La Fiscalía pide a Interior la orden de devolución de los menores en Ceuta y que aclare cómo está garantizando sus derechos

La Fiscalía ya investiga oficialmente la operación puesta en marcha por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para devolver a Marruecos a decenas de niños y adolescentes que llevan meses en Ceuta desde el pasado mayo, cuando se produjo una salida masiva tolerada por las autoridades del reino alauí. Según ha podido comprobar eldiario.es, el Fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, ha remitido un oficio al Ministerio del Interior en el que solicita información sobre la orden dada por Marlaska, en virtud de un convenio con Marruecos, para devolver a niños y adolescentes en grupos sin contar con el aval de la Fiscalía, que exige la Ley de Extranjería. En esa comunicación, el fiscal del Supremo se dirige a la Secretaría de Estado de Seguridad que preside Rafael Pérez Ruiz para que informe sobre la orden dada por el ministro a la Delegación del Gobierno para que se procediera al retorno de los menores y además remita el procedimiento acordado para llevar a cabo el traslado de los niños y adolescentes.

En el oficio remitido al ministerio, el fiscal de menores se interesa por las “medidas adoptadas para garantizar el respeto de los menores, con indicación de si se ha incoado un expediente individual relativo a cada menor, si este ha sido oído en el mismo, y se ha comunicado cada expediente al fiscal y cualquiera otra cuestión que considere oportuno comunicar”. La solicitud de esa información es la prueba definitiva de que el operativo diseñado por Marlaska se hizo sin el preceptivo aval de la Fiscalía que exige la ley.

El artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social dice textualmente en su punto número 5: “La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos”.

Tanto las oenegés que trabajan con estos colectivos vulnerables como el Defensor del Pueblo han dado por hecho que el dispositivo iniciado este viernes y que ha continuado este sábado se ha saltado todos esos trámites y solo se sostiene por el convenio firmado con las autoridades de Marruecos. Aministía Internacional y Save the Children han solicitado la paralización de las devoluciones, pero este sábado, tal y como pudo comprobar elDiario.es se han producido nuevos traslados: otros 15 menores en furgonetas.

Agentes de Policía Nacional han accedido a primera hora de la mañana desde el polideportivo Santa Amelia hasta la frontera del Tarajal para proceder a su repatriación a Marruecos

El Ministerio del Interior mantiene así la hoja de ruta del programa pactado con las autoridades marroquíes para devolver a su país a lo largo de diez días a al menos 150 jóvenes, los que incluye el primer listado elaborado con criterios desconocidos y al que ha tenido acceso eldiario.es. 

Algunas de las advertencias a Marlaska llegan desde dentro del Consejo de Ministros. Por carta, su compañera de gabinete, Ione Belarra, responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, le ha recordado que Interior es el único responsable de estas decisiones que pueden tener consecuencias muy graves.

El operativo dice ampararse en el Acuerdo firmado en marzo de 2007 en Rabat “sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”, pacto que Marruecos jamás ha aceptado aplicar desde Ceuta y Melilla, territorios que considera propios.

Fuentes del Ejecutivo local han extraído en declaraciones a elDiario.es dos lecturas “políticas” muy “positivas” de lo acontecido durante los últimos días. Primero, que el Reino alauita “trata por primera vez a Ceuta como a cualquier otra parte del territorio español”. Segundo, que incluso se han establecido “contactos de alto nivel” con participación de las autoridades locales en relación con el país vecino.

El problema es que la operación se gestó al margen de la Fiscalía y del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad, encargado y responsable de los menores migrantes solos mientras se encuentren en territorio español. Ambas entidades deben, de forma preceptiva, según el Reglamento de la Ley de Extranjería, emitir informes individuales sobre cada menor repatriable, incluso con designación de un defensor judicial, antes de que la autoridad gubernativa decida sobre su retorno o permanencia en España.

La Fiscalía de Ceuta incoó el pasado miércoles diligencias de protección de menores tras conocer la celebración de una reunión “de alto nivel” en la frontera del Tarajal entre representantes de la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo local y las autoridades marroquíes para concretar las condiciones en las que se produciría la devolución de menores solos a su país apelando al acuerdo de 2007 que Rabat no había aceptado aplicar jamás en las ciudades autónomas, cuya españolidad niega.

Según conocedores de las gestiones realizadas, la Ciudad Autónoma ha asegurado al Ministerio Público que sólo se trató de “un encuentro informal” y de una “toma de contacto”. La Delegación ni siquiera ha contestado a pesar de que su titular, Salvadora Mateos, ya había asegurado el lunes que “en días” se vería con pruebas que las relaciones bilaterales vuelven a ser “muy buenas”.

La Unión Progresista de Fiscales se ha sumado este sábado a los reparos que ya ha expuesto el Defensor del Pueblo a las condiciones en las que se está ejecutando la devolución de los jóvenes, que debe someterse a “un procedimiento específico e individualizado” primando “siempre el interés superior del menor”. “Son niñas y niños, muchos de ellos en grave peligro, y nuestra obligación legal y moral es protegerles”, ha advertido en un comunicado.