En el transcurso de una semana, a la fotoperiodista Ariana Drehsler la pararon para inspeccionarla en tres ocasiones distintas cuando cruzó la frontera de Estados Unidos con México mientras cubría la caravana de migrantes. No se percató de que el viaje que había hecho en muchas otras ocasiones ahora era más complicado porque su nombre había sido incluido en una base de datos secreta del Gobierno de Estados Unidos.
Según documentos filtrados obtenidos por NBC 7, la base de datos, que forma parte de la llamada Operación Línea Segura, incluye los nombres de 59 activistas y periodistas relacionados con la caravana de migrantes.
“Me limito a observar, y de hecho soy bastante tímida, no sé qué puedo haber hecho para que me hayan incluido en una lista de vigilancia”, explica Drehsler, una fotoperiodista freelance que vive en San Diego. Drehsler se encuentra en la clasificación de “medio de comunicación/periodista”, junto a otros grupos identificados como “instigador” y “organizador”. Su fotografía en la base de datos, como las de otras personas de la lista, está marcada con una X verde brillante para indicar que su pasaporte activará una alerta. Según NBC 7, la base de datos incluye un expediente de cada persona.
La existencia de esta base de datos, así como la detención de más de 37 activistas por los derechos de los migrantes por parte de la administración de Donald Trump, ha despertado la alarma de defensores de los grupos que defienden los derechos civiles y de miembros del Congreso. Lo consideran una medida represiva contra los medios de comunicación y los activistas, en un contexto en el que Trump se esfuerza por todos los medios en construir un muro entre Estados Unidos y México.
“Nunca había visto este tipo de ataques sistemáticos contra periodistas y activistas”, afirma Esha Bhandari, una abogada de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU). “Creo que es muy preocupante, muy perturbador”.
Bhandari cree que existe un vínculo entre la base de datos y las detenciones de activistas por parte de la administración Trump. En su opinión, esto podría tener un efecto muy negativo para todos aquellos que ejercen su derecho a la libertad de expresión.
“En la práctica esto significa que van a suprimir o censurar los debates en torno a los derechos de los migrantes o sobre el trato a los migrantes y a los solicitantes de asilo, porque las personas que son críticas con el Gobierno van a ser perseguidas y se les pondrá cortapisas o directamente se las castigará”, avanza Bhandari.
La administración Trump ha impulsado medidas muy agresivas para frenar la inmigración, tanto regular como irregular. Algunas de estas medidas permiten que el Gobierno lo tenga más fácil a la hora de justificar detenciones o deportaciones de activistas.
Más margen de maniobra para Trump
Tan pronto como llegó a la Casa Blanca, Trump optó por alejarse del criterio que hasta ese momento seguían los agentes de inmigración, que priorizaban las deportaciones de inmigrantes indocumentados que habían sido condenados por delitos graves, representaban una amenaza para la seguridad nacional o que habían llegado recientemente. La Fiscalía pasó a decidir el destino de los inmigrantes que habían vivido en Estados Unidos durante décadas o que tenían lazos familiares o un fuerte arraigo en el país.
El martes, el Tribunal Supremo dio más margen de maniobra a Trump, al dictaminar que las autoridades federales pueden detener de forma indefinida a inmigrantes con antecedentes penales, incluso cuando ya han cumplido condena por sus delitos. A partir de ahora, 10,7 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia o visado serán más vulnerables frente a una deportación. El destacado activista de Nueva York Ravi Ragbir también forma parte de este grupo.
Ragbir, director ejecutivo de la New Sanctuary Coalition [una entidad que lucha contra las deportaciones de inmigrantes], llevaba 23 años en Estados Unidos cuando fue arrestado durante un registro rutinario de la Agencia de Inmigración y Aduanas de 2018. El Gobierno lo envió a Florida con la intención de deportarlo a su país natal, Trinidad y Tobago, pero su detención provocó protestas y finalmente fue liberado por un juez.
En declaraciones realizadas frente al edificio federal Jacob K Javits, sede de las oficinas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas en Nueva York, Ragbir indicó que la posibilidad de ser deportado no le impedirá expresar su opinión.
“Simplemente, te genera una gran inquietud e inseguridad saber que el Gobierno te controla”, afirma. “Pero no puedo permitir que esto me paralice… si van a intentar expulsarme es mejor que luche con todas mis fuerzas mientras pueda hacerlo”.
Ragbir hizo estas declaraciones en un mitin que ayudó a organizar en la entrada de la oficina de la Agencia de Inmigración y Aduanas para defender la liberación del inmigrante gambiano Baba Sillah, quien, al igual que Ragbir, fue detenido en un registro rutinario.
Ragbir puede permanecer en Estados Unidos mientras impulsa una demanda que afirma que su arresto vulneró la primera enmienda de la Constitución del país. Es uno de varios activistas que han optado por demandar a las autoridades como estrategia para luchar contra lo que ellos consideran una represalia.
En octubre de 2018, una coalición de tres grupos de activistas de Washington presentó una demanda en la que afirma que, con los arrestos, la Agencia de Inmigración y Aduanas busca vengarse. Un mes más tarde, el grupo de Vermont Migrant Justice (Justicia para los Migrantes), que defiende los derechos de los trabajadores migrantes del sector agrícola, presentó una demanda en la que afirma que el Gobierno tomó represalias contra sus miembros a través de una operación de varios años que incluyó el uso de alguien que los delató.
Will Lambek, un activista de Migrant Justice, señala que entre 2016 y 2018 la Agencia de Inmigración y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) arrestó y detuvo a al menos a 20 de sus miembros.
Lambek cree que es más que notorio que los activistas que expresan su opinión corren más riesgos pero precisa que el riesgo es mayor si optan por quedarse callados. “Con el Gobierno actual, no existe una auténtica ciudad santuario o una autentica seguridad jurídica”, indica Lambek.
La inquietud por estas represalias es lo suficientemente grave como para que los miembros del Congreso hayan decidido intervenir. En enero de 2018, los demócratas de Nueva York escribieron a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, solicitando una reunión y más información sobre los arrestos de activistas, incluyendo a Ragbir y a la activista de Washington Maru Mora-Villalpando.
Después de que la Operación Línea Segura saliera a la luz, dos senadores estadounidenses, Chuck Grassley, republicano de Iowa, y Ron Wyden, demócrata de Oregón, solicitaron al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos información más detallada sobre por qué la base de datos de la Operación Línea Segura incluye los nombres de siete periodistas.
“Salvo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tenga motivo para creer que estas personas estaban incitando a la violencia o al conflicto físico, es muy preocupante que se estén siguiendo los pasos de periodistas estadounidenses que cubren la frontera”, señalaron.
Por otra parte, este mes el comité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes escribió una carta al director interino de la Agencia de Inmigración y control de Aduanas, Ronald Vitiello, solicitando más información sobre una hoja de cálculo obtenida por The Nation que enumeraba las protestas planeadas por grupos en la ciudad de Nueva York, incluyendo la Coalición para el Nuevo Santuario de Ragbir.
“La hoja de cálculo plantea preguntas importantes sobre el posible abuso de autoridad de la Agencia y requiere una mayor supervisión para asegurar que los derechos legales y constitucionales de los estadounidenses estén protegidos”, dice la carta.
Un portavoz de la Agencia ha indicado que la hoja de cálculo fue creada para que los agentes que llevan a cabo Investigaciones de Seguridad Nacional tuvieran un mejor “conocimiento de la situación” y ha afirmado que “respeta plenamente el derecho de todas las personas a expresar sus opiniones sin interferencias”. También ha puntualizado que la Agencia no persigue a aquellos activistas que se han mostrado críticos con sus acciones.
“Cualquier insinuación en sentido contrario es irresponsable, especulativa e inexacta. La Agencia se centra en aquellas personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, afirmó la agencia en declaraciones al diario The Guardian.
En respuesta a las preguntas sobre la Operación Línea Segura, Andrew Meehan, Comisionado Adjunto de Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha señalado que la Agencia identificó a personas que podrían tener información relacionada con unos ataques contra sus agentes en noviembre y enero. “Protección Fronteriza no tiene la intención de controlar el trabajo o los reportajes de estos periodistas”, ha afirmado Meehan.
La agencia también ha indicado que inició una investigación interna en febrero para asegurarse de que “se siguen todas las políticas y buenas prácticas apropiadas”.
Los periodistas y activistas no se amedrentan
A pesar de las terribles consecuencias que podrían tener medidas como esta, los periodistas y activistas que aparecen en la base de datos han afirmado que no permitirán que estas amenazas, explicitas o implícitas, frenen su labor.
Una de las cuatro demandantes nombradas en la demanda de Migrant Justice, Zully Palacios, ha afirmado que el arresto no hizo más que reforzar su activismo. En marzo de 2017, Palacios fue detenida durante 11 días. Lo recuerda como una experiencia horrible porque las celdas estaban frías y fue mantenida temporalmente en confinamiento solitario. Sin embargo, el apoyo que recibió la hizo más fuerte. “Me di cuenta de que debía seguir hablando para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé”, explica.
Drehsler, que ya no lleva su ordenador portátil cuando cruza la frontera, también quiso dejar muy claro que aunque los controles puedan resultarle molestos seguirá haciendo su trabajo como fotoperiodista: “No tengo nada que ocultar”.