Arbitrariedad en la selección de los menores devueltos, ausencia de estudio de la vulnerabilidad, falta de garantías, confianza ciega en las comunicaciones verbales de Marruecos e incumplimiento de cualquier tipo de procedimiento. El sumario de la investigación iniciada por la Fiscalía de Ceuta sobre las devoluciones de menores en agosto de 2021, que ha derivado en la apertura de un caso por un posible delito de prevaricación, evidencia la arbitrariedad y falta de control con la que actuaron el Gobierno de la ciudad y el Ejecutivo para retornar a los niños y adolescentes llegados durante la crisis migratoria de mayo del año pasado. Las declaraciones y documentación recopiladas apuntan también al Ministerio del Interior, que niega desde hace un año su participación en un operativo que no ha dejado de defender.
El caso, abierto en el Juzgado de instrucción número 2 de Ceuta tras la denuncia presentada por la Fiscalía, investiga por lo penal a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos; y la vicepresidenta de la ciudad, Maribel Deu, por un posible delito de prevaricación. Sus testimonios, recogidos por la Fiscalía de Ceuta, tratan de justificar la falta de procedimiento ante lo que consideran una situación de excepcionalidad con la que defienden la legalidad del operativo. Sin embargo, sus respuestas evidencian la falta de garantías que marcó todo el dispositivo. Las investigadas y varios cargos políticos llamados a testificar defendieron que las repatriaciones respetaron el bien superior del menor pero siempre en base a suposiciones y citan a ONG [Save The Children y Samu] como responsables de la realización de informes. Estas organizaciones, sin embargo, negaron haber tenido tiempo para efectuar los estudios individualizados necesarios para proteger a cualquier niño u adolescente antes de una repatriación.
De la documentación y testificales incluidas en el sumario se desprende que el Ministerio del Interior, a través de su Secretaría de Estado de Seguridad, era conocedor de los pasos seguidos con el objetivo de devolver a los menores migrantes sin aplicar el procedimiento establecido por la Ley de Extranjería. “En Madrid estaban al corriente de las reuniones periódicas. Le consta que la delegada del Gobierno informó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Presidencia”, recoge la transcripción de la comparecencia ante la Fiscalía del secretario general de la delegada del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou. El encargado de asesoramiento a la delegada investigada asegura tener “constancia de que la Secretaría de Estado [de Seguridad] estaba al corriente, la cual remitió comunicación por correo electrónico en la que decía que se hiciese efectivo el convenio de 2007”.
Instrucción sin firma
Se refiere a un correo electrónico enviado el 10 de agosto de 2021 por la secretaria del secretario de Estado de Seguridad a la Delegación del Gobierno de Ceuta. “Dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo”, rezaba el email, en referencia a una instrucción sin firma que activó de facto las repatriaciones de niños y adolescentes migrantes en base al acuerdo hispano-marroquí. El documento solicitaba la puesta en marcha del acuerdo de Marruecos de 2007, que hasta entonces no había sido aplicado, y que también obliga a cumplir con la legalidad vigente. “En base a ello, y por indicación del Ministerio de Interior, se ruega proceda a retornar a los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos”.
La falta de firma del documento que “rogó” el inicio de las repatriaciones sorprendió a algunos de los cargos políticos que han prestado declaración ante la Fiscalía. “No es habitual recibir correos que no estén firmados por nadie”, dijo el secretario de la delegada del Gobierno. Sin embargo, admite que “aun así no pidieron ningún tipo de aclaración, que no le corresponde a él pedirlas, porque no es el titular del órgano”. Kasrou sí “trasladó al jefe de gabinete que venía sin firma”. Según añade, aunque no había rúbrica en el documento, “no dudaron” de que el “origen de dicha comunicación” era “la Secretaría de Estado [de Seguridad]”.
Según consta en la denuncia de la Fiscalía, aquel correo electrónico fue respondido por la jefa del área de menores de Ceuta, la funcionaria que rechazó en todo momento el operativo de repatriación por no contemplar lo establecido por la Ley de Extranjería. En su reseña destaca la ausencia de rúbrica: “Se acusa recibo de su escrito, sin firma, recibido en el día de hoy. En el mismo se ruega a la Vicepresidenta Primera del Gobierno de Ceuta que proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos [referente a menores extranjeros no acompañados]”.
Advertencias ignoradas
En su contestación, la responsable del Servicio de Protección recordó que “el citado acuerdo exige que la situación de los menores no acompañados se gestione con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño”. La jefa del área de menores mencionó uno por uno todos los requisitos que debía cumplir el dispositivo de retorno para respetar la normativa. El Gobierno central y el local estaban, por tanto, advertidos de que el pacto hispano-marroquí también obligaba a cumplir la Ley de Extranjería, que incluye la necesidad de realizar informes individualizados y la vigilancia de la Fiscalía, entre otros requerimientos. Pero el dispositivo nunca cumplió con estas exigencias.
También la vicepresidenta ceutí, Maribel Deu, una de las investigadas, testificó que su departamento tenía contacto “todos los días” con el Gobierno central a través de la Vicepresidencia, Asuntos Sociales e Interior. Según destacó, su equipo tuvo reuniones directas con Interior. Según recalcó la delegada del Ejecutivo central, “la decisión de promover el acuerdo con Marruecos es del Gobierno de Madrid y aquí [en Ceuta] se decide cómo ejecutarlo”. Según la Ley de Extranjería, la competente para incoar los expedientes de repatriación que nunca se instruyeron es la delegada del Gobierno.
Informes que nadie vio
Sobre el estudio individualizado de la vulnerabilidad de los menores, la delegada del Gobierno en Ceuta sostiene que la Ciudad autónoma envió un listado de los chavales pero “no dictó resolución alguna acordando la devolución de los menores”. Los cargos políticos hablan de un supuesto análisis individualizado de la situación de los menores que “entienden” que se llevó a cabo, pero que ninguno vio ni constató. Hablan de conjeturas. Según explicó Mateos, “entendía que una ONG había hecho informes de no vulnerabilidad, por lo que entiende que se cumplen todos los requisitos”. La delegada “entiende” que cuando trasladan a “los menores a la frontera se han cumplido todos los requisitos por la ciudad”, incluye su declaración.
El secretario general de la Delegación menciona la misma suposición. “Recibieron varias comunicaciones de la ciudad autónoma de Ceuta en la que decían que los menores no eran vulnerables. Lo hizo por escrito el organismo que se encargaba de la tutela de dichos menores”, consta en su declaración. No obstante, la jefa del área de menores advirtió a la Fiscalía de que el Servicio de Protección no participó en el operativo de repatriación y avisó repetidamente de la falta de garantías de estas repatriaciones.
Los listados de los menores que repatriar fueron enviados por la vicepresidenta de la ciudad autónoma a la Delegación del Gobierno el día 12 de agosto. “Entendieron que los menores que iban a repatriar no eran vulnerables, que para eso una serie de servicios hicieron entrevistas a los menores”, dijo el secretario general. “Los informes de los menores nadie se los ha hecho llegar. Ellos presumían que lo había hecho el órgano competente encargado de garantizar que los menores no eran vulnerables”.
El único criterio que se tuvo en cuenta para realizar la selección de los chavales devueltos fue la edad, según se desprende de la comparecencia del director general de asuntos generales de la ciudad, Francisco Pérez Hita. La vicepresidenta de Ceuta ya había reconocido el año pasado que el método principal para determinar qué niños serían devueltos a Marruecos fue elegir a los “los que más se acerquen” a los 18 años porque “desde un punto de vista estadístico” tienen menos posibilidades de ser “vulnerables”. Pérez Hita, un ex militar, fue el encargado de “reorganizar por edad” las listas de los menores acogidos por la Fundación Samu para ordenar las expulsiones. Las ONG especializadas en infancia descartan que la edad sea una pauta válida para medir la vulnerabilidad de un menor.
Falta de informes de Marruecos
Nadie en la Delegación del Gobierno esperaba que Marruecos les enviase documentación alguna para garantizar las condiciones familiares o de acogida de los adolescentes. “En las reuniones, Marruecos puso de manifiesto que no estaban dispuestos a entregar ningún tipo de documentación”, declaró el secretario general de la delegada. En la misma línea declaró la delegada del Gobierno: “En ningún momento Marruecos envía comunicaciones a Ceuta, al no considerarla parte de España. Nunca contesta a ninguna solicitud”. Mateos destaca que tenía la “garantía verbal” del jefe de Gabinete de Rincón, una autoridad marroquí, de que los chavales serían trasladados a un centro de menores y, desde allí, buscarían a sus familiares. “Es persona muy respetable”, declaró la delegada, por lo que consideraba que no tiene “por qué dudar de él”.
La delegada añadió que llamó al cónsul de España en Tetuán para confirmar que el mencionado edificio “existía” y contaba con las condiciones adecuadas. Este se lo confirmó, dijo.
La reunión mantenida el 11 de marzo por autoridades marroquíes y españolas en la frontera del Tarajal es otro punto clave del sumario. En la cita, se confirmaron algunos de los detalles del dispositivo de repatriación. Solo una persona rechazó el plan y se negó a participar: la jefa del área de menores de Ceuta.
La declaración de su superior confirma que los representantes del Gobierno regional y la Delegación del Gobierno escucharon los reparos legales de la responsable del servicio de protección, que insistía en que el operativo incumplía la normativa española, europea e internacional. Decidieron seguir adelante con el plan. “consideró que las dudas jurídicas que se plantearon no eran trascendentes”, sostuvo Deu en su comparecencia.
El sumario deja constancia de su negativa. Como publicó elDiario.es, la jefa de menores de la ciudad envió al menos dos correos electrónicos a la Fiscalía para advertir de la irregularidad del operativo.