Expertos cuestionan la legalidad de la devolución exprés a Marruecos de los migrantes que saltaron la valla de Ceuta
La decisión del Gobierno de devolver en cerca de 24 horas a 116 personas que saltaron la valla de Ceuta este miércoles ha despertado las alertas de ONG y abogados expertos en extranjería. La rapidez de su ejecución, advierten, les empuja a cuestionar su legalidad pese a situarse bajo el paraguas de un acuerdo bilateral con Marruecos. “Difícilmente pueden garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías, y por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete de calidad”, han denunciado desde Amnistía Internacional.
El Ministerio del Interior defiende que la devolución exprés efectuada este jueves en Ceuta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado “implica la identificación en dependencias policiales de todos los ciudadanos entrados en España de forma irregular, con información de sus derechos y la debida asistencia jurídica”. Varias ONG y abogadas especializadas, sin embargo, desconfían de este tipo de “procedimientos acelerados” de expulsión.
La catedrática en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla, recuerda que “la aplicación de un acuerdo de readmisión no exonera de seguir los procedimientos de la Ley de Extranjería”, que obliga a dictar una resolución administrativa con asistencia letrada, intérprete e información sobre la posibilidad de recurso. El Gobierno asegura haber seguido estos pasos de forma individualizada pero, a juicio de los expertos, “no ha habido tiempo”.
“Han pasado unas 24 horas. Me cuesta creer que en este tiempo se haya podido respetar y aplicar el procedimiento de devolución establecido en la Ley de Extranjería, con asistencia letrada e interprete”, sostiene Martínez Escamilla. “¿Cuántos abogados de oficio había en Ceuta en pleno mes de agosto para atender a 116 personas? Es muy dudoso, sumamente dudoso, que se haya podido aplicar con las garantías debidas”, añade la catedrática. “La legalidad de esta última devolución, por tanto, es cuestionable”.
La inquietud ante el “procedimiento acelerado” de devolución es compartida por la Conferencia Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Aunque supuestamente se encuentra bajo acuerdo de Marruecos, gestionar 116 casos en casi 24 horas impide la detección de ciertos perfiles vulnerables, ya sean posibles solicitantes de asilo, menores o víctimas de trata”.
“¿Por qué son ilegales las devoluciones efectuadas a Marruecos en el día de hoy?”, se ha preguntado este jueves a través de Twitter Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios. “Porque no se ha identificado a posibles solicitantes de protección internacional; porque no se garantiza la asistencia de intérpretes de lenguas africanas y por lo tanto el derecho a ser oído; porque Marruecos no es país seguro y no garantiza los derechos de las personas migrantes”, ha resumido la letrada experta en Extranjería.
Desde Amnistía Internacional aseguran haberse puesto en contacto con el Ministerio del Interior ante lo que consideran una “insólita operación de expulsión”. “Nos preocupan gravemente estas prácticas porque podrían suponer una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo”, han detallado en un comunicado.
“Debido a la celeridad con que se llevan a cabo, difícilmente pueden garantizar una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI”, ha declarado Esteban Beltrán, director de la ONG en España.
Según la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento de un proceso de expulsión o devolución con “todas las garantías” debe incluir, además de la asistencia letrada, de intérprete y la posibilidad de solicitar recurso, la “constancia escrita de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se ha verificado, mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación, las necesidades de protección internacional, que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos…”.
El acuerdo España-Marruecos de 1992, cuestionado
La operación, inusual hasta ahora, se ha efectuado tras la “reactivación” del acuerdo bilateral hispano-marroquí sellado en 1992 que, según el Ministerio del Interior, ha sido posible debido a las “buenas relaciones” gestadas entre ambos países.
A través del pacto bilateral, Marruecos se compromete a readmitir a los migrantes que llegasen a Ceuta y Melilla de forma irregular –fuesen marroquíes o no– siempre que se cumpliesen una serie de condiciones. “La solicitud de readmisión deberá ser presentada en los diez días posteriores a la entrada ilegal al territorio. En ella se hará constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, la documentación personal y a las condiciones de su entrada”, reza el artículo dos del acuerdo.
En el marco del tratado, España debe asegurar que los extranjeros readmitidos en Marruecos sean enviados “lo antes posible” a su país de origen o al Estado donde comenzaron su viaje, siempre y cuando los inmigrantes estén en situación irregular en el reino alauí.
Desde su rúbrica, el acuerdo se ha aplicado en contadas ocasiones. Aunque diferentes gobiernos han tratado de reactivarlo, el Gobierno marroquí se ha opuesto durante los últimos años por diversas razones, como su negativa a reconocer Ceuta y Melilla como ciudades españolas o su desconfianza ante la posibilidad de que las personas devueltas no hubiesen entrado de forma irregular a través de su frontera durante los días anteriores.
El pacto nunca logró la aprobación de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. La reconocida ONG lleva años alertando de que el acuerdo hispano-marroquí de 1992 “no incluye una serie de garantías de fondo y de procedimiento previstas por el derecho internacional en caso de transferencia de una persona de la jurisdicción de un Estado”.
El acuerdo, reitera Amnistía Internacional, no refleja como excepción “el principio de no devolución” por el que la legislación internacional impide la expulsión de personas a países cuya vida o integridad pueda correr peligro.
“Esta práctica conlleva el riesgo de que las personas devueltas por España, por tanto, sean expulsadas de manera ilegal, con el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en Marruecos, en sus países de origen o en los países donde hubieran comenzado su viaje”, alertan desde Amnistía Internacional.
En esta línea, la ONG ha solicitado al Gobierno la suspensión del acuerdo de readmisión hispano-marroquí en el que se enmarca la devolución de 116 migrantes “hasta que incluya salvaguardas de derechos humanos”. Para Amnistía Internacional, Marruecos no es un “país seguro”, atendiendo a los criterios recogidos en la Convención de Ginebra.
“Hay que recordar el creciente hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro”, denuncia Estrella Galán, secretaria general de CEAR. “Esta presión de las autoridades marroquíes impide que permanezcan en este país, por lo que precipitan su decisión de cruzar la frontera”, añade.
La falta de vías legales y seguras para llegar a Europa es otra de las preocupaciones que no dejan de repetir las ONG especializadas en asilo. Si los migrantes subsaharianos no encuentran mecanismos regulares para viajar a la UE y los caminos clandestinos son clausurados, la posibilidades de pedir protección internacional se desintegran, recuerdan.
“No es posible llegar a España para la mayoría de personas de origen subsahariano mediante vías legales: ni visados, ni solicitar asilo en Embajadas ni en consulados”, destaca Estrella Galán, secretaria general de CEAR. “Una política basada en la expulsión acelerada que no garantice en paralelo una entrada segura, sigue siendo una fórmula basada únicamente en el control de fronteras y no en la protección de las personas”, concluye.
