El pasado jueves Luz Edilia consiguió empezar a pasar página. Su mente pudo descansar tras conocer la sentencia que condena a 22 militares que participaron en el reclutamiento y asesinato de su hijo junto a otros dos jóvenes en 2008, algunos de los llamados “falsos positivos”. Está tranquila pero su lucha no acabará hasta que todas las madres de los ejecutados extrajudicialmente logren la calma que trae la justicia.
En septiembre de 2008 salió a la luz uno de los escándalos más sonados dentro del conflicto colombiano, a partir de la desaparición de 19 jóvenes de Soacha, un municipio al sur de Bogotá. Los chicos fueron engañados con falsas promesas de trabajo para acabar siendo asesinados por miembros del Ejército colombiano y presentados como guerrilleros “dados de baja” en combate.
Las madres de estos 19 jóvenes, conocidas como las Madres de Soacha, han estado luchando desde entonces para alcanzar la justicia pero, a día de hoy, sólo ha habido fallo condenatorio en seis de los 19 casos, los últimos el pasado jueves. El juzgado ha condenado a 22 militares, entre ellos un coronel ya sentenciado por otro caso de ejecución extrajudicial, un capitán, dos suboficiales y 18 soldados.
El 23 de marzo se conocerán los detalles del auto, en el que se especificarán las penas que deberán cumplir cada uno de ellos por los delitos de “desaparición forzada en circunstancias de agravación, homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir agravado con la finalidad de desaparición y falsedad ideológica en documento público”, según la Fiscalía.
“La verdad es que ni mis compañeras ni yo esperábamos el fallo por la dilatación que ha habido con este proceso”, admite Luz Edilia, madre de Jader Andrés Palacio, desaparecido el 23 de agosto de 2008. “Cuando me enteré de lo que le había pasado a mi hijo, fui a la Fiscalía a poner la denuncia porque ya se había descubierto que los estaban matando y enterrando en Ocaña” (Departamento de Norte de Santander), recuerda. Efectivamente, dos días después fue reportado como “caído en combate” y enterrado en una fosa común de la que lo sacó su hermano Diomar con sus propias manos dos semanas después.
En 2010, 17 militares implicados en la muerte de su hijo y otros cuatro jóvenes quedaron en libertad por vencimiento de términos y el 4 de octubre la audiencia fue aplazada por enfermedad de uno de los abogados de los militares. Luz Edilia asegura que, aunque el caso de su hijo ya tenga sentencia, va a seguir luchando junto al resto de madres con las que no se ha hecho justicia: “Hay que seguir adelante, porque hay varias que nunca han denunciado por miedo, hay que dar bulla”.
La CPI recopila nuevos posibles 'falsos positivos'
Los 19 jóvenes ejecutados extrajudicialmente fueron la punta del iceberg de una “práctica sistemática en todo el país cuyos picos se sitúan entre los años 2002 y 2008, pero que no ha cesado”, reconoce Carolina Daza, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Esta semana también se ha conocido el informe de actividad de 2016 de la Corte Penal Internacional que determina que continúan recopilando posibles nuevos casos. Durante este año “la Fiscalía continuó recibiendo información sobre presuntos crímenes, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas conocidos como casos de 'falsos positivos'”, reza el documento.
A lo largo del informe, la Fiscalía admite avances en la justicia colombiana respecto al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y asegura que hasta julio de 2016 la Fiscalía estaba investigando 2.241 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, con un total de 4.190 víctimas.
De todos ellos, según el documento de la CPI, hay 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las fuerzas armadas entre los que se encuentran “dos coroneles, dos tenientes coroneles, doce mayores, ocho capitanes y veintinueve tenientes”. El resto de los condenados son soldados rasos. “Lo que nos muestra este informe es que hace falta mucho camino para garantizar la justicia, la verdad de los hechos y por supuesto reparar a las víctimas”, señala Daza.
Quien aún sigue esperando a que se haga justicia es Blanca Monroy, madre de Julián Oviedo, cuyo proceso aún está en la fase de juicio oral por las continuas dilaciones por parte de los abogados de los militares. Julián se fue un 2 de marzo del 2008 engañado con una oferta de trabajo y nunca volvió.
Las que aún esperan justicia
“Al día siguiente a las cinco de la tarde yo sentí que él me llamó, empecé a buscarlo y salí a la calle, pero ahí no había nadie. En ese momento mi hijo ya estaba muerto, lo habían matado entre las dos y las tres del lunes 3 de marzo”. Pero ella no se enteró hasta seis meses después, tras haber estado vagando por hospitales, comisarías de policía, Medicina Legal y Fiscalía, donde llegaron a decirle que su hijo estaba “rumbeando, de fiesta con los amigos”.
“Una vecina me dijo que había escuchado rumores de que los chicos que estaban desapareciendo en Soacha estaban apareciendo muertos en Ocaña”, cuenta Blanca y otra vecina le confirmó que su hijo estaba entre ellos. Ninguna institución se puso en contacto con ella después de haber estado peregrinando por todos los organismos judiciales durante seis meses.
“Al día siguiente fui a Medicina Legal donde me dijeron que tenían un NN (persona en condición de no identificación) del mes de marzo pero que no tenían foto, que volviera el día siguiente”, recuerda Blanca. “Cuando regresé, sentí una punzada muy fuerte en el corazón y una mujer me dijo que en esas condiciones no me podía mostrar la foto de mi hijo”.
Lo primero que vio Blanca en la foto que le enseñaron fue el tatuaje de la balanza de libra que Julián tenía, el mismo que hoy lleva ella en su brazo izquierdo.
Luz Edilia y Blanca se reúnen los jueves en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá donde, junto con otras víctimas del conflicto participan en el Costurero de la Memoria, también llamado Kilómetros de Vida y Memoria. El proyecto consiste en, a través de la costura, reconstruir el tejido social y mostrar el largo camino que han tenido que vivir las víctimas que plasman en las telas sus vivencias o las de sus familiares asesinados.
Blanca no ha cosido la historia de Julián porque le duele demasiado, pero sí la de sus hermanos, uno asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otro desaparecido a manos de los paramilitares. Ahora está cosiendo una falda rosa con diferentes animales. “Este no es tanto de la memoria, pero le hace a una sentirse tranquila, porque al final con tanta memoria uno se vuelve loco”, apunta.
Implicaciones del nuevo acuerdo de paz
Con la llegada del nuevo acuerdo de paz con las FARC, los militares investigados por ejecuciones extrajudiciales podrían acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y ver reducida su condena si colaboran con la verdad plena y la reparación a las víctimas.
“Desde algunas organizaciones de Derechos Humanos, planteamos que casos como el de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales estén fuera de esta jurisdicción en tanto que implica un marco de guerra donde hay unas partes reconocidas”, señala Carolina Daza. Según asegura, en este caso “montó toda una pantomima para decir que hay un combate donde no lo hubo”, añade.
La práctica de las ejecuciones extrajudiciales se basó en el reclutamiento de jóvenes de barrios marginales, mendigos o drogadictos; para posteriormente asesinarlos y presentarlos como guerrilleros caídos en combate. De esta manera, aumentaban los índices de “productividad” de las diferentes brigadas y los uniformados eran premiados con dinero o vacaciones.
Daza asegura que “no todos los actores del conflicto son los mismos ni tienen la misma responsabilidad”. La abogada entiende que mientras la guerrilla y los paramilitares son grupos ilegales, los militares “son los encargados de garantizar que nuestros derechos humanos se materialicen y tiene mayor grado de reproche un acto cometido por alguien de la fuerza pública, por la naturaleza de la función que ejerce”, asegura.
Luz Edilia ya puede decir que su caso está entre los resueltos, Blanca, por su parte, asegura que seguirá luchando y tejiendo para el Costurero de la Memoria. Por lo pronto, el día 4 de diciembre se reunirán en la Plaza de Bolívar de Bogotá para envolver el Palacio de Justicia con sus telas impregnadas de memoria.