El gobernador de Florida, republicano ultraconservador y candidato presidencial, Ron DeSantis, cuenta con una baza que ninguno de sus adversarios en el partido puede utilizar: ha firmado la reforma migratoria más estricta de todo el país. A partir de este sábado, los migrantes en situación irregular sufrirán una persecución todavía mayor con nuevas limitaciones al acceso al empleo y a servicios públicos, entre otras medidas que prevé la entrada en vigor de la polémica ley 1718.
El paquete legislativo supone también la aprobación de 12 millones de dólares (unos 11 millones de euros) para crear un mecanismo para trasladar a inmigrantes sin papeles a otros lugares de Estados Unidos. DeSantis, que el año pasado ya envió a cientos de migrantes en autobuses a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Martha's Vineyard, en Massachusetts, asegura que Florida “no es un estado santuario para los inmigrantes”, por lo que los enviará a estados con una legislación migratoria más laxa.
En señal de protesta contra la nueva ley migratoria, este viernes ha llegado a la capital del estado, Tallahassee, una caravana de coches que salió de San Diego (California) el pasado 23 de junio y ha recorrido todos los estados fronterizos sumando a detractores de la ley. La ruta finaliza con una manifestación en el Capitolio estatal, cuyas dos cámaras de mayoría republicana aprobaron el paquete de medidas, que los críticos consideran “draconianas” y “profundamente injustas”.
Los organizadores de la marcha han llamado al boicot a la economía de Florida con el objetivo de “llamar la atención del pueblo norteamericano para que salga de su amnesia histórica”, en palabras de Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes. “Queremos decirles a nuestros hermanos inmigrantes que no están solos”, asegura en referencia a los cuatro millones de inmigrantes que viven en el estado, el 20,2% de la población.
Los hospitales deberán preguntar por el estatus migratorio
Entre otras medidas, la nueva legislación obligará a los hospitales que reciben el seguro de salud público (Medicaid) a preguntar por el estatus migratorio de todos sus pacientes antes de ofrecer un tratamiento. El objetivo, según el senador que ha redactado la ley, el republicano Blaise Ingoglia, es “la recolección de datos para calcular la cantidad de dólares que se gastan en cada hospital para dar servicio a inmigrantes indocumentados”.
A pesar de que el Gobierno del estado de Florida asegura que no va a negar los servicios de salud a los indocumentados, esto puede generar una sensación de indefensión y miedo a acudir a un hospital. Los sanitarios deberán proporcionar un formulario a cada paciente, cuyos datos recopilará de forma trimestral la Agencia para la Administración Sanitaria.
Numerosos profesionales de la salud del estado han rechazado frontalmente esta medida, argumentando que podría disuadir a las personas que se encuentran de manera irregular en Florida de buscar atención médica hasta que su estado de salud ponga en peligro su vida, lo que en última instancia aumentaría las visitas a urgencias y los costes sanitarios.
En una carta abierta firmada por 80 centros de salud, sostienen que “disuadir a cualquier segmento de la población de buscar atención médica no solo es peligroso y pone en peligro la vida de las personas, sino que afecta negativamente a la salud pública y socava nuestros esfuerzos para mejorar la salud de todos”. Estos hospitales señalan que Florida se enfrenta a una escasez generalizada de personal médico, como la mayoría de los estados, y argumentan que los requisitos administrativos de esta ley agravarán todavía más esta situación.
Criminalización de trabajadores sin papeles
La ley también obligará a las empresas de más de 25 empleados a verificar el estatus migratorio de cada trabajador por medio de un programa online. En caso de no hacerlo, se enfrentarán multas de 1.000 dólares (más de 900 euros) al día y, si hay reiteración, a la retirada de los permisos para operar, que supondrá el cierre de la empresa. Por su parte, los trabajadores que presenten documentación falsa se enfrentarán a un delito mayor que podría suponer una multa de 5.000 dólares (más de 4.500 euros) y cinco años de prisión.
Este programa, llamado E-Verify, consta de una base de datos que sirve para confirmar si alguien cumple los requisitos para trabajar en Estados Unidos. Ante el temor de la entrada en vigor de la nueva ley, miles de trabajadores indocumentados ya han abandonado sus puestos de trabajo y se han mudado a otros estados, según Americans for Immigrant Justice.
La norma ha generado gran preocupación entre los migrantes, pero también entre los empresarios, ya que Florida es un estado fuertemente dependiente de la mano de obra extranjera irregular. Se estima que unas 400.000 personas sin papeles trabajan en el estado, principalmente en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería, donde representan el 10% de la mano de obra. El Florida Policy Institute calcula que esta medida podría contraer el producto interior bruto del estado en 12.600 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros), un 1,1% anual.
Prohibido transportar a inmigrantes
Otra de las iniciativas que han generado polémica tiene que ver con el transporte de migrantes en situación irregular. La nueva ley contempla penas de cárcel de hasta 15 años de prisión a los individuos que con pleno conocimiento “oculten, alberguen, transporten o protejan” a personas que entraron ilegalmente en EEUU. Concretamente, las penas serán de cinco años de prisión y 5.000 dólares (unos 4.500 euros) si la persona migrante es mayor de edad, y de 15 años de cárcel y 10.000 dólares (unos 9.000 euros) si es menor de edad.
La ley califica esta práctica como “contrabando humano”, sin importar el motivo por el que se transporta a uno o más migrantes en el coche personal, ya sea por turismo, reuniones familiares o de negocios. El senador Ingoglia asegura que el objetivo es perseguir “el tráfico de personas que entran al estado metidas en camiones, en pésimas condiciones, transportados por mafias que buscan ganar dinero”. Sin embargo, afectará a todos los que transporten a personas sin papeles en su vehículo, sepan o no su estatus migratorio.
Asimismo, otra disposición de la ley invalidará los carnets de conducir y otros documentos emitidos en otros estados, que permiten conducir legalmente a inmigrantes en situación irregular.
DeSantis busca adelantar a Trump por la derecha
Con esta ley, que se suma al conjunto de medidas que entran en vigor este 1 de julio, DeSantis está tratando de convencer al electorado de que sus posiciones son más firmes que las de su adversario, Donald Trump. El expresidente, que lidera las encuestas en solitario, ha ampliado su ventaja a raíz de sus dos imputaciones con cargos penales: 34 cargos por falsificar documentos para sobornar a la actriz Stormy Daniels y 37 por la tenencia y retención de documentos clasificados.
Según las últimas encuestas, más del 50% de los republicanos se muestra dispuesto a votar a Trump frente al 25% a DeSantis y el 7% al tercer clasificado, el exvicepresidente Mike Pence. Desde que presentó su candidatura, el gobernador de Florida ha intensificado sus ataques contra Trump, al que ahora tacha de blando en asuntos como el derecho al aborto, las drogas o la inmigración.