Más de 300 abogados de un turno de oficio específico atienden a los ocupantes de las pateras que llegan al Puerto de Málaga. A cada desembarco, varios letrados son llamados para asistir a los migrantes, muchos solicitantes de asilo, protección internacional o víctimas de trata. Los abogados tienen un grupo de Whatsapp que les sirve para compartir resoluciones de los jueces y ofrecer y recibir consejos jurídicos. A veces, según dicen, “echa humo”.
La experiencia de los abogados malagueños ha sido reconocida por CEAR y del Defensor del Pueblo, y ahora va a ser replicada por el Colegio de Abogados de Cádiz. Esta organización ha permitido dar una respuesta jurídica más ajustada a los estándares mínimos en las llegadas de patera, en contraste con lo que sucede en otros puntos de la costa andaluza.
En el informe Frontera Sur 2018, publicado en febrero, CEAR denunciaba que en otros puntos de llegada como Motril, Algeciras y Almería, no se garantiza que los letrados se entrevisten con los migrantes antes de su declaración ante la Policía, que cita a los abogados para notificarles el acuerdo de devolución ya adoptado.
Según la ONG, en estos lugares tampoco se garantiza el derecho a una entrevista individual, sino que se realizan colectivamente y con presencia policial, y una vez firmada la orden de devolución. “Cuando algún letrado/a ha exigido hacer estas entrevistas individualmente, la policía se ha negado alegando no disponer de efectivos suficientes para garantizar la seguridad”, denuncia CEAR, que observa que prevalecen los intereses de seguridad sobre los derechos fundamentales de los extranjeros. Elena Muñoz, abogada de la entidad, explica la dificultad de identificar a posibles menores, víctimas de trata o solicitantes de asilo en esas condiciones.
“Cuando el número de llegadas aumentan estas dificultades se exacerban. Si no hay sitio para entrevistarte individualmente con diez personas, menos para 100”, comenta Muñoz: “Desde CEAR pedimos que haya un plan de acción y unos protocolos de colaboración uniformes para todos los desembarcos”.
Frente a estos problemas, acentuados por el actual incremento de llegadas, el Colegio de Abogados de Málaga ha establecido un modelo basado en dos patas: el funcionamiento ágil y desinstitucionalizado, de un lado, y la formación de los abogados, por otro. “La existencia de este turno de oficio específico se ha traducido, a diferencia de lo que sucede en Almería, en que en Málaga sí se formalicen peticiones de asilo”, expone como ejemplo el informe de CEAR.
El sistema ha mejorado la asistencia jurídica a los migrantes rescatados que llegan al Puerto de Málaga, en un año en el que se han duplicado las llegadas. Según los datos de Cruz Roja, del 1 de enero al 30 de julio de este año habían llegado al puerto de Málaga 2.187 rescatados, por los 924 que llegaron en el mismo periodo de 2017.
Cuando hay una llegada, la Policía lo comunica al colegio, que avisa a los abogados inscritos siguiendo el orden de la lista. Cada uno de ellos atiende a un máximo de 12 migrantes en cada llegada. Además, y resolver las dudas, y en el que los abogados están monitoreados por varios especialistas. Por ejemplo, en una de las pateras llegadas a Málaga el 24 de julio había una persona procedente de Comoras. ¿Cuál es la situación política de Comoras? ¿Hay algún motivo que justifique la petición de asilo?
El otro soporte del sistema es la formación. Al menos dos veces el año, el colegio organiza un curso para formar a los letrados en la asistencia a los migrantes que llegan en patera. “Son materias que requieren una formación específica”, explica Guillermo Jiménez, diputado del turno de oficio del colegio malagueño. “Entre los que llegan hay posibles solicitantes de asilo, menores, casos de trata… El abogado aquí es personal cuasi humanitario, porque no tiene sólo funciones propias de las guardias, sino que se realiza una labor de identificación”, añade Noemí Alarcón, experta en asilo y miembro del Grupo de Trabajo sobre migraciones del Consejo de Colegios de la Abogacía Europea. 310 abogados han recibido ya esa formación y se han apuntado a la lista del turno específico.
“Hacíamos entrevistas de pie y con el policía al lado”
El turno de pateras ha agilizado la atención y mejorado la formación, y es una herramienta efectiva ante las administraciones. Durante meses, los abogados malagueños atendieron a los migrantes a la intemperie, apenas minutos después de que desembarcaran. Luego se les dio un espacio en mitad de la sala de embarque a Melilla, con poca o ninguna garantía de discreción. Las navieras que operan la línea se quejaron y los propios abogados denunciaron que esas no eran condiciones válidas para prestar un asesoramiento jurídico a quien podía ser demandante de asilo o víctima de trata.
“Nos parecía criminal que unos llegasen a las 3 de la mañana, sin dormir no se sabe durante cuántas horas y que se le atendiera en la sala de embarque del melillero [el barco que une la ciudad autónoma con Málaga]”, comenta Guillermo Jiménez. “Hacíamos la entrevista de pie, a las 4 de la mañana, con el policía al lado y el traductor atendiendo a varias personas a la vez. Dijimos que eso no podía a ser”, resume Álvaro García, presidente de la subcomisión de Extranjería del colegio.
“Quiero una mesa, y estar cinco minutos con este señor, para saber si es menor, víctima de trata, de país en conflicto… A base de pelearnos con la policía y tener reuniones con los mandos, conseguimos hacerlo con más tranquilidad”.
Ahora atienden en el pabellón que hay en el interior de la comisaría de Policía de Málaga, horas después de que los migrantes hayan recibido la primera atención humanitaria.
Notificaciones tardías y falta de intérpretes
El colegio y subdelegación del Gobierno están ultimando un protocolo con las pautas de actuación ante llegadas como las de las últimas semanas. Los abogados siguen denunciando carencias y piden que las expulsiones se notifiquen a la vez al migrante y a su letrado. “A veces se les notifica un procedimiento y a nosotros nos lo dan diez o quince días después, que son días en los que el plazo ya está corriendo”, denuncia Álvaro García.
Otra de las demandas es mejorar el servicio de interpretación. “Con cuatro o cinco intérpretes no se puede”, protesta el abogado. A veces los propios migrantes los que traducen a sus compañeros de viaje, lo que ralentiza el proceso y entraña el riesgo de que se confíe la labor a quien puede tener interés o ser, incluso, un tratante. Pero no es sólo que falten intérpretes: hay quejas de la baja calidad de los servicios que presta la empresa contratada por la Junta de Andalucía. “El traductor-intérprete que está en un contexto humanitario debe tener una formación específica de qué lenguaje se utiliza”, explica Noemí Alarcón.
Además, algunos jueces en Málaga vienen negando que pueda recurrirse judicialmente las órdenes de expulsión sin la representación de un procurador. Según Noemí Alarcón, esto supone que si el migrante sigue su ruta migratoria el abogado se ve imposibilitado de recurrir judicialmente. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha corregido recientemente esta interpretación, por entender que se podría estar vulnerando el principio de igualdad.
Por último, en Málaga sigue faltando un lugar en el Puerto donde se preste una primera asistencia bajo techo. “Reivindicamos un sitio digno donde puedan estar, una zona portuaria donde se pueda atender como en otros puertos”, resalta Álvaro García. Hace dos años que las ONG y los abogados formularon esta petición al Puerto, a la subdelegación de Gobierno y a la Policía, y lo más que se ha conseguido son titulares de prensa que anuncian que ya se ha elegido el lugar. Aún se les atiende bajo carpas desmontables de Cruz Roja antes de trasladarlos a comisaría, y algunos periodistas gráficos siguen denunciando las dificultades para realizar su trabajo.
La experiencia del colegio de abogados de Málaga ha sido destacada por el Defensor del Pueblo. También por ONGs como Málaga Acoge o CEAR. “La existencia de este turno de oficio específico se ha traducido, a diferencia de lo que sucede en Almería, en que en Málaga sí se formalicen peticiones de asilo”, señalaba el informe Frontera Sur 2018 elaborado por CEAR. “Hemos evolucionado muchísimo desde cómo se trataba hace un año a cómo se hace ahora”, resume García. “Ya no nos miran mal cuando un cliente pide asilo y no le convencen para que se vayan a Francia”.
Tomas Bocek, representante especial del Consejo de Europa para las migraciones y el asilo, se entrevistó con los abogados malagueños para el próximo informe sobre el cumplimiento por España de sus obligaciones legales sobre refugiados. La experiencia, que acaba de cumplir un año, va a ser ahora replicada por el Colegio de Abogados de Cádiz, que el 1 de agosto puso en marcha un turno específico de pateras.