La complejidad del pacto migratorio y de asilo que a la UE se le resiste desde hace años se evidencia, una vez más, a las puertas de que comience la negociación a tres bandas entre la Comisión, los 27 y la Eurocámara, que ha recuperado la idea del reparto obligatorio de refugiados que el gobierno comunitario enterró en su propuesta cediendo ante los países, como Polonia, Hungría o República Checa, que rechazan de plano esa posibilidad. Con una amplia mayoría y el rechazo generalizado por parte de la extrema derecha, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la posición que defenderá en las negociaciones con el Consejo y la Comisión. La postura, en contra del planteamiento de Bruselas, deja fuera el 'patrocinio de retorno', una fórmula de solidaridad flexible y a la carta para que algunos países fueran los que acogieran y otros los que pagaran.
La idea que persiguen los eurodiputados es que la Comisión Europea pueda, mediante un acto delegado, imponer cuotas a los estados miembros para la reubicación de refugiados cuando se declara una crisis migratoria. Según explica el socialista Juan Fernando López Aguilar, que ha sido el ponente de uno de los dosieres, esa recolocación debería tener en cuenta criterios familiares, culturales, de idioma o de oportunidades laborales, entre otros. Lo que también mantiene el Parlamento Europeo es el concepto de 'contribuciones voluntarias a la solidaridad' para los países con una mayor presión migratoria.
El reparto de refugiados puesto en marcha con la crisis de 2015 generó importantes tensiones en el seno de los 27, donde hay estados miembros que sostienen que son los países receptores de la migración los que deben hacer la gestión de los solicitantes de asilo, como establece el Reglamento de Dublín, y se quejan de que no están haciendo los deberes. Por el contrario, 21 estados europeos llegaron a un acuerdo para el reparto. Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, España, Finlandia, Francia, Croacia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumania, Noruega, Suiza y Liechtenstein –los tres últimos extracomunitarios– impulsaron una declaración solidaria que preveía un mecanismo voluntario, en forma de reubicaciones u otro tipo de contribuciones, como financieras, ante la imposibilidad del consenso entre los 27.
Y es que, de facto, el sistema de reparto no ha funcionado e incluso Hungría, Polonia y República Checa lo llevaron al Tribunal de Justicia de la UE, que declaró ilegal el incumplimiento de las cuotas. Aún así, Bruselas no se ha atrevido a recuperarlo en sus propuestas para el pacto migratorio.
La gestión migratoria es una de las principales batallas en el seno de la UE y se ha complicado aún más con el auge de la extrema derecha. De un lado, hay países con una enorme presión migratoria que reclaman un enfoque europeo para que el desafío sea compartido, como España. En esa tesis está también Italia, aunque el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni ha puesto en marcha unilateralmente polémicas medidas como la persecución de las ONG que salvan vidas en el mar. De otro lado, las posiciones de los países con discursos anti-inmigración se van imponiendo en cuestiones como la financiación de la construcción de vallas con fondos europeos, una línea roja para Bruselas.
La pelea por la construcción de muros con dinero europeo tuvo una de sus primeras consecuencias políticas en el Parlamento Europeo este miércoles. La izquierda bloqueó las orientaciones que tenía que darle a la Comisión Europea para la elaboración de los presupuestos de 2024 por el intento de las derechas de blanquear esa medida. La aprobación de una enmienda del PPE que eliminaba el rechazo explícito “al uso de fondos de la Unión para la construcción de vallas o muros en las fronteras exteriores de la Unión en el presente y el futuro” llevó a socialistas y verdes a tumbar la propuesta presupuestaria. En principio, el gobierno comunitario elaborará las cuentas para el próximo año sin las directrices de la Eurocámara.
Los negociadores del pacto migratorio por parte de la Eurocámara presionan a los 27 para que fijen su posición y que las negociaciones en trílogos puedan comenzar en el mes de junio. El ambicioso objetivo de todas las instituciones europeas es que el acuerdo esté sellado antes de las elecciones europeas de 2024, a pesar de que ha sido imposible durante años en los que las complejidades llevaron incluso a meterlo en un cajón. El asunto es una de las prioridades de la presidencia rotatoria de la UE que España asumirá el 1 de julio.