Sorpresa en la jornada de votación del Parlamento Europeo. La Eurocámara se ha saltado las expectativas de los que creían que este miércoles suscribiría sin apenas cambios el reglamento propuesto por la Comisión Europea para el comercio responsable de minerales en la UE. La legislación, que busca evitar participar en los conflictos que afectan a los países emisores de las materias primas, se centraba en la “autocertificación” voluntaria de las empresas. El Parlamento ha dado un paso más: ha aprobado por mayoría una enmieda cuyo texto aboga por obligar a todas las empresas de la cadena de producción a identificar de dónde provienen los materiales que comercian.
El resultado de la votación, aunque significativo en cuanto al posicionamiento de la Eurocámara, no es definitivo pero altera los planes de las instituciones europeas. Ahora serán los dos órganos legisladores europeos, el Parlamento y el Consejo de la UE, junto con la supervisión –en teoría– técnica y apartidista de la Comisión Europea, los que vuelvan a negociar un texto, que puede ser completamente nuevo.
La jornada parlamentaria de este miércoles en Estrasburgo ya llevaba unas horas cuando, a mediodía, llegaba el turno a este informe. La incógnita de la votación radicaba en cuánto se modificaría la propuesta de la Comisión Europea, que establecía la “autocertificación” voluntaria de las empresas para cumplir la futura legislación.
El informe de la comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo que se presentaba en la votación del pleno había dado un paso más: proponía obligar a las empresas a cumplir la ley, pero solo a las del primer eslabón de la cadena, ubicado en las refinerías y refundidoras.
Este avance era insuficiente para los diputados de los grupos (Verdes, socialistas e Izquieda Unitaria) que más se han volcado en encontrar los votos necesarios para lograr una mayoría que optara por una vinculación obligatoria y en todas las etapas comerciales. Habían anunciado que no aprobarían el informe completo si no se cumplían estos requisitos. La clave estaba, dado que los conservadores defendían la propuesta del informe de INTA, en conseguir apoyos entre los miembros del grupo de los liberales (ALDE), que aglutina a perfiles diversos.
La enmienda 155
El ritmo frenético en la aprobación de enmiendas se frenó de golpe cuando se anunció que la enmienda 155 había obtenido 378 votos a favor y 300 en contra. La división en la votación se trasladó al sonido de los aplausos y al silencio de la sorpresa. La enmienda propuesta por el eurodiputado belga de ALDE Louis Michel no modificaba el texto de la Comisión, sino que añadía un texto diciendo que todas las empresas de la cadena “tomarán todas las medidas razonables para identificar y abordar los riesgos que surgen en sus cadenas de suministro” y “estarán obligadas a proporcionar información sobre las prácticas de diligencia debida que emplean”.
Algunos diputados entendieron que con la inclusión de esta enmienda se modificaba el espíritu de la propuesta de la Comisión y del informe de INTA, por lo que solicitaron un receso en la sesión. Tras éste, en un procedimiento que no es inusual y dado que el consenso era muy débil, se apeló al artículo 61 del Reglamento interno del Parlamento: no se votaría el informe final y se buscaría ganar tiempo en las negociaciones con el Consejo.
Futuro incierto
Ahora la negociación del nuevo reglamento recae en el Parlamento y el Consejo de la UE. La Eurocámara estará representada por los responsables del informe INTA –el conservador rumano Iulius Winkler como ponente y un miembro de cada grupo político del Parlamento– mientras que por parte del Consejo, que representa a los ministros del ramo de los gobiernos de los 28 Estados miembros, tomará las riendas Letonia, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del órgano. El texto puede ser completamente distintos al discutido hasta el momento.
Si estas negociaciones, que no tienen obligatoriedad temporal, llegan a buen puerto, el Parlamento votaría el nuevo informe en su conjunto y, de ser aprobado, se produciría el reglamento. Si la Eurocámara no lo aprobase, se iniciaría el proceso de segunda lectura.
Valoraciones de los partidos españoles
Desalambre se ha puesto en contacto con los parlamentarios españoles tras lo ocurrido. Ernest Maragall (ERC), de los Verdes, se congratula de que “es posible dar forma a una mayoría de voto alternativa a la de la 'Gran Coalición' en determinadas cuestiones significativas” pero se muestra cauto ya que “podemos esperar una reacción en sentido contrario a una votación que nos da esperanzas”.
Lola Sánchez (Podemos) se muestra “orgullosa” porque se ha demostrando que “con voluntad política, diálogo y perseverancia, coherencia y sentido común se pueden conseguir leyes a la altura de la Europa de los Derechos Humanos (sic.) y a la altura de las exigencias de la ciudadanía, que tiene el derecho y el deber de conocer cuándo compra un producto que contiene materiales que provocan toda una vida de sufrimiento a muchas personas en terceros países”.
Pablo Zalba (PP) observa una situación “especialmente delicada” en la Eurocámara y lo achaca a que “el tema lo merece”; se muestra “seguro” de que “el Parlamento estará a la altura de las circunstancias en las votaciones que tengan lugar tras las negociaciones”.
Javier Nart (Ciudadanos) califica de “éxito descomunal” la votación de hoy “pues parecía en un principio inevitable que triunfara la opción mercantilista y no la ética” gracias a lograr “tumbar una normativa que dejaba todas las puertas abiertas a que se mantuviera esta sangrienta explotación”.
Marina Albiol (IU) se muestra, pese a “algunas mejoras considerables” obtenidas, crítica con este posicionamiento “que aún no es definitivo” y deja “toda la responsabilidad en manos de los consumidores al obligar a las empresas a etiquetar de determinada manera, pero no impone ninguna restricción de calado sobre la actividad de empresas que día tras día explotan recursos naturales y utilizan mano de obra en condiciones casi de esclavitud en todo el mundo con el beneplácito de la Unión Europea”.
Beatriz Becerra (UPyD) considera que hoy se ha “aprovechado una oportunidad única” actuando “con contundencia para que Europa no sea cómplice de esta barbarie” y pide seguir “actuando de forma inequívoca y tajante no solo sobre el tratamiento de minerales como el coltán, sino sobre toda la cadena de producción, distribución y suministro, como el Dr. Mukwege, nuestro Premio Sajarov, no deja de reclamar”.
Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) también se muestra orgullosa por cumplir con la “petición” del doctor Mukgewe de “una regulación que obligue a las empresas a certificar que los minerales que utilizan no están manchados de sangre” ya que “el comercio nunca puede servir para financiar conflictos” y “la UE tiene que demostrar que es capaz de defender a la vez los derechos humanos y los puestos de trabajo.