La victoria de los agricultores del delta del Níger contra la petrolera Shell: “Por fin algo de justicia”

El delta del río Níger es una de las mayores fuentes de 'oro negro' en África, pero su riqueza le ha salido cara a parte de la población nigeriana, que ha sufrido los vertidos y la contaminación durante decenas de años. Emadee Roberts Kpai, de 83 años, es agricultor de Kegbara Dere (Ogoniland), y su vida se divide en el “antes de que llegara [la petrolera] Shell” y el después, según relataba hace ya ocho años a Amnistía Internacional. “Ya no hay peces en el agua. Plantamos los cultivos; crecen, pero la cosecha es pobre”, contaba el anciano. Sus quejas, como las de tantos otros agricultores y organizaciones de derechos humanos, parecían caer siempre en saco roto. Hasta la semana pasada.

Tras 13 años de batalla jurídica, un tribunal holandés ha concluido en una sentencia histórica que la filial nigeriana de la multinacional anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell es la responsable de la contaminación causada por los vertidos de petróleo sobre las tierras de los agricultores de dos localidades del delta de Níger ocurridas entre los años 2006 y 2007. El combustible se extendió sobre una superficie de alrededor de 60 campos de fútbol, por lo que la compañía deberá indemnizar a tres de los cuatro campesinos nigerianos demandantes.

Según el fallo, la filial de Shell actuó ilegalmente al permitir que se produjeran las fugas y al no limpiar la zona contaminada. El tribunal no ha considerado responsable a la empresa matriz, aunque sí se le exige la instalación de sistemas de detección para evitar futuros derrames. El caso del cuarto demandante sobre la fuga de combustible producida en otra de las localidades afectadas (Ikot Ada Udo) sigue en curso, porque el tribunal quiere conocer más detalles sobre el impacto del petróleo vertido. La denuncia fue llevada a los tribunales en 2008 por cuatro agricultores nigerianos, con el apoyo de la delegación holandesa del grupo ecologista Amigos de la Tierra. Argumentaron que los vertidos de petróleo de 2006 y 2007 habían arruinado el sustento de los trabajadores al contaminar las tierras agrícolas y los estanques de los que dependen. Durante la batalla jurídica, dos de los cuatro agricultores ya han fallecido.

“Por fin hay algo de justicia para el pueblo nigeriano que sufre las consecuencias del petróleo de Shell”, ha respondido Eric Dooh, de la localidad de Goi, uno de los cuatro demandantes nigerianos. Él no fue quien inició esta batalla legal, sino su padre, quien no pudo llegar a conocer su victoria en los tribunales. “Es agridulce, ya que dos de los demandantes, incluido mi padre, no vivieron para ver el final de este juicio”, lamenta el campesino. “Pero este veredicto trae esperanza para el futuro de la gente del Delta del Níger”.

Los vertidos de la filial de Shell impactaron en la vida de la familia de Eric Dooh y sus vecinos. “Shell contaminó con impunidad y destruyó nuestro sustento. Tras varios años de ocurridos los derrames, aún podemos ver y oler el petróleo, y en algunas comunidades la mitad de la población sufre afecciones respiratorias”, contaba el nigeriano hace ya casi 10 años en un testimonio recogido por Amigos de la Tierra Internacional. Alai Efanga, otro de los demandantes, describía también describía entonces las consecuencias de las fugas: “Desde que ocurrió el derrame he perdido la mayor parte de mis ingresos. Ahora vivimos al día: a veces voy al monte a proveerme de lo necesario, otras veces la empresa me da un día de trabajo por 500 Nairas (3 euros)”.

“Lloramos de felicidad. Después de 13 años, hemos ganado”, escribió en Twitter el grupo ecologista tras conocerse la sentencia. Es el primer caso que consigue que una empresa holandesa sea considerada responsable de las acciones de su filial extranjera. “Se trata de una sentencia histórica”, ha declarado Cristina Alonso responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. “Esperamos que sea tan solo la primera de muchas para acabar con la impunidad de las empresas en las violaciones derechos humanos y en la destrucción medioambiental de sus acciones”.

Un estudio de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) mostró de manera detallada la polución de la zona. La investigación detectó, entre otras deficiencias, un subsuelo “severamente contaminado” y niveles de hidrocarburo en el agua utilizada para beber que suponían una “seria amenaza” para al menos diez comunidades ogoni (como se conoce al pueblo autóctono). La PNUMA señaló a varios responsables de las agresiones medioambientales, entre ellos, el gobierno nigeriano y las compañías explotadoras de las refinerías de petróleo, entre las que destaca Shell a través de su entidad britanico-holandesa SPDC (Shell Petroleum Development Company of Nigeria).

La posición de Shell

Esta sentencia anula la decisión del Tribunal de Distrito de La Haya de 2013 que concluyó que la subsidiaria de Shell en el país africano debía pagar a uno de los cuatro agricultores demandantes una indemnización por uno de los derrames, pero que la empresa matriz de Shell en los Países Bajos no podía ser considerada responsable en un tribunal holandés por las acciones de su filial nigeriana. Tanto la empresa como los agricultores apelaron esta decisión. En el caso de Shell, la compañía argumentó que ni ella ni su subsidiaria eran responsables porque las fugas eran resultado de actos delictivos, ligados al intento de robo de petróleo, pero no provocada por un deficiente mantenimiento.

En un comunicado recogido por AP, la multinacional dijo que estaba “decepcionada” con el veredicto. La compañía asegura que los vertidos se produjeron por daños deliberados contra sus instalaciones. “El sabotaje, el robo de crudo y el refinado ilegal son un reto importante en el Delta del Níger”, dijo la compañía, que aseguró que en 2019 alrededor del 95% de los incidentes de vertidos se debieron a “este tipo de actos delictivos” y que “independientemente de la causa” han limpiado y arreglado los desperfectos.

Sobre estos argumentos, el tribunal dijo que Shell no había demostrado “más allá de toda duda razonable” que los saqueos produjesen las fugas que afectaron a los pueblos de Goi y Oruma, en lugar de un mal mantenimiento. “Esto hace que Shell Nigeria sea responsable de los daños causados por las fugas” en estas zonas, dijo. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo holandés.

La falta de una ley europea para juzgar la acción de empresas en el extranjero

Nigeria es el décimo país del mundo con mayores reservas de petróleo, la mayoría concentradas en el delta del río Níger, una de las mayores fuentes de petróleo en África. También es uno de los lugares más contaminados del planeta, según Amnistía Internacional. Durante muchos años, se ha acusado a Shell de ser responsable de la contaminación de la región a través de los derrames de las prospecciones petrolíferas, pero la empresa siempre lo ha negado. Desde 2011, Shell ha informado de 1.010 vertidos con un total 17,5 millones de litros, lo que equivale a siete piscinas olímpicas. Amnistía Internacional sostiene que “la realidad podría ser aún peor” porque, de acuerdo con su investigación, las empresas calculan a la baja el volumen real.

Víctor Barro, responsable de Justicia Económica de Amigos de la Tierra, ha afirmado que la sentencia “deja en evidencia la necesidad de una ley europea fuerte y vinculante que permita juzgar a las empresas europeas que causan devastación fuera de las fronteras de la Unión Europea”. “Es importante que podamos juzgar no solo a las empresas filiales sino también a las empresas matrices y que podamos hacerlo en un juzgado europeo donde las personas víctimas encuentren la justicia que muchas veces no pueden hallar en sus países”, ha argumentado Barro.

“Después de años de litigios por fin hay justicia para muchos de mis clientes, sólo que el caso de Ikot Ada Udo sigue en curso. No sólo Shell es responsable del vertido de petróleo y mis clientes obtendrán lo que les corresponde, este caso también demuestra que las empresas europeas deben comportarse de forma responsable en el extranjero”, ha concluido la abogada de los denunciantes.