Órdenes contradictorias en los centros de salud dejan sin atención a miles de inmigrantes

Los inmigrantes sin permiso de residencia tienen un nuevo enemigo. Al real decreto-ley 16/2012, que provocó la retirada de sus tarjetas sanitarias hace un año y medio, se suman ahora instrucciones confusas en algunos centros de salud, donde les niegan el derecho de atención en supuestos que sí recoge la regulación. Trabajadores de centros de Atención Primaria madrileños y miembros de la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal denuncian una “arbitrariedad y confusión salvajes” en los centros de salud pública.

Gloria (nombre ficticio), una mujer sin residencia legal en España, sufre una cardiopatía severa y además es hipertensa. “Una bomba de relojería”, dice una trabajadora del centro de salud al que pertenece, que pide mantener el anonimato. Por la evolución de su patología y edad –más de 60 años–, su médica comunicó que necesitaba seguimiento, para lo que debían darle de alta como TIR (transeúnte sin permiso de residencia) en el mostrador.

El TIR es la modalidad de alta que establece la Comunidad de Madrid para los casos de inmigrantes irregulares que requieren una continuidad de tratamiento. Dura un año e implica la existencia de una historia clínica, permite hacer revisiones, pruebas e intervenciones, aunque no reconoce el derecho a la prescripción de medicamentos.

Sin embargo, el alta de Gloria recibió una negativa por parte de los administrativos del ambulatorio. “Nos dijeron que a partir de ahora teníamos que escribir a Aseguramiento [una instancia de coordinación de la Dirección de Atención Primaria] para solicitar la apertura de los TIR”, cuenta la empleada del centro. Pidieron el permiso y la respuesta fue negativa: “Nos comunicaron a través de una llamada telefónica que la paciente no tenía derecho porque no entraba en ninguna excepción al decreto”.

En opinión de los solicitantes del TIR, la mujer podía acogerse a esta opción por un tratamiento derivado de una urgencia, una de las tres excepciones previstas a nivel nacional. La asistencia sanitaria también debe proporcionarse a las mujeres embarazadas y a los menores.

Órdenes “fantasma” en los centros de salud

Más allá de discutir si Gloria entra o no en la excepción de la urgencia, este caso incurre en una irregularidad porque, según la respuesta oficial de la Consejería de Sanidad a eldiario.es, no han ordenado ningún cambio de proceder para aprobar los TIR: “No existe ninguna orden interna al respecto. El alta debe darse siempre en el punto de entrada del ciudadano y a estos efectos se preparó el sistema informático para que pudieran darse estas altas, tanto en los centros de Atención Primaria como en los hospitales”.

A pesar de la respuesta de la Comunidad de Madrid, hay más casos similares, según relatan Pablo Meseguer y Enrique Castro, miembros de la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal. “Varias personas de Yo Sí acompañaron a un joven de Bangladesh, que dio positivo en la prueba del virus de la tuberculosis, al centro de salud de Lavapiés de la calle Embajadores. Allí les dijeron que ya no hacían más TIR, que ahora debía solicitarlo el médico ante Dirección Asistencial”, cuenta Meseguer.

Su doctora necesitaba hacer un seguimiento del paciente, por la salud del afectado (que aún no padece la enfermedad pero sí tiene en virus) y el riesgo de contagio a terceros, así que siguió el trámite que supuestamente han fijado a los administrativos. “Una carta al director médico del centro con los motivos que justifiquen el TIR, para que éste la remita a Dirección Asistencial, que será quien dé el visto bueno o no”, detallan los acompañantes de Yo Sí. La carta está fechada el 17 de febrero. Siguen esperando una respuesta.

Para Castro y Meseguer, estas situaciones son ejemplos del “ruido administrativo” que circula por los mostradores de los ambulatorios y que permite irregularidades, como el caso de Óscar Benítez, al que cobraron 390 euros por atenderle en urgencias en un hospital. Además, personal médico de los centros de atención primaria advierten de que muchos inmigrantes han dejado de ir a las consultas porque creen que no tienen derecho a la atención. “Hemos encontrado casos de mujeres embarazadas ahorrando para pagarse el parto”, exponía la médica Rosa Bajo en una charla informativa de Yo Sí Sanidad en Pinto.

La Comunidad de Madrid ha comenzado a dar sesiones informativas sobre admisión a los equipos de administrativos este enero, casi un año y medio después de la implantación del decreto, y los resultados son “contraproducentes”, advierten los acompañantes de Yo Sí.

Meseguer justifica los errores de los administrativos al principio, porque todas las excepciones y la regulación son un “auténtico galimatías”, pero no a marzo de 2014. “La arbitrariedad que existe se ha permitido desde la Consejería. No se ha informado y ahora, que se está haciendo, observamos un mayor rechazo del personal de admisión”.

Hostilidad cuando conoces las normas

En opinión de la trabajadora del centro de Gloria, lo que está ocurriendo es que la Consejería “está utilizando a los administrativos para excluir a más gente porque han comprobado que por urgencias y con los TIR se puede atender a casi todo el mundo”. Yo Sí, Sanidad Universal, de hecho, a pesar de que lucha contra el real decreto 16/2012, vigila porque se cumplan las excepciones y los pacientes se acojan a las vías que deja abiertas la ley.

“La Consejería está dejando el marrón al personal de admisión, que tienen una responsabilidad muy grande. Los utilizan de barrera”, añade esta empleada.

Enrique Castro, que comenzó a acompañar a inmigrantes de su barrio porque se sentía en la obligación de hacer algo, “de ayudar”, se fue decepcionado en una de sus últimas visitas al centro de salud de Lavapiés de la calle Embajadores. “Según ven a la gente de Yo Sí, las administrativas se ponen nerviosas. Hay mucha hostilidad contra nosotros”.

En esta ocasión, el personal del mostrador dio de baja como TIR a un joven bangladesí que acudió al ambulatorio con tos y dolor en el pecho. “El chico había tenido tuberculosis y le operaron en 2013 de un nódulo”, cuenta Castro. Ese día le atendieron de urgencias, pero ya como transeúnte general, lo que supone que los médicos no pueden consultar su historia clínica previa ni hacerle un seguimiento. A partir de ahora, los registros de sus consultas sólo estarán abiertos durante 24 horas.

“Sin ninguna información, cerraron la historia a este chico. Así, sin más, se cargan el seguimiento de una persona que puede recaer en enfermedades graves”, denuncia Castro. “Me fui mal, pensando si mi presencia había podido perjudicarle”.

Además de las “órdenes en la sombra” más restrictivas que intuyen los miembros de Yo Sí, denuncian poco rigor en la información de las charlas de la Comunidad. La presentación que utiliza Aseguramiento en las sesiones, a las que ha tenido acceso eldiario.es, ya han sido cambiadas desde enero. Contenían algunas diapositivas ambiguas y que, si se observan sin una explicación complementaria, pueden inducir a error.

“Las primeras diapositivas, dividen a los NIE (número de identidad de extranjero) como válidos en función de la fecha de publicación del real decreto de una manera muy confusa”, critica Meseguer. En la presentación se recogía que un NIE en vigor, pero posterior al 24 de abril de 2012, “es válido a efectos laborales, de residencia, etc., pero no da derecho a la asistencia sanitaria pública”.

Con esta frase puede parecer que todos los inmigrantes con permiso para residir en España posterior a esa fecha no tienen derecho a la atención, algo que no es cierto. La diapositiva fue corregida más tarde, en la que se añadió una frase aclaratoria, y se refiere a una situación muy específica: los inmigrantes con NIE posterior al 24 de abril de 2012 que no trabajen y no perciban ni hayan recibido ninguna prestación del Estado no tendrán derecho a la obtención de una tarjeta sanitaria por el criterio límite de ingresos (menos de 100.000 euros al año).

“Sólo esperamos que las personas que ofrezcan las charlas sepan explicar bien todo este lío, para que en la práctica no se rechace a más gente aún de la que ya quedó expulsada de nuestro sistema de salud con el real decreto”, concluye Meseguer.