La Fiscalía ha pedido este martes al Tribunal Supremo que confirme la condena del Gobierno por la devolución de varios menores de edad a Marruecos durante la crisis migratoria del verano de 2021. “No existe ningún tipo de garantía”, ha denunciado el fiscal Narváez a la sala de lo contencioso. Los abogados del Estado y de Ceuta han defendido que el proceso se hizo en plena “crisis diplomática” con Marruecos, han culpado a Rabat de no contestar nunca a este tipo de requerimientos sobre menores y defendiendo la legalidad de las repatriaciones: “No retornó ningún menor que se opusiera, los niños acabaron con sus familias”.
Todo el proceso judicial arrancó cuando varios menores de edad de nacionalidad marroquí demandaron ante la Justicia que la administración española les había devuelto a su país en 2021 sin ningún tipo de acompañamiento y sin saber en qué situación se encontraban. Entraron en Ceuta en mayo de ese año cuando Marruecos forzó una crisis migratoria con España, permitiendo que 8.000 personas cruzaran la frontera. Entre las miles de personas que fueron devuelta había menores de edad alojados durante meses en un polígono y un polideportivo hasta que fueron devueltos a Marruecos en agosto de 2021.
Ocho de estos menores denunciaron en los tribunales que mientras estuvieron en España no se tramitó ningún expediente para estudiar si estaban en situación de desamparo antes de su devolución. Se hizo, afirman, pasando por encima de los procedimientos establecidos en la normativa española: no se pidió un informe a Marruecos sobre las circunstancias de los menores, no se les informó a ellos sobre la decisión de devolverles a su país de origen, la Fiscalía no participó en el proceso, no se nombró un defensor judicial y nada fue notificado, así que ni siquiera se pudieron presentar recursos.
Este martes la sala de lo contencioso del Supremo ha acogido una vista para estudiar los recursos de la Abogacía del Estado y de la ciudad autónoma de Ceuta contra una de las sentencias que condenó al Gobierno por esta devolución de menores. El fiscal Antonio Narváez, recién incorporado después de ser magistrado del Supremo, ha sido contundenten al pedir que los jueces confirmen la condena del Estado: “No se ha producido ninguna garantía, ningún expediente, ni siquiera se ha identificado a las personas, no existe ningún tipo de garantía”, ha dicho.
“No es solamente que no se haya cumplido la ley española, sino que no se han cumplido las garantías de derechos fundamentales. Estamos hablando de colectivos vulnerables, menores en situación de desamparo”, ha criticado el fiscal Narváez. “Lamentándolo mucho, es una situación muy desagradable, entiende que lo que procede es una sentencia desestimatoria”, ha zanjado.
Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios que representa a estos menores, ha pedido desestimar los recursos y confirmar la condena del Estado, acusando a España de actuar por la vía de hecho a la hora de devolveles a Marruecos. “No hubo ni una sola resolución. No se respetaron las garantías”, ha denunciado ante la sala. Que Marruecos se encargara de la repatriación, como ha defendido la Abogacía del Estado, es “una cesión de jurisdicción intolerable” para la letrada.
La letrada ha acusado al Estado de aportar de forma sorpresiva en estas última fase documentos “ad hoc para este procedimiento” y que existió un “riesgo relevante” para los niños. “Se omitieron todas las cautelas y esto colocó a los niños en una situación de riesgo”, ha denunciado. A la salida del tribunal, la abogada de Coordinadora de Barrios ha lamentado que, a día de hoy, estos jóvenes sean mayores de edad.
“Siempre llegamos tarde en la protección de los niños, los procedimientos son lentos y a veces nos llevan a una Justicia melancólica”, explica Fernández Vicens. “Algunos de los niños han cumplido ya los 18 años, algunos volvieron a entrar a España y tienen sus permisos, trabajan, cotizan, pero lamentablemente otros siguen en Marruecos en situación de calle muy deplorable”.
El Estado defiende las devoluciones: “Había una crisis diplomática”
El representante de la Abogacía del Estado, además, ha defendido que sí existió un procedimiento administrativo que salvaguardó los derechos de los menores. “No hay vía de hecho”, ha dicho aunque ha reconocido que en el verano de 2021 era “imposible” aplicar todo el procedimiento legal, dadas las circunstancias “extraordinarias” que se dieron esos días. El Abogado del Estado ha cargado directamente contra Marruecos: “Había una retirada de embajadores y crisis diplomática, la embajadora de Marruecos cogió las maletas y se fue a su país. Me recuerda a cuando no hay una declaración de guerra pero hay guerra”, ha dicho.
Los menores, ha reconocido, “ya son mayores de edad a estas alturas”, y ninguno de ellos, a día de hoy, “ha manifestado ninguna queja, crítica o manifestación desfavorable” de su situación actual en Marruecos. Pero, según el representante del Estado, los derechos de los menores se respetaron: “No retornó ningún menor que se opusiera, todo el procedimiento es mediante un pacto entre Marruecos y España”.
El representante legal de la ciudad autónoma de Ceuta también ha apuntado a la falta de colaboración de Marruecos en estos procedimientos. “A día de hoy no se ha logado concluir un solo procedimiento de repatriación de un menor desde Ceuta a Marruecos, ni uno solo, por un motivo: porque Marruecos no ha atendido ni una sola vez una petición”. Esos días, además, la situación en la ciudad era de emergencia: “No estamos hablando de un problemilla de orden público, era una situacion previa al pillaje y con intervención del Ejército. Estamos ante una auténtica invasión”, ha dicho parafraseando a la Fiscalía. “Los niños acabaron con sus familias”.
Reproches a la actuación de España
Tanto un juzgado de Ceuta como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dieron la razón a los menores y declararon que la administración había actuado por vía de hecho, y sin darles por tanto ninguna opción a oponerse o al menos a informarse o poder recurrir algo. Las sentencias ordenado a la Delegación del Gobierno que “cesara en dicha actuación”, obligando a que adoptara las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados“.
Los jueces destacaron que la administración hizo “imposible” el seguimiento de la situación de estos menores y los puso en una “situación objetiva de riesto relevante para la integridad física o moral”. La entrada masiva de gente en 2021 a través de la frontera de Ceuta “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”, reprochó el TSJ andaluz.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo en marzo de 2023, cuando la sala de lo contencioso-administrativo decidió admitir a trámite el recurso de la ciudad autónoma y de la Abogacía del Estado, anunciando que serviría para sentar jurisprudencia: si el acuerdo firmado en 2007 entre Madrid y Rabat obliga o no a tramitar un expediente administrativo para devolve a un menor de edad, y si eso contraviene alguna ley española.