El Gobierno no prueba el ahorro de excluir a miles de personas de la sanidad pública
Bajo el paraguas de la sostenibilidad y un enemigo ya conocido llamado déficit, el Gobierno aprobó el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas de un día para otro hace ya dos años. Mientras que el Gobierno defiende un ahorro de “más de 5.000 millones de euros” gracias a la norma, que modificó muchos puntos del Sistema Nacional de Salud, el Tribunal Constitucional ha cuestionado en dos ocasiones el ahorro de excluir a estas personas de una atención normalizada. Para las ONG, hay repercusiones innegables, como la muerte de tres personas: Alpha Pam, Soledad Torrico y, este último año, Jeanneth Beltrán.
El título de la norma resumía el objetivo del Ministerio de Sanidad: “Garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. La necesidad de retomar la “eficiencia” perdida en la gestión de los recursos y un “insostenible déficit en las cuentas públicas” justificaban el contenido del decreto, en opinión del Gobierno. Sin embargo, la traducción en las cuentas públicas de la retirada de la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas no está tan clara.
La reforma, además de modificar las atenciones incluidas en el sistema sanitario y la prestación farmacéutica, redefinía los requisitos para ser asegurado y beneficiario de la sanidad pública. Fuera de esta condición quedaban los inmigrantes sin permiso de residencia, pero también aquellos en situación regular de más de 26 años que no hubieran cotizado nunca y obtuvieran sus papeles después del 24 de abril de 2012 (fecha de publicación del decreto). También afecta a ciudadanos nacionales. Los españoles que se sitúen por encima de esa edad y no hayan trabajado deberán acreditar unos ingresos inferiores a cien mil euros anuales para conseguir una tarjeta sanitaria.
¿Cómo ha repercutido esta exclusión a las cuentas públicas para reducir el déficit (supuestamente el objetivo del decreto)? La respuesta no está clara ni para el ministerio impulsor de la medida. La organización Médicos del Mundo recuerda que la norma “se aprobó sin que se haya dado a conocer públicamente un estudio de impacto y la memoria económica que lo acompañaba”. El paso del tiempo tampoco ha arrojado más luz en el tema.
De los “más de 5.000 millones de euros” que se habían ahorrado en abril gracias a la norma, según una fuente del ministerio dirigido por Ana Mato, “más de 3.000” corresponden a los cambios en el sistema de prestación farmacéutica. ¿Y cuánto a la exclusión sanitaria? En este punto, en Sanidad son menos claros. “Hemos dejado de perder en el 'turismo sanitario': 917 millones de euros por año, según un informe del Tribunal de Cuentas de 2009”, justifica una portavoz.
Sin embargo, reducir la repercusión económica al denominado turismo sanitario es una estimación cuanto menos dudosa, porque más allá de esos turistas que venían a operarse en el SNS se ha apartado de los cauces normales de atención a otros miles de personas que conviven a diario en el país. “Era necesario regular la condición de asegurado y beneficiario. No podíamos negar la atención a los turistas si aquí se daba la tarjeta a todo el mundo”, apuntan desde Sanidad. Fuera del cálculo quedan cuánto supone que las personas sin tarjetas hayan dejado de acudir al médico, su tratamiento en urgencias y el riesgo que generan a terceros de cara a contagios, por ejemplo.
La responsabilidad recae en las Comunidades Autónomas
Más allá de cuestionar la lógica económica del Gobierno que justifica la norma, varias organizaciones sociales llevan dos años denunciando “una ley injusta”. “Está demostrado que las políticas excluyentes provocan un riesgo a toda la población y un aumento del coste sanitario por un retraso en los diagnósticos, un peor control de las enfermedades crónicas y un incremento de los ingresos hospitalarios”, apuntaba Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo en España en la presentación de un informe sobre exclusión sanitaria en Europa.
El discurso de la ministra de Sanidad, Ana Mato, no ha cambiado: en España, la sanidad es “universal, pública y de calidad”. Así lo repiten en su equipo. “Se está atendiendo a todo el mundo. Se ha quitado la tarjeta, que solo es un documento que garantiza el derecho a la atención, pero se les atiende por otras vías”, afirma una portavoz. Las tres únicas excepciones en las que la asistencia está garantizada por ley a los inmigrantes en situación irregular son las urgencias, a embarazadas y a menores. Pero las ONG condenan que ni siquiera se respetan estos mínimos.
Marta Pérez, miembro de Yo Sí, Sanidad Universal, emite un suspiro al otro lado del teléfono. “Es sorprendente cómo pueden seguir negando lo que puedes comprobar si pasas media hora en cualquier centro sanitario”, lamenta. En su opinión, el Ministerio debería revisar qué es la universalidad: “No es que una persona sea atendida en urgencias. Significa igualdad de condiciones para todo el mundo en el acceso a la atención”.
Además, la Defensora del Pueblo en su informe de 2013 cuestionaba el ahorro que alega el Ministerio si la atención está garantizada; el gasto simplemente sería derivado a las cuentas públicas de otras administraciones. Marta Pérez cree que el Gobierno se desentiende y deja la elección a las Comunidades: “Es como decir, yo voy a financiar hasta aquí. Decidid vosotros si queréis pagar más”.
Las diferencias entre las Comunidades Autónomas son evidentes. Seis regiones (Navarra, Andalucía, Principado de Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña) presentaron recursos de inconstitucionalidad al decreto del Gobierno y han intentado no aplicarlo. Otras, como Castilla-La Mancha, no tienen protocolos propios más allá de las tres excepciones estatales y, por otro lado, hay Comunidades que han creado “programas de protección” para inmigrantes, como la Comunidad Valenciana y Galicia.
En el caso de Valencia, de las 78.000 tarjetas que el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana calcula que se retiraron en la región, solo 3.491 personas están inscritas al plan de protección. Las organizaciones sociales denuncian una falta de información que no permite a los afectados acogerse a esta posibilidad.
La prevención y la Atención Primaria son dos piezas fundamentales en el control de la salud, que quedan en el aire. Médicos del Mundo destaca en su segundo informe sobre los efectos de la reforma sanitaria varias consecuencias indirectas, como la indefensión de las inmigrantes que sufren maltrato machista. “Impide que se beneficien de la situación privilegiada para la detección de maltrato que se produce dentro de los centros sanitarios”, recoge el texto.
Sanciones de varias instituciones internacionales
Las críticas también han encontrado su altavoz en algunas instituciones internacionales. La Defensora del Pueblo ha recordado al Ministerio de Sanidad el Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito por España, “que obliga a proteger los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida”.
A nivel internacional, tanto las Naciones Unidas como el Consejo de Europa han criticado la reforma del Gobierno. “Por más que lo diga [el Gobierno], la Sanidad en España ya no es ni universal ni gratuita”, afirmó tajante Magdalena Sepúlveda, relatora especial de la ONU para la Pobreza Extrema en una entrevista con eldiario.es. Además, Sepúlveda condenó las consecuencias que exceden a la norma: “El mensaje político de exclusión de esta población ha sido más contundente que la propia ley”.
En el Ministerio de Sanidad sigue defendiendo que solo hay problemas en “casos puntuales”, mientras que las organizaciones sociales denuncian “irregularidades sistemáticas”. En estos dos años, a Óscar le cobraron 390 euros en una visita a urgencias en un hospital público en Madrid; la madre de Silvina Graff, de 74 años y un cáncer de mama superado, no tiene tarjeta sanitaria a pesar de tener papeles porque nunca ha cotizado en España; y un bebé de 19 días llegó con deshidratación a un hospital tras no ser atendido en el centro de salud madrileño.
Los activistas en contra del decreto aseguran que el desconocimiento sigue imperando entre la población afectada y también en la Administración. “Muchos no van al médico porque creen que no tienen derecho o por miedo a que les cobren en urgencias y luego pasan cosas como la de Jeanneth Beltrán. Que muere una chica de 30 años”, concluye Marta Pérez, portavoz de Yo Sí, Sanidad Universal.
