se nos podían pasar por mente para intentar encontrar abogados. Al final montamos un equipo legal de tres personas y en enero de 2018 planteamos la demanda ante el TJUE.

Frontex justifica rechazar su petición porque, según defiende, “la divulgación de información sobre detalles relativos al equipo técnico desplegado en las operaciones en curso socavaría la seguridad pública”. ¿Qué les pareció?

Esta es claramente su línea de defensa y la mantienen, probablemente hasta que haya una sentencia. Desmontar las redes de mafias es parte de la misión de Frontex. Ellos dicen que podrían rastrear los barcos de Frontex y que, entonces, si las mafias pueden funcionar bien, se pone en peligro la seguridad pública de la Unión Europea. Utilizan también un argumento que me parece bastante desafortunado que es la posibilidad de poner en peligro la vida de los migrantes, es decir, que si Frontex no puede funcionar bien, los migrantes están aún más en peligro. Es claramente

Nosotros investigamos un poco para ver hasta qué punto era factible y realmente era peligroso no publicar esa información. Luego nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la Operación Sofía, hermana de la misión de Frontex, publica de forma constante y actualizada además detalles de todos los barcos y todos los recursos que despliega en el Mediterráneo con fotos y con una ficha informativa.

Más adelante, nos dimos cuenta de que incluso Frontex, en su cuenta de Twitter, a veces habla también de los barcos que tienen desplegados. Lo hacían en un tono del tipo “hemos salvado a tantos migrantes en la costa”. Lo que planteamos es que no puede ser que cuando les convenga decidan publicar cierta información y luego cuando nosotros se lo pedimos para hacer una investigación en serio sobre qué estás haciendo en el Mediterráneo central me digas que no porque es muy peligroso. Esto es parte de la disputa judicial: hasta qué punto puedes publicar cierta información para hacer promoción de tu trabajo pero no para cumplir con tus obligaciones de transparencia por ley.

Presentaron la demanda en enero del año pasado. ¿Qué piden?

Queremos que se anule la decisión de no darnos esta información y pedimos que se publique la información que queríamos y no solo para nosotros, que se haga pública. Para nosotros es muy importante esto, porque es verdad que hacemos ciertas investigaciones pero en el fondo lo que queremos es que esta información esté abierta al público para que la puedan utilizar periodistas, investigadores o académicos. Por eso también utilizamos la Ley de Transparencia porque creemos que esta información es de interés público.

Una vez que se pueda pedir la información sobre aquel verano, se creará un precedente que permitirá conocer más cosas y para que cumplan sus obligaciones de transparencia más allá de esta información en concreto.

Plantean esta demanda también como una cuestión de derechos humanos. ¿Qué relación hay entre este acceso transparente a la información y el cumplimiento de los derechos de los migrantes por parte de Frontex?

Para empezar, la transparencia se enmarca en el derecho a la información, que es un derecho instrumental. La lógica es que para poder investigar si se están cometiendo violaciones de derechos humanos necesitas un mínimo de información. Es la herramienta que creemos que puede ayudar entender realmente cómo respondió la Unión Europea ante la crisis humanitaria a la que tuvo que enfrentarse, si lo hizo bien o mal, si cometió violaciones de derechos humanos o no. Es especialmente importante, porque es la policía de fronteras y se enfrenta a una población en su momento más vulnerable, en alto riesgo, por lo que tiene obligaciones conforme a la ley internacional y la ley europea que respetar.

Pero si no podemos saber ni el más mínimo detalle, ni siquiera el más básico como cuáles son los recursos que están empleando para hacer frente a esta situación, es muy difícil poder conocer si se ha cometido alguna violación o algún abuso, o si lo están haciendo todo bien. Es el primer paso para poder saber realmente si se están respetando los derechos humanos en las fronteras europeas.

Este martes fue la vista oral ante el TJUE en Luxemburgo, ¿cuáles son sus sensaciones?

Fue bien, salimos contentos. Pero esto no tiene por qué reflejar un veredicto positivo. Hay que mantener la cautela. Fue interesante también porque el tribunal hizo bastante hincapié en preguntar sobre ciertos aspectos de la argumentación que Frontex había presentado a lo largo del caso que nosotros consideramos inconsistente o sencillamente deficitaria. Fue bastante satisfactorio.

Frontex seguía alegando temas de seguridad, explicando que se puede poner en peligro la seguridad pública de la Unión Europea y mantuvieron su argumento también de que se trata de la vida de los migrantes. Se defendieron como pudieron, evidentemente. Su línea de defensa básicamente es que al tratarse de actividades policiales, hay que tener una cautela especial. Pero esto no se fundamenta en nada porque no hay ninguna ley ni ningún tratado que diga que por ejercer cualquier tipo de actividad policial tengas una obligación distinta de transparencia.

Antes mencionaba que la Operación Sofía, sin embargo, sí publica este tipo de información que Frontex considera sensible.

Que haya un precedente así es bastante clave porque demuestra que, al tratarse de una operación que comparte objetivos con Tritón como desmontar las actividades de las mafias, publicar esta información no supone un riesgo. Es decir, que cuando la publican, las mafias no pueden rastrear los barcos, por ejemplo, utilizando por ejemplo páginas web de seguimiento del tráfico marítimo.

Frontex no ha sabido argumentar cuál es el riesgo a lo largo del juicio. La jurisprudencia europea dice que para denegar información tienes que demostrar un riesgo real, no vale simplemente decir pone en peligro algo. Las instituciones tienen que argumentarlo y demostrarlo. A lo largo de todo el procedimiento y a lo largo de la vista oral han sido incapaces de demostrarlo. Nosotros hicimos todo lo que podíamos para demostrar que no es así, que ese riesgo no existe y sobre todo que hay un interés público mayor.

Ha hecho referencia a la complejidad de un caso de este calado, ¿creen que acabará en una condena contra Frontex?

Nosotros construimos este caso porque porque teníamos argumentos sólidos y fuertes. En ningún momento hemos dudado de que esto no fuese así. No deja de ser un caso complejo también porque el tribunal tiende a ser conservador cuando se trata de cuestiones de seguridad pública. Pero hemos presentado argumentos fuertes, que se corresponden con la jurisprudencia del propio tribunal. Creo que podemos ser optimistas.

Para nosotros es importante, sobre todo con un actor que claramente demuestra tantas reticencias, que el veredicto fuese de implementación obligatoria. Los fallos del TJUE generan jurisprudencia. Nuestro principal objetivo no solo es que se marque un precedente sobre esta información, sino también que el tribunal se pronuncie por primera vez sobre las obligaciones de transparencia de Frontex como primer paso para corregir todas las conductas problemáticas que estábamos viendo. Como nadie lo había contestando, ellos abusaban un poco de esta posición.