Los 1.340 kilómetros de frontera que separan Finlandia de Rusia se han convertido en el último año en un nuevo foco de tensión migratoria en los confines de la Unión Europea. Solamente el pasado mes de noviembre, los puestos fronterizos del este del país nórdico registraron 900 solicitudes de asilo, una cifra 30 veces mayor de lo habitual. Desde Finlandia se acusa a Rusia de “instrumentalizar a los inmigrantes”, facilitando su llegada a una frontera que, sin la permisividad de Moscú, sería improbable que pudieran alcanzar, según denuncian las autoridades finlandesas.
La reacción del Ejecutivo de Helsinki fue el cierre completo de los pasos en la frontera, desde el mes de diciembre hasta hoy. Pero esta medida no era suficiente y el Gobierno finlandés ha ido más allá con la aprobación de una ley que permitirá bloquear temporalmente la entrada de solicitantes de asilo y devolverlos a territorio ruso, sin que los solicitantes tengan derecho de apelación. Según han alertado varios expertos y organismos internacionales, la ley supone un recorte de derechos fundamentales y contraviene los tratados internacionales para la acogida de personas refugiadas, además de que establece un peligroso precedente en Europa.
Legalizar las deportaciones en caliente
La polémica “ley de deportación”, tal y como la llaman los medios de comunicación finlandeses, fue aprobada este viernes por el Parlamento. Debido a que ha sido tramitada por la vía de “excepcionalidad”, según la Constitución del país, requería del apoyo de una mayoría de cinco sextos de los diputados. Esto implicaba que, para que pudiera salir adelante, parte de la oposición, además del Gobierno, tenía que votar a favor de la norma. Finalmente, la propuesta impulsada por el Ejecutivo formado por una coalición de los conservadores y la ultraderecha se aprobó tras un tenso debate, por 167 votos a favor y 31 en contra.
Helsinki ha admitido que la propuesta de ley contradice en algunos puntos la propia Constitución, así como al derecho de la UE y los acuerdos internacionales ratificados por Finlandia. Sin embargo, el primer ministro, Petteri Orpo, insistió en que son necesarias nuevas herramientas para combatir la “inmigración instrumentalizada” por Rusia para desestabilizar la frontera con Finlandia. En ese sentido, Orpo afirmó que el país “tiene que lograr un equilibrio entre la seguridad nacional, la seguridad fronteriza, los acuerdos internacionales y los derechos humanos”. Por su parte, la ministra de Interior, Mari Rantanen, ha subrayado que la medida será temporal –tendrá vigencia de un año– y la justificó de la siguiente forma: “Hay cientos o incluso miles de solicitantes de asilo esperando en el lado ruso a cruzar la frontera, así que la situación no ha cambiado en los últimos meses, al menos no a mejor”.
Cuando la ley entre en vigor, permitirá reabrir los puestos fronterizos de Finlandia con Rusia al tráfico de personas con visado y, al mismo tiempo, impedir la entrada al país a los solicitantes de asilo. La norma prevé excepciones, ya que podrán pedir asilo político internacional los niños, las personas que sufran alguna discapacidad y los individuos especialmente vulnerables que estén en peligro de “persecución, pena de muerte o tortura”, según consta en el texto. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos de la medida es que la ley otorgará a la Guardia Fronteriza el cometido de establecer el nivel de “vulnerabilidad” de los solicitantes de asilo, algo que no siempre es fácil de determinar y que los mismos sindicatos del cuerpo han puesto en duda que los guardias tengan la capacidad y la potestad para hacerlo. Otro de los aspectos polémicos es que la ley no da lugar a que los solicitantes de asilo puedan recurrir la decisión en caso de que su solicitud de protección internacional sea rechazada. Además, también prevé que la Guardia Fronteriza pueda utilizar la fuerza para impedir que los refugiados se acerquen a la frontera.
Críticas por establecer un peligroso precedente
Según una encuesta reciente del periódico Helsingin Sanomat, la ley cuenta con el respaldo de la mayoría de la población, ya que un 63% de los encuestados creen que violar las convenciones internacionales de refugiados es justificable en el caso de la frontera de Finlandia. Sin embargo, la medida también ha levantado las críticas de expertos locales que aseguran que “Finlandia no puede hacer excepciones a las obligaciones a las que se adhirió al ser miembro de la UE y de los tratados internacionales de acogida de refugiados”, según explicaba en la cadena pública YLE la jurista de la Universidad de Helsinki, Päivi Leino-Sandberg.
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, también ha señalado que la nueva norma sentará un precedente peligroso. Aunque ACNUR reconoce la desafiante posición geopolítica de Finlandia al compartir una frontera terrestre con Rusia, sin embargo, ha señalado que la ley viola las normas de los derechos humanos y de los refugiados. “Como hemos visto en varias fronteras europeas, los procedimientos de devolución ponen a las personas en riesgo, provocando con demasiada frecuencia lesiones graves o incluso la muerte”, dijo en un comunicado Philippe Leclerc, director de la Oficina Regional de ACNUR para Europa.
El calor empuja la aprobación de la ley
Otra de las instituciones que ha alertado a Finlandia es el Consejo de Europa (un organismo independiente de la UE). En una carta enviada el mes pasado por el comisario de Derechos Humanos, Michael O'Flaherty, al portavoz del Parlamento finlandés, el ultraderechista Jussi Halla-aho, se pedía que la ley no fuera aprobada porque “favorece las expulsiones colectivas de personas y no respeta el principio de no devolución de los solicitantes de asilo”. El comisario O'Flaherty indicaba que el hecho de que la Guardia Fronteriza evaluara la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo es “inadecuado” y conllevaría “el riesgo de que quedaran personas desprotegidas”. En la carta, también criticaba el hecho de que el Gobierno justificara la ley en gran medida “por motivos de seguridad nacional”: “Es una falacia suponer que la relación entre los derechos humanos y la seguridad nacional es un juego de suma cero. Más bien, las seguridades nacionales que respetan los derechos humanos son las más efectivas”, afirmaba O'Flaherty.
Con la llegada del final de la primavera y aprovechando los meses más cálidos en el norte de Europa, el Gobierno finlandés ha querido anticiparse a la posibilidad de que un gran número de solicitantes de asilo intente cruzar la frontera, como ya ocurrió el pasado otoño. En los meses anteriores, los migrantes llegaron hasta los remotos puntos situados en la Laponia finlandesa, a pesar de las gélidas temperaturas y de ir muy poco equipados para el frío, como revelaron varios testimonios publicados en los medios finlandeses.
Desde el pasado agosto, se han registrado 1.319 peticiones de asilo en la frontera oriental del país, a pesar de que el mayor flujo de llegadas se cortó por el cierre de los cruces fronterizos durante el invierno. Aun así, “la amenaza de una migración instrumentalizada en la frontera oriental de Finlandia sigue siendo alta”, afirmaba el Gobierno en un comunicado de prensa. Por otro lado, según expertos en el Kremlin consultados por la televisión pública finlandesa, desde Moscú se podría haber dejado, por el momento, de empujar a los inmigrantes hacia la frontera. Según los servicios de Inteligencia finlandeses, la migración instrumentalizada es un medio para que Rusia exprese su descontento con la adhesión del país nórdico a la OTAN.